¡Nunca más!

En una sociedad libre hay un derecho no escrito, pero que está en la base del proyecto civilizatorio que se supone nos guía como sociedad ordenada a partir de un Estado Social de derecho: se trata del derecho a la verdad. Es decir, a tener siempre a la mano la información y explicaciones razonables respecto de aquello que determina nuestra existencia y nuestras posibilidades de bien vivir.

Escribe: Mario Luis Fuentes

Es sabido que, cuando la violencia campea y los malhechores se apropian, aun de fragmentos de los espacios legítimos de la autoridad, una de las primeras dimensiones de la vida pública que buscan mutilarse es precisamente el acceso a la verdad. Los regímenes que se ponen de lado de la ilegalidad o que son incapaces de combatirla eficazmente, pierden de hecho la posibilidad de garantizar ese derecho a sus poblaciones.

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Vinculado al derecho a la verdad, se encuentra el acceso a la justicia en todo lo que ello implica. Saber qué fue lo que ocurrió ante un crimen funesto, quién o quiénes fueron sus responsables; cuáles fueron las causas que propiciaron la injusticia, y, sobre todo, qué es lo que el Estado realiza para garantizar que nunca más ocurra otra atrocidad, son elementos fundantes de la cohesión social y del deseo o aceptación de pertenecer a la comunidad política organizada en que nacemos.

El crimen perpetrado en contra de los jóvenes de Ayotzinapa se convirtió en uno de los casos paradigmáticos de las zonas más oscuras y siniestras que pueden prohijarse en el Estado. Pero mal haríamos si reducimos el problema a solo ese caso. En el mismo nivel de gravedad se encuentran casos precios: la Guardería ABC, las Fosas de San Fernando; o las incontables fosas clandestinas que siguen encontrándose en todo el territorio nacional.

La garantía de la no repetición implica también que las causas estructurales que llevan a una sociedad como la nuestra, a padecer condiciones generalizadas de violencia e inseguridad, se modifiquen sustancialmente; es decir, se trata de que los eventos no se repitan, pero, sobre todo, que los determinantes sociales de las mismas se transformen radicalmente.

En México, de manera ya no solo preocupante, sino desesperante, no está ocurriendo ni una ni la otra. Es decir, los crímenes se repiten una y otra vez, con modus operandi relativamente similares en todas partes; y las causas determinantes o que facilitan que los perpetradores actúen se mantienen, o que en algunos casos incluso se profundicen.

Por ello es impostergable detener el deterioro de las posibilidades de diálogo y reconciliación en nuestro país. Porque de ello depende la construcción de una gran alianza nacional a favor de la paz y del restablecimiento de condiciones de vida en común posible. Una vida en paz y civilizada donde todas las personas tengan certidumbre de que no deberán enfrentar, por la inacción, incapacidad o indolencia gubernamental, muertes que no deben ser.

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Frente al complejo escenario en el que estamos, sorprende que la protesta