El Congreso entra ahora de lleno en octubre a dictaminar las propuestas hacendarias para 2022. La Ley de Ingresos de la Federación deberá aprobarse a más tardar el 31 de este mes en el Senado, para que el Decreto de Presupuesto de Egresos pueda estar votado el 15 de noviembre. Las iniciativas que están en dictamen pueden dar un pequeño respiro inmediato, pero seguirá prevaleciendo la precariedad fiscal, que nos atará las manos los próximos años y que nos mantendrá en una de nuestra principal anomalía hacendaria.
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Si todo sale según las previsiones, el 2022 el presupuesto federal se relajará en comparación con años anteriores, y algunos programas tendrán mejoras. En general, sin embargo, las restricciones continuarán y en algunos casos importantes se agravarán https://www.mexicosocial.org/programa-22-y-horizonte-27/ En el siguiente quinquenio, al menos, las estimaciones apuntan a que seguirán las insuficiencias en temas críticos del desarrollo, como en la salud o el medio ambiente, o, incluso, que se agravarán, como en la inversión pública.
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En conjunto, los gastos federales se mantendrán constantes, y en el mejor de los casos aumentarán al ritmo que lo haga el producto y si la inflación no se come su capacidad de acción. El agregado más relevante es el presupuesto programable, el que contiene los pagos del personal, la operación y las inversiones necesarias para mejorar y mantener funcionando los servicios públicos y las funciones administrativas, sociales y económicas que dependen de la acción gubernamental. Todo esto representa ahora el 18.5 por ciento del producto interno bruto, y para 2027 se proyecta que esté en 17.4 por ciento. Crecerán las pensiones y otros componentes, que le impondrán restricciones a los demás destinos del presupuesto.
El problema de fondo es la anomalía hacendaria mexicana, la histórica insuficiencia de la recaudación tributaria. Esta se ocultó mientras los ingresos petroleros o el endeudamiento lo permitieron, pero era visible desde hace mucho tiempo y sigue sin tener soluciones en la práctica, aunque haya muchas propuestas para enfrentarla.
Aquí la magnitud que importa es la proporción que se capta por ingresos públicos tributarios, en comparación con el producto, que será de 14% el año entrante. Si se confronta con las necesidades presupuestales, con la capacidad económica nacional, con lo que el resto del mundo capta por la tributación o con otros criterios, se trata de una relación muy baja, de una anomalía.
El nuestro un esfuerzo fiscal que está por debajo del que en promedio realizan los países africanos, por ejemplo, o siete puntos del producto menos de la tributación que se genera en América Latina. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico tiene un captación mayor en casi 18 puntos porcentuales del producto que la mexicana. Se puede seguir con las comparaciones https://compareyourcountry.org/tax-revenues-global y constatar que en relación con la combinación de criterios como el tamaño de la economía, de la población y del desarrollo, el de México es un caso atípico.
Es una anomalía que seguimos reproduciendo cíclicamente, y que no se ha superado a pesar de intentos más o menos explícitos desde hace unos sesenta años, sin contar otras tentativas previas. Es uno de los rasgos más arraigados de nuestra condición nacional, no solo de la económica, también de la política y social, parte de un acuerdo colectivo no explícito que ocasiona muchas de las insuficiencias del desarrollo, de las desigualdades y de la incapacidad para superar la pobreza, entre otros.
En estos años la estrategia es mejorar la recaudación, eliminar privilegios y corrupciones y mejorar la administración tributaria. Hay algunos resultados positivos, y, sobre todo, una señal política para lograr que se pague lo que la ley establece. De mantenerse el esfuerzo, hacia 2027 la recaudación se ubicará en 14.4 por ciento del producto, menos de medio punto porcentual adicional a lo estimado para 2022, lo que será claramente insuficiente para enfrentar las necesidades de una población que para entonces habrá crecido en aproximadamente 6 millones de personas, y también muy por debajo de lo que requerimos para paliar los impactos de la crisis.
El Gobierno de la República está desaprovechando su fuerza política y su capacidad de persuasión en este tema. La decisión de no avanzar con una reforma fiscal tendrá elevados costos sociales en los próximos años, los está teniendo ya en el presente.
Si se gasta ahora con honradez y con eficiencia, ya no tendría sentido uno de los viejos argumentos en contra de la mayor recaudación, que sostenía que no tenía sentido cobrar más impuestos con la corrupción predominante.
Estamos llegando a un nuevo tope en los ingresos públicos, que limitará el presupuesto para los próximos años. Es indispensable retomar el debate y generar los acuerdos necesarios para superar nuestra crónica anomalía hacendaria.
Una mayor recaudación para un presupuesto más amplio, que se gaste con un criterio distributivo, en bienes de beneficio público, con más inversión, con un arreglo satisfactorio entre la Federación y los estados, con criterios de desarrollo regional, es indispensable para la reorientación y el desarrollo.
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Frase clave: anomalía hacendaria
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