por Juan Fernández L. (www.rimisp.org | jfernandez@rimisp.org)
En América Latina, la situación de inclusión económica de las juventudes debe ser objeto de preocupación, especialmente si ponemos el foco en un segmento usualmente invisibilizado: la juventud rural
Este 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la juventud, declarado por Naciones Unidas con el objetivo de mejorar la situación de los jóvenes y promover su desarrollo integral.
En América Latina aproximadamente el 20% total de la población es joven (entre 15 y 29 años), es decir, unos 140 millones de personas, de los cuales 31 millones vive en zonas rurales. Estas cifras representan un “bono demográfico”, pues significa la posibilidad de aprovechar un potencial de población activa que puede aportar al crecimiento económico y a la expansión de la creatividad de las sociedades. Sin embargo, esa ventana demográfica se va cerrando y el panorama actual exige actuar rápido, especialmente en cuanto a los jóvenes rurales.
Los niveles de pobreza de la juventud rural duplican e incluso triplican la proporción de jóvenes urbanos en esa situación. Si bien en los últimos años se ha avanzado de forma significativa en los niveles de educación formal de las juventudes latinoamericanas, las brechas territoriales siguen siendo importantes, particularmente en los niveles secundarios y terciarios. Asimismo, los jóvenes rurales enfrentan condiciones laborales desventajosas en relación a sus pares urbanos, con empleos más precarios, informales, con menor seguridad social, y mayores brechas de género y discriminación.
Es preocupante el gran porcentaje de jóvenes rurales que no se encuentra trabajando ni estudiando, cifra que es mayor en el caso de las mujeres jóvenes, asociado a la realización de actividades de cuidado y de trabajo familiar no remunerado, generalmente invisibilizado. A ello, se asocia también una mayor migración hacia las zonas urbanas en busca de mejores oportunidades.
Los jóvenes rurales de hoy son más educados que sus padres, están más conectados con el mundo (uso de nuevas tecnologías), tienen acceso a participar de actividades económicas agrícolas y no agrícolas y se mueven más fácilmente entre lo urbano y lo rural. Sin embargo, gozan de menos oportunidades de desarrollo que sus pares urbanos y enfrentan “cadenas limitantes”: experimentan mayor abandono escolar, menor acceso a educación superior, más embarazo adolescente y las reducidas oportunidades laborales que les ofrece su contexto no les permiten desplegar su potencial.
Los Estados deben comenzar por visibilizar y comprender mejor la situación y problemáticas de los jóvenes rurales, para generar estrategias e instrumentos pertinentes que contribuyan a su adecuada inclusión económica y social. Desde el FIDA (2014), la OIT (2015), FAO (2016) y la OCDE (2018) se están levantando recomendaciones para que existan más y mejores políticas de educación y capacitación, políticas de protección social y de mercado laboral, financiamiento y seguros para la inclusión, inversiones en actividades agroalimentarias productivas y ambientalmente sostenibles enraizadas en sistemas alimentarios inclusivos, se generen oportunidades económicas y empleos decentes en las zonas rurales, se vincule el desarrollo rural y urbano utilizando un enfoque territorial y se eleven las voces de la juventud rural en espacios de diálogo sobre políticas.
En esta convergencia de agendas, desde Rimisp, con apoyo de FIDA, desde los Grupos de Diálogo Rural (GDR) estamos promoviendo una mayor inclusión económica de la juventud rural a través de una mejor comprensión del fenómeno, de la generación de espacios inclusivos de diálogo de políticas y de la realización de propuestas a los gobiernos en Ecuador, Colombia, Perú y México.
Algunos ejemplos de avances a la fecha, son, en Ecuador, la propuesta de perfeccionamiento de las mallas curriculares del Bachillerato Técnico y la conformación de la Red Nacional de Jóvenes Emprendedores Rurales (RENAJER), impulsado junto con el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Manabí (GAD-Manabí); en Perú, la formulación de un conjunto de lineamientos estratégicos y operativos para lograr la inclusión económica de los jóvenes rurales en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social liderada por el MIDIS; y en Colombia, la propuesta de lineamientos de política para la juventud rural en los ámbitos de educación, empleo y mayor participación social, la que ha contado con el involucramiento de la Red Nacional de Jóvenes Rurales de Colombia (RNJR).
El desafío está en mantener estos temas en agenda y trabajar en propuestas en las que, desde los propios jóvenes rurales, la academia, las entidades de cooperación y los gobiernos en sus distintos niveles, se impulsen acciones concretas para avanzar en una tarea impostergable. ¡No nos olvidemos de la juventud rural!
Juan Fernández L. Investigador en Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
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