Como parte de las actividades de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Minería, en su edición 45, se presentó el libro Índice de los derechos de la niñez 2022, de Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano. El texto nos coloca frente a una realidad ingrata: somos un país incapaz de cumplir los derechos de las niñas y los niños, y ni siquiera tenemos una discusión nacional seria sobre las medidas que debemos adoptar para aplicar el principio constitucional que establece el interés superior de la niñez.
Escrito por: Enrique Provencio D.
El subtítulo del libro, Cinco años de incumplimiento de derechos, apunta de forma directa a su tema y propósito central, que es explorar los avances o los retrocesos que se registran en los diferentes componentes que definen los derechos de la niñez. Para presentar un panorama de conjunto, los autores elaboran un índice general que integra 34 variables de derecho a la vida y condiciones de supervivencia, acceso al bienestar, educación, habitabilidad, violencia, maltrato e identidad.
Esta es la segunda ocasión en que Fuentes y Arellano dan a conocer resultados de sus investigaciones en este tema, pues en 2018 publicaron su primera entrega, también en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Hacen ver que no se trata solo ni principalmente de cuantificar resultados y dar a conocer datos, sino de utilizarlos como llave de entrada para explorar la compleja realidad que subyace a los números, en muchos planos que configuran la manera en que como sociedad, gobiernos, instituciones, organizaciones, hogares y personas abordamos nuestras obligaciones con la niñez.
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Más allá del tópico de la infancia feliz, dicen los autores, “En realidad, en México hay mucha tristeza, maltrato, abandono y soledades que todos los días provocan dolor, sufrimiento y llanto a millones de integrantes de la población infantil en el país”. Esta conclusión la fundamentan en el seguimiento detallado de las variables que expresan los derechos de la niñez, y en su desglose por entidades federativas en el quinquenio que cubre el estudio. Hay un incumplimiento muy diferenciado según los temas que se tratan, pero en todos los casos se advierten las profundas brechas que existen entre los estados de la República.
Véase por ejemplo la dimensión de violencia, tratos crueles y degradantes: el índice para Yucatán alcanzó en 2020 un valor de 0.946 (donde el máximo es de 1), mientras que la Ciudad de México alcanza 0.348. En la tasa de homicidios de menores de 17 años, Colima llegó a 10.6 por cada 100,000 el mismo año, mientras Yucatán registró 0.3. Los índices ayudan a comparar, pero las magnitudes absolutas no deben ignorarse, nos recuerdan Fuentes y Arellano. En este mismo y lamentable caso, en el Estado de México el índice fue de 3.0, que significaron 943 víctimas, por ejemplo. Ya agregando el lapso entre 2016 y mediados de 2021, la información revela que perdieron la vida por lesiones intencionales 7,752 niñas, niños y adolescentes. Es una cruel realidad por donde se le vea y sean cuales sean las señales numéricas que se escojan. Y así ocurre con todos los demás indicadores.
El libro ofrece evidencias suficientes para llamarnos a la acción, a todos, pero en especial a las autoridades, con el fin de “convertir a México, con la celeridad que es necesaria, en un país de derechos, en el que ninguna niña o niño se quede atrás en las oportunidades y en el desarrollo de capacidades para acceder al desarrollo presente y, con ello, ampliar sus horizontes de libertades en la vida futura”. El primer paso es tener claro si estamos cumpliendo con las garantías para ejercer los derechos, y el libro documenta ampliamente los rezagos que tenemos.
No deja de ser una paradoja que en la política social de los años recientes, la infancia no sea el grupo prioritario para la protección social. La Constitución es tajante: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
Los principios rectores, derechos específicos, obligaciones de las autoridades, competencias de intervención y mecanismos, entre otros aspectos, están establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que incluye un sistema de protección integral que no pasa de ser una bonita fórmula que está muy lejos de funcionar como eso, como sistema. Hay muchos antecedentes y esfuerzos, pero, nos recuerda el libro, hasta ahora no hemos sido capaces de construir la trama institucional que nos permita concretar el interés superior de la niñez. Ahí quedan las evidencias documentadas para no perder de vista lo que debería colocarse con la prioridad más alta de nuestra agenda nacional.
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El libro Índice de los derechos de la niñez 2022. Cinco años de incumplimiento de derechos, puede descargarse en esta liga: http://132.248.170.14/publicaciones/51/IDN_2022.pdf
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