El 2 de junio Baja California Sur aprobó la ley para despenalizar el aborto, lo antecedieron en leyes similares: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Sonora y Guerrero. Un poco más de un cuarto de las entidades del país.
Escrito por: Andrea Samaniego Sánchez
Fue en 2007 mientras gobernaba como Jefe de Gobierno el ahora Canciller, Marcelo Ebrard, cuando se impulsó y aprobó la llamada interrupción legal del embarazo. Han pasado más de 10 años de aquel momento, y aunque poco a poco son más entidades federativas las que han modificado sus leyes para permitir esta acción, todavía quedan muchas donde se sigue penalizando.
En una democracia liberal, muchas veces se debe resolver cuál derecho humano se superpone a cual otro, lo que John Rawls denominó “consensos traslapados”, no es sencillo, y sin embargo, debemos encaminarnos por lo expresado por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien dijo que este tema no es un debate a favor o en contra de la vida, es sobre la autonomía, realización y libertades de las mujeres, que por la razón que sea, puedan acceder a los servicios de salud necesarios para tales efectos.
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Esto, tal como se comentó, no es sencillo, aún persisten prejuicios sobre el ejercicio de la sexualidad y hay muchas entidades federativas, donde a pesar de que MORENA, tiene mayoría en sus congresos estatales (Campeche, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas) el aborto está penado, según expone Andrea Parra en un trabajo sugerente sobre esta situación. Pero hay que aclararlo, no es una situación o responsabilidad única de MORENA, tal vez el señalamiento se hace porque al decirse de izquierda, se podría esperar una actitud diferente hacia las agendas progresistas del país, entre las que se incluye la de las mujeres.
Más allá de los partidos, esta batalla se desarrolla en la Corte: el 7 de septiembre de 2021 la SCJN declaró inconstitucional la penalización del aborto voluntario, tal como estaba contenido en el Código Penal de Coahuila; además el 24 de mayo de 2022 avaló la NOM-046 que indica que todos los hospitales públicos están obligados a garantizar el aborto a menores de edad, aún aunque no cuenten con el permiso de sus padres; dos días más tarde, invalidó parte del artículo 1º de la Constitución de Nuevo León que protegía el derecho a la vida desde la concepción, lo mismo ocurrió el 30 de mayo con la Constitución de Veracruz.
Las respuestas no se han hecho esperar, por lo que se prevé que el debate se mantenga durante las siguientes semanas. Ojalá por el bien de las mujeres se dejen de lado los prejuicios culturales que nos han forjado, que todos tenemos, pero la autoridad no puede gobernar con base en ellos, y se considere que el aborto es un derecho de salud de carácter reproductivo. Ojalá la marea verde siga su camino en todo nuestro territorio y el país se convierta en un territorio donde interrumpir el embarazo sea una acción legal y efectuada en condiciones de salubridad.
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