NO ES CUESTION DE MANDATO, ES DE LEGALIDAD

 “¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?” , fue el compromiso de legalidad asumido por el Presidente  actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando dijo: “Si, protesto”.

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Esa protesta debe materializarse en acciones congruentes y legales con sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior se menciona, al considerar que para que una autoridad este legitimada debe existir una legislación que de paso a su nacimiento. En México en los artículos 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se retoma esta premisa cuando sostiene que  cada cuatro  años el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior y  los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo.

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Sabedores de que nuestra máxima ley, de donde emanan legislaciones secundarias es nuestra Carta Magna, se le debe total respeto y cumplimiento por su importancia y mayor jerarquía sobre las démas; al aceptarse este valor se acepta su imperio sobre uno mismo y su aplicación por parte de las autoridades. Lo contrario generaría un gobierno incongruente y desdibuja su papel como autoridad, quien debe velar siempre por el sentido de legalidad principalmente en el lugar donde se crean criterios, precedentes y jurisprudencias, pues sería impensable lo contrario.

Parte de nuestra memoria nacional, reside en la lucha contra  autoritarismos y por ampliaciones de mandatos,  como mencionaba Venustiano Carranza, “Nosotros representamos la legalidad durante la lucha armada, y actualmente somos los revolucionarios, no sólo de la Nación Mexicana, sino los revolucionarios de la América Latina, los revolucionarios del Universo.” Entoces actualmente se es revolucionario por tener este ideal de ser representante de la legalidad y quizá hasta un reto.

Este reto no es asumido por todos, pero quien dirige la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe dudar en asentirlo, por que además de ser buen servidor público se requiere ser congruente con el mismo origen del poder judicial, velar por el sentido de legalidad lejos de autoritarismos, imposiciones y madruguetes , como se hizo ver al artículo transitorio, con el que quedó aprobado el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, también establece que los consejeros de la Judicatura Federal nombrados por el Alto Tribunal, así como los designados por el Senado y el Presidente, terminarán su encargo hasta 2026. Por lo que se establece la ampliación por dos años de la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, terminando en 2024y no en 2022 como se menciona en la Constitución.

Lo anterior, genera una señal enviada de manera distorcionada a los estados y sus respectivos poderes judiciales en perpetuar mandatos, por que si lo dice la Suprema Corte debe ser correcto, soslayando que el ancla de la legalidad es la Constitución Mexicana reduciendo su valor en un documento de buenas intenciones por que contiene los principios y objetivos de la nación. Establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos.

El tema hoy, es la ampliación de mandato para dirigir nuestro máximo Tribunal pero no sabemos si mañana será otra apuesta por dar la espalda al Estado de Derecho aceptando arbitrariedades e ilegalidades, refiriendo a Martin Luther King consideraba que “una injusticia en cualquier parte, es una amenaza a la justicia de cualquier lugar”.

Una ampliación de mandato es una amenaza que no debemos asumir con tintes de legalidad, por que no lo es; por que no es un premio por fidelidad a un ideal o por comodidad para lograr imponer una razón generando un escenario endeble sobre pisos arbitrarios que desembocarían en una corrupción como retoma Klitgaard que es igual a monopolios más discrecionalidad menos rendición de cuentas (C = m + d – a). [2]

La discrecionalidad galopante no puede seguir a sus anchas, por que no es cuestión de mandato es de legalidad.

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• Doctorando en Derecho Procesal Penal “Juicios Orales” por el Centro de Estudios de Posgrado del Estado de Puebla
• Doctorando en Anticorrupción y sistema de Justicia.
• Maestra en Política Criminal por la Universidad de Salamanca, España
• Maestra en Derecho Procesal Penal “Juicios Orales” por el Centro de Estudios de Posgrado del Estado de Puebla
• Licenciatura en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
• Diplomado en Igualdad y Empoderamiento de la Mujer  por la Universidad de Salamanca, España
• Especialización en Ciencias Forenses y Criminalística sobre la prueba científica por el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica de la Republica de Nicaragua y la Universidad Autónoma de Chiriquí de la República de Panamá.
• Curso de Harvard Manager Mentor Plus

[2] Klitgaard, R. (1998). International Cooperation Against Corruption. Finance & Development.