Este año se cumplen 26 años de que fue signada la Convención de los Derechos de la Niñez, pero también 20 años de que se llevó a cabo la Conferencia de Beijing, relativa a la agenda de los derechos de las mujeres. Mucho ha cambiado desde entonces: tenemos un mejor marco constitucional para la igualdad y la exigencia del cumplimiento del principio del interés superior de la niñez.
Tenemos también leyes como la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; contamos con una nueva Ley General para la protección de los derechos de la niñez; y se han llevado a cabo otras importantes reformas constitucionales y legales que han ampliado el marco de reconocimiento de los derechos de los niños, las niñas y las mujeres.
A pesar de todo lo anterior, hace falta mucho por hacer: las niñas y niños son sustancialmente más pobres que la población mayor; las mujeres tienen proporcionalmente menores ingresos que los hombres y siguen enfrentando una cultura generalizada de violencia y discriminación.
Las niñas, los niños y las mujeres, se ubican frente a diversas condiciones de inequidad y de injusticia, que se viven y expresan con mayor profundidad, respecto de otros grupos de población. Más aún, cuando además de las brechas que se viven en razón de la edad y el sexo, se enfrentan circunstancias de vulnerabilidad asociadas a la pertenencia étnica; a vivir con alguna discapacidad; o a ser habitantes del ámbito rural.
El Índice de los derechos de la niñez que se presenta en esta edición, relativo al grado de incumplimiento de los derechos de las niñas y niños en edad escolar (entre 6 y 11 años de edad), revela que vivimos en una sociedad en que privan condiciones generalizadas de violencia, pobreza e inequidad en contra de las niñas y los niños.
Más aún, la evidencia disponible permite sostener que hay 48 causas de muerte que por sus características, pueden ser definidas como “en exceso evitables”; o lo que es lo mismo: son defunciones que debieron evitarse porque se cuenta con las capacidades y recursos para hacerlo.
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló hace poco que del total de horas de trabajo no remunerado que se realizan en el país, el 77% son aportadas por las mujeres; en contraste, las mujeres tienen acceso únicamente al 38% de las horas de trabajo remunerado.
En conjunto, el dato del INEGI es contundente: el 56% del total de las horas trabajadas en el país es aportado por las mujeres; pero cuando se analiza el tema del ingreso, ellas siguen obteniendo la menor cantidad de los recursos disponibles; pero también, siguen teniendo menor acceso a los cargos de menor prestigio y reconocimiento social.
Enfrentamos fenómenos como el embarazo adolescente, mientras que la tasa de fecundidad no ha descendido al ritmo que se esperaba, lo cual no podría ser explicado sino con base en condiciones estructurales de incumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; lo que remite nuevamente a la persistente cultura de machismo, discriminación y prevalencia de prácticas y lógicas estereotipantes de las mujeres, niñas y adolescentes.
Enfrentamos una sociedad en la cual los riesgos sociales son mucho mayores cuando se vive en la niñez: ser víctima de violencia, de abuso, de maltrato; vivir en medio de carencias que conducen a la malnutrición; verse privados del derecho a una educación de calidad; o bien, tener que trabajar para contribuir al ingreso de las familias, son realidades que afectan sin duda en mucho mayor medida a las niñas y a los niños que a las poblaciones adultas.
A finales del mes de septiembre se aprobaron las nuevas Metas del Desarrollo Sostenible, muchas de las cuales están relacionadas con las agendas aquí mencionadas: erradicar el hambre, abatir la pobreza, eliminar las desigualdades y cerrar las brechas, son compromisos ineludibles para nuestro país; y frente a las cuales, la mejor decisión sería comenzar por el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños; y sin duda alguna, de las mujeres.
| Mario Luis Fuentes Director general del CEIDAS, A.C.; en la UNAM es integrante de la Junta de Gobierno; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas. @ML_Fuentes |
