Necesitamos un cambio de ritmo

por Elena de la Peña

En el ecuador de la Década de Acción para la Seguridad Vial, es momento de reflexión y de acción en todo el mundo, en particular en América Latina. Casi todos los países reconocen que, si bien se han producido cambios en el ámbito institucional; legislativo; de control; de concienciación; de infraestructuras; etcétera, aún queda mucho camino por recorrer. Pese a los esfuerzos, las cifras de siniestralidad no bajan en la mayor parte de estos países, salvo algunas excepciones.

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Hay ejemplos muy positivos, como la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia o los pasos que se están dando en México para crear un organismo similar; el trabajo coordinado que se está haciendo en Paraguay; la actividad de las asociaciones de víctimas; la mejora de la seguridad del vehículo con la iniciativa Latincap; entre otros, muchos de ellos son el resultado de la colaboración conjunta entre Gobiernos y Bancos de Desarrollo, que están desempeñando un importante papel en la puesta en marcha de programas multidisciplinares de mejora de la seguridad vial.

¿Qué está fallando?

No se trata de una pregunta de fácil solución. Parte de la respuesta está, sin duda, en el nivel de compromiso de los Gobiernos con la seguridad vial, que puede traducirse en la consideración de la seguridad vial como una prioridad política de Estado, y, consecuentemente, en la disponibilidad de recursos, humanos y económicos, para implantar medidas realmente efectivas.

No basta con elaborar un Plan de Seguridad Vial, sino que es preciso asignar recursos y responsabilidades para garantizar la ejecución de las medidas incluidas en él.

No basta con leyes para mejorar el uso del cinturón de seguridad o el casco, sino que se necesitan recursos para garantizar el control del cumplimiento de las normas.

No basta con programas educativos de seguridad vial, sino que hay que garantizar recursos para su implantación en zonas urbanas y rurales, con los docentes capacitados para ello.

No basta con diseñar manuales de auditorías de seguridad vial, sino que se necesitan recursos para formar profesionales en los países que puedan implantarlas.

No basta con pedir a los jóvenes que se conciencien sobre el impacto del alcohol en la conducción, sino que se necesitan recursos para poner en marcha campañas dirigidas específicamente al público objetivo.

No basta con pedir a los ciudadanos que adquieran vehículos con mayores estándares de seguridad, sino que se necesitan recursos para motivar esas compras por medio de exenciones fiscales o programas específicos.

O se produce un cambio radical en el nivel de compromiso y asignación de recursos destinados a la seguridad vial en América Latina, o la tendencia no será fácil de cambiar; los accidentes y las víctimas seguirán aumentando, según vaya incrementándose la motorización de los países.

Por este motivo, en el IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV), celebrado en Cancún (México) en octubre de 2014, organizado por el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), se elaboró a modo de conclusión la “Declaración de Cancún”, que se ha hecho llegar a todos los países, en el deseo de que sirva como impulso para seguir trabajando en la mejora de la seguridad vial.

Se redactaba desde el convencimiento de que los cambios y mejoras acometidos no son suficientes para hacer frente a los ambiciosos retos establecidos, y que los esfuerzos, por tanto, deben incrementarse de manera significativa y sostenible en el tiempo. Asimismo, se reclamaba un nuevo impulso al tratamiento de la seguridad vial, con el objetivo de promover un cambio de ritmo que permita alcanzar las metas establecidas; cambio de ritmo que pasa por una implicación política, labor de liderazgo y coordinación, asignación de recursos humanos y económicos, redefinición de prioridades y recopilación, difusión y aplicación de buenas prácticas en materia de seguridad vial.

La Declaración continuaba con la formulación de una Hoja de Ruta, en la que se priorizaban aspectos sobre los que es necesario trabajar.

