Niñez
Uno de los imperativos categóricos ineludibles para la llamada cuarta transformación es sin duda construir un país apropiado para la niñez. Eso implica invertir el máximo de los recursos disponibles para garantizar su bienestar.
El martes, en su entrega al periódico Excélsior, México Social presentó el conjunto de indicadores relativos a la mortalidad infantil y la mortalidad de menores de cinco años. Se analizaron tres causas: enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas y deficiencias nutricionales.
La tasa de mortalidad infantil, por un lado, es un indicador que expresa el número de defunciones de niñas y niños, antes de cumplir el primer año de vida, por cada mil nacidos vivos. Esta puede ser considerada como un “indicador síntesis” de las condiciones generales de las condiciones de vida en que se encuentra la niñez en una sociedad.
Por su parte, la tasa de mortalidad en menores de cinco años expresa el número de defunciones de quienes aún no cumplen sus primeros cinco años de vida, por cada 100 mil en ese grupo de edad.
En ambos casos, los datos contenidos en el Primer Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal son francamente impresentables. Es cierto que apenas van nueve meses de la presente administración, pero lo preocupante es que los datos de que disponemos presentan tendencias inerciales que es urgente romper.
Más preocupante aún es la no disponibilidad de vacunas que se ha documentado ampliamente. Esta ha sido reconocida por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, amén del amplio conjunto de condiciones adversas que enfrenta la niñez mexicana frente al cierre de estancias infantiles y la cancelación de otros programas como Prospera, así como el desmantelamiento y preocupante abandono en que se encuentra el Sistema Nacional DIF
Debe decirse, además, que las condiciones de salud de la niñez dependen de mucho más que de las acciones de la Secretaría de Salud. Dependen de lo que hagan o dejen de hacer el Sistema Nacional Alimentario, las secretarías de seguridad pública en los estados y municipios, en lo que respecta a la prevención de accidentes. O también de lo que hagan o dejen de hacer la SEP y las Secretarías de Educación en los estados. Y suma y sigue.
Lo anterior se comprende de mejor manera si se consideran cuáles son las principales causas de mortalidad infantil en el país. Las enfermedades congénitas son las más frecuentes, y son consideradas en la mayoría de los casos como no curables. También las infecciones respiratorias agudas, las infecciones intestinales, la desnutrición y los accidentes.
En días recientes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ratificó su tesis jurisprudencial relativa al Principio del Interés Superior de la Niñez. Reiteró que, en todas las decisiones que están directamente relacionadas con las niñas y niños, debe privar este principio. Lo anterior implica garantizar el conjunto de sus derechos, tal como se establece en el artículo 4º de la Constitución y en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
México cuenta con un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. A pesar de los esfuerzos realizados para instalarlos en las 32 entidades federativas, y en la mayor cantidad posible de municipios, la realidad es otra. Ni en lo federal ni en lo local, ha permeado de manera transversal la perspectiva de los derechos de la niñez en el conjunto de decisiones de política pública, reglamentarias y programáticas en los estados y municipios.
Tampoco ocurre así en la Administración Pública Federal. Todo cambio de gobierno es complejo por sus ajustes presupuestales y de normativa interna para la toma de decisiones. Sin embargo, esto no debería ser motivo para descuidar todo lo relativo a la protección integral de niñas y niños.
Uno de los imperativos categóricos ineludibles para la llamada cuarta transformación es sin duda construir un país apropiado para la niñez. Eso implica invertir el máximo de los recursos disponibles para garantizar su bienestar. Y también considerar en todo momento el derecho de prioridad, es decir, considerar a las niñas y niños siempre primero en todas las decisiones públicas.
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