Noviembre 2014

Cada año nacen más de dos millones de niñas y niños en nuestro país; cada año también, en la última década, han fallecido en promedio alrededor de 30 mil niñas y niños antes de cumplir su primer año de vida, miles de ellos por causas que pueden prevenirse y evitarse, como lo ha explicado UNICEF, con relativa facilidad y con un bajo costo.

Frente a un escenario así, Bernardo Kliksberg se pregunta si en nuestras sociedades puede haber una prioridad que exija más urgencia y compromiso ético en el actuar. Desde la perspectiva de México Social no la hay. Y es por ello que hemos dedicado esta edición al análisis de las condiciones que se enfrentan en la primera infancia: la de mayor fragilidad y vulnerabilidad en la vida de las personas.

Este año se cumple el XXV aniversario de la Convención de los Derechos de la Niñez; y, paradójicamente, en nuestro país, que fue uno de los dos promotores internacionales del que es considerado hasta hoy el más poderoso instrumento de derechos humanos en la historia de las Naciones Unidas, imperan condiciones inaceptables que deben revertirse en aras de garantizar a plenitud los derechos de la niñez.

En efecto, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), las niñas y los niños son el grupo de población –considerado desde el criterio etario– que con mayor dureza y profundidad vive la pobreza, la marginación y el incumplimiento masivo de sus derechos humanos.

Los derechos al disfrute del máximo nivel de salud; a una educación oportuna y de calidad; a la alimentación; al acceso oportuno al agua potable; a un medio ambiente sano; al acceso y disfrute de bienes y servicios culturales; a la recreación y el sano esparcimiento; a un nombre y a la garantía de su plena identidad; al libre desarrollo de la personalidad; entre el vasto catálogo de derechos que les son reconocidos en la Constitución, siguen siendo más “cuestiones aspiracionales” que condiciones objetivas de existencia.

De manera dolorosa seguimos teniendo elevadas tasas de mortalidad infantil, y a la par, tasas de mortalidad materna que no son aceptables en un país que cuenta con los recursos tecnológicos, humanos y financieros como los nuestros; las tasas de mortalidad por enfermedades respiratorias, por diarreas y por desnutrición en menores de cinco años siguen teniendo niveles que no pueden mantenerse así por más tiempo.

Todo lo anterior está necesariamente vinculado a la ausencia de una cultura generalizada de protección y garantía de los derechos de las niñas y los niños, pues a todas luces no ha permeado todavía, ni en la mentalidad de quienes toman las decisiones de gobierno en todos sus órdenes y niveles; pero tampoco en los entramados institucionales, el conjunto de implicaciones del principio del interés superior de la niñez. Cada año hay miles de niñas que se casan en edades muy tempranas; y anualmente se tiene el registro de que al menos 450 mil niñas y niños son hijos de adolescentes que al momento del parto tienen menos de 19 años de edad. Lo cual representa no sólo un severo problema de salud pública, sino sobre todo un grave problema social que implica desde el incumplimiento masivo de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, hasta la ausencia de un Estado garante de los derechos humanos en sus niveles más elementales.

A lo anterior deben sumarse agendas de extrema complejidad como el trabajo y la explotación infantil; la trata de personas; el abuso sexual; la violencia física; así como las múltiples agendas relativas a la discriminación y la exclusión social.

La pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad permanente no pueden seguir siendo las rutas de destino inevitable para nuestras niñas y niños. Sin duda alguna, nuestra mayor deuda y nuestro mayor compromiso se encuentran con la niñez mexicana. A ellos nos debemos y es el momento de actuar en consecuencia.