Se consideran inaplazables:

• La declaración de la seguridad vial como una política de Estado

• La promulgación de una Ley que permita la institucionalización real de la seguridad vial en los países que no la tengan, estableciendo entes responsables, programas de acción, recursos humanos, prioridades, objetivos definidos y presupuestos

• La creación de una Agencia u organismo líder similar que regule la seguridad vial en los países, con recursos, competencias suficientes, capacidad de actuación y respaldo político al más alto nivel

• La creación y el fortalecimiento de los sistemas de información de movilidad y seguridad vial, como indispensables para la toma de decisiones, con acceso público

• La incorporación de las asociaciones de víctimas, organizaciones civiles y los medios de comunicación en las políticas de seguridad vial, como canal fundamental para llegar a toda la ciudadanía, consiguiendo la máxima implicación de la sociedad

• El posicionamiento de la seguridad vial en el centro de las políticas de planificación, diseño, construcción, conservación y gestión de carreteras y vías urbanas

Se asume como urgente:

• Establecer los mecanismos que conduzcan a la profesionalización de una policía especializada en materia de tránsito dotada de la tecnología adecuada para el desempeño de su labor de vigilancia y control

• Diseñar un procedimiento sancionador adecuado que asegure el cumplimiento de las normas mediante la ejecución efectiva de las sanciones

• Promover, desde la planificación, políticas para garantizar la movilidad segura de todos los usuarios, en particular de los más vulnerables, entre los que destacan los peatones y los ciclistas

• Adoptar la norma de vehículos seguros de Naciones Unidas para permitir mejorar la seguridad vehicular, involucrando a los fabricantes en el compromiso del máximo nivel de seguridad para todas las unidades de la Región, como en otras partes del mundo

• Aplicar una política integral de movilidad segura para las motocicletas, considerando el creciente problema que supone su uso incontrolado

• Implantar sistemas seguros de transporte público

• Abordar el problema de la adecuación de la velocidad en las vías urbanas e interurbanas, estableciendo límites adecuados a las características y usos de las vías, así como a la composición del tránsito, y estableciendo procedimientos de control sistemático, preferiblemente con medios tecnológicos

• Controlar de manera efectiva el consumo de alcohol y drogas asociado a la conducción, generando marcos reguladores, procedimientos de control y sanción y políticas de educación y concienciación social que se hayan demostrado exitosas

• Aspirar a ratios del 100% en el uso del casco y del cinturón de seguridad entre los usuarios, para lo que es necesario establecer marcos normativos, asignar medios de control y difundir información y concienciación a los ciudadanos

• Adoptar y aplicar normativas para la generalización de los Sistemas de Retención Infantil en la región

• Promover la transferencia de conocimiento y buenas prácticas basadas en evidencias científicas entre los países de la comunidad de América Latina, el Caribe, España y Portugal, con el CISEV, junto con otras iniciativas, como máximo exponente de colaboración internacional

• Regular la obtención de los permisos de conducir, garantizando una formación y evaluación adecuadas y su expedición por parte de una única entidad o de acuerdo con criterios y procedimientos homogéneos

• Implementar programas de formación adecuados a cada nivel de responsabilidad de los distintos actores de la seguridad vial para la adecuada preparación de funcionarios públicos y privados

• Reforzar el Programa Mesoamericano de Seguridad Vial como ejemplo de la generación de fuertes alianzas multisectoriales para la seguridad vial, reconociendo el alto potencial para desarrollar nuevos enfoques que maximizan el esfuerzo de colaboración.

Elena de la Peña Subdirectora General Técnica de la Asociación Española de la Carretera y Presidenta del Comité Científico Internacional del IV Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial. Es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, es actualmente Subdirectora General Técnica de la Asociación Española de la Carretera y Coordinadora Técnica del Instituto Vial Iberoamericano. Con una larga trayectoria en investigación y formación en materia de seguridad vial, ha trabajado en numerosos proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial en América Latina. En 2014 fue la Presidenta del Comité Científico Internacional del IV Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial, celebrado en México, que reunió a más de 500 expertos de toda la región.