por Mario Luis Fuentes
De acuerdo con el CONEVAL, en México hay 20.7 millones de niñas, niños y adolescentes en pobreza; solo 19 de cada 100 de ellos son no pobres o no vulnerables; 2.47 millones trabajan, y de ellos, 1.33 millones lo hace en ocupaciones peligrosas; en 10.7 millones de hogares se tiene dificultades económicas para satisfacer sus necesidades alimentarias, y en 881 mil de esos hogares, algún menor ha dejado de comer todo un día, en los últimos tres meses.
Es posible que la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos sea una de las que, en mayor medida, reconocen y mandatan la garantía del mayor marco de derechos de la niñez a nivel mundial. Eso es, sin duda, un importante avance. Sin embargo, el gran problema que tenemos se encuentra en el hecho de que hay un muy alto grado de incumplimiento de esos derechos. Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Niña y el Niño. Al respecto, es importante destacar que dentro de dos años se cumplirán tres décadas desde que fue aprobada la Convención de los Derechos del Niño, por lo que debería llevarse a cabo un esfuerzo adicional de gran calado, para que México llegue a esa celebración en ruta de ser un país apropiado para la infancia. Un análisis somero respecto de lo que establece la Constitución, y la realidad que impera en el país, permite dimensionar la magnitud de la deuda que nuestro país mantiene respecto de la niñez. 1. El Artículo 1º Constitucional establece la obligación del Estado mexicano de garantizar de manera integral, interdependiente e indivisible los derechos de la población, y define que los derechos contenidos en los Tratados Internacionales de los que México forma parte del mandato de la propia Carta Magna. En esa lógica, puede sostenerse que México ha incumplido una y otra vez las responsabilidades adquiridas a través de esos instrumentos. 2. Con base en lo anterior es que debe interpretarse, por ejemplo, el último párrafo del mismo Artículo 1º de la Constitución, en el que se garantiza el derecho a la igualdad y la no discriminación. En ese rubro, las Encuestas y Estudios que ha presentado el CONAPRED muestran que las niñas, niños y adolescentes son de los grupos de población mayormente vulnerados. 3. El Artículo 3º de la Constitución establece el derecho a una educación de calidad. Sobre este particular hay diferentes indicadores de alarma: 1) de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares, 2017, en el 2016 había 2.66 millones de niñas, niños y adolescentes entre tres y 15 años de edad que no asisten a la escuela. A ellos deben agregarse los 4.25 millones de adolescentes entre 15 y 19 años que tampoco tienen la oportunidad de estar matriculados en las escuelas del país. 4. El Artículo 4º Constitucional establece que todas las medidas del Estado deben apegarse al cumplimiento del Principio del Interés Superior de la Niñez. Eso implica, por ejemplo, destinar hasta el máximo de los recursos disponibles para la garantía de los derechos de los niños. Sin embargo, hasta ahora, nunca se ha tenido un Presupuesto de Egresos de la Federación construido desde la perspectiva de los derechos de las niñas y los niños. Lo que es más, hoy nadie en el país puede decir con cierto nivel de precisión, cuánto se invierte anualmente en la niñez. 5. El propio Artículo 4º establece el derecho a la alimentación. A pesar de ello, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares documentó que en 2016 en 10.77 millones de hogares se tuvieron dificultades para satisfacer las necesidades alimentarias de los menores de 18 años, debido a la falta de recursos económicos. Asimismo, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENSANUT, medio camino), mostró que la prevalencia de obesidad y sobre peso en niñas y niños rebasa el 30%, y que la tendencia es creciente. 6. De igual forma, el Artículo 4º garantiza el derecho a la salud. Sin embargo, la Encuesta Intercensal 2015 documentó que entre las niñas, niños y adolescentes hay importantes niveles de no afiliación a instituciones de salud. En efecto, entre las niñas y niños de 0 a cuatro años el porcentaje es de 16.3% de no afiliación; entre quienes tienen de cinco a nueve es de 14.1%; en el grupo de 10 a 14 años es de 14.47%; mientras que en el grupo de 15 a 19 años es de 19.9 por ciento. 7. El mismo artículo establece que las niñas y niños deben tener garantizadas condiciones mínimas para un sano esparcimiento; aun cuando no hay un indicador que permita medir de manera directa el cumplimiento de este derecho, el relativo al trabajo doméstico no remunerado, así como del trabajo infantil, permiten dimensionar los rezagos. Así, de acuerdo con la Encuesta Intercensal, 2015, mientras que el 70% de las niñas de 12 a 14 años realiza trabajo doméstico no remunerado, entre los niños el porcentaje es de 50.4%; asimismo, entre las adolescentes de 15 a 17 años la proporción es de 78.1%, mientras que entre los hombres es de 52.13%. Esto tiene como correlato una mayor participación laboral de los niños, pues el Módulo de Trabajo Infantil muestra que en 2015 había 2.47 millones de niñas, niños y adolescentes en actividades laborales; entre ellos, 2.27 millones lo hacían en ocupaciones no permitidas por la ley, y de hecho, 1.33 millones lo hacían en ocupaciones peligrosas. 8. El Coneval documentó, mediante la Medición Multidimensional de la Pobreza, 2016, que el 51.1% de los menores de 18 años son pobres, es decir, 20.7 millones, una cifra apenas un millón por debajo de la registrada en 2010; según el Coneval, sólo 19 de cada 100 niñas, niños y adolescentes vive en “condiciones adecuadas de bienestar”. *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 21-noviembre-2017, p.18. /mexicosocial @MexicoSocial_
