En su extraordinario texto El Significado Político del Derecho, Vilajosana considera que la identidad de los órdenes jurídicos es una función de la identidad de los regímenes políticos.
sigue al autor en Twitter Sergio J. González Muñoz @ElConsultor2
Es decir, para conocer en realidad el alma y fibra de la coalición que controla el gobierno o el congreso, debemos interpretar los mensajes que manda con las normas que crea, las que reforma y, sobre todo, las que no toca. Esas decisiones sin duda imparten cierta esencia clasificatoria en el concierto internacional como nación libre y democrática.
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A unos días del inicio de las campañas federales para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e inaugurar la legislatura 2021-2024, propongo algunos ejes sobre los que podría discurrir una nueva agenda legislativa como manifestación de un reacomodo político parlamentario.
Primero: Atemperar las más ásperas aristas del modelo económico, en especial aquellas que en lugar de distribuir mejor la riqueza la concentran y profundizan la brecha entre ricos y pobres. El vector laboral es fundamental para lograrlo, si logramos el reconocimiento del concepto del trabajo decente en nuestras constituciones y leyes.
Segundo: La seguridad social y la salud pública también encarnan retos superlativos que deben desembocar en ajustes normativos que tiendan a la universalidad pero sin comprometer los necesarios equilibrios de las finanzas públicas, que también demandan estar sanas siempre.
Tercero: Fortalecer el control judicial sobre la administración pública para garantizar nuevos derechos como el derecho a la buena administración, a recibir cuentas, al buen gobierno; el derecho a la Ciudad, al acceso al agua, a la identidad y/o reconocer nuevas ramas del Derecho como el Derecho de la Integridad Pública o la que dispone los deberes del Estado en materia de prevención y recuperación ante desastres naturales o emergencias sanitarias.
Cuarto: Traer al siglo XXI la protección del medio ambiente y el reproche a quien lo dañe, pero poniendo especial énfasis en los instrumentos disuasivos por encima de los punitivos.
Quinto: Repensar la naturaleza, alcances y consecuencias, individuales y sociales, de la pena privativa de la libertad en los términos en los que generalmente se despliega. La reparación del daño y el Derecho victimal vienen ganando terreno, en efecto, pero hay que decidir una nueva ruta jurídica e institucional, por los efectos del modelo actual en la persona privada de la libertad, su familia y el colectivo en general.
Sexto: Disponer un robusto marco normativo de la gobernanza de la bioseguridad y de la biodiversidad, como derechos fundamentales, que merecen mejor trato y atención en nuestras leyes. Normar con mayor amplitud los organismos genéticamente modificados, por sus efectos económicos, claro, pero también por los sociales y fisiológicos.
Séptimo: Regular con rapidez, antes de que nos rebasen, las materias de gobernanza de las Tecnologías de la Información y Comunicación, de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad y del cibercrimen.
Octavo: Defender con fuerza, antes de que los perdamos, nuestros derechos digitales. Por ejemplo, vigilar de cerca los usos y limitar los alcances de las tecnologías de registro biométrico en general y de reconocimiento facial en particular, o extender el derecho de acceso a la banda ancha y sus garantías.
Noveno: Reforzar aún más la coraza protectora de los datos personales de los mexicanos y de los archivos públicos para prohibir expresamente a las grandes corporaciones de telecomunicaciones, y a todo particular, hacerse de ellos, procesarlos o comercializarlos sin consentimiento expreso de sus legítimos titulares.
Décimo primero: Combatir auténticamente los monopolios y prácticas anticompetitivas similares, que lesionan a los consumidores y distorsionan los mercados de consumo social y popular.
Décimo segundo: Ordenar de mejor manera la contienda por y en el poder político para revestir a nuestros sistemas anticorrupción, electoral, de fiscalización, de transparencia, de archivos y de protección de Derechos Humanos, de nuevas e indispensables legitimidades e instrumentos legales e instituciones que resguarden un ejercicio eficaz y socialmente útil de sus atribuciones y autonomías.
Décimo tercero: Declarar, mediante reforma a la Constitución, que son fundamentales los derechos a vivir una vida libre de violencia, de corrupción y de pobreza.
Décimo cuarto: Promulgar, luego de ejercicios amplios y serios de parlamento abierto, reglas honorables y equilibradas de regulación de los nuevos mercados energéticos, financieros, de telecomunicaciones y del agua, sin lesionar la soberanía ni quebrar la economía.
Décimo quinto: Traer a la Constitución y a ley los protocolos de actuación especial y las acciones afirmativas diseñadas e implementadas por diversas autoridades para lograr que grupos históricamente en desventaja, como las personas indígenas, con discapacidades, de la diversidad sexual, afromexicanas, migrantes, de la tercera edad, etc., recuperen o accedan finalmente a espacios fundamentales de toma de decisiones públicas que les afectan de manera desproporcionada por no considerarlos.
Décimo sexto: Reconocer finalmente que los animales no humanos son seres sintientes que merecen protección de la Ley, y compasión constitucionalizada de las instituciones y del género humano entero, para estos nobles compañeros de viaje.
Décimo séptimo: Establecer desde la ley la comunicación obligatoria entre la técnica legislativa y la jurisprudencia y quizá modificar el flujograma de nuestro proceso legislativo ordinario con la idea de reforzar los componentes de eficacia, cumplimiento, validez y reconocimiento social del Derecho, que así generará más paz que conflictos.
Hay quien ve el Derecho como una práctica social aspiracional (el Derecho como esperanza) de tal manera que no se le puede concebir adecuadamente sino en términos de su eficacia y del cumplimiento democrático de sus fines.
En estos tiempos en lo que se están reformulando en todo el planeta concepciones otrora intocables como Derecho, Constitución, Democracia y Derechos, tenemos que exigirle a nuestro poder legislativo y a nuestro marco jurídico servir con mayor tino a los fines para los que fueron creados y a los que se deben dirigir: la paz social, el bien común, la justicia, la seguridad y el orden, claro, pero principalmente, la libertad humana en dignidad.
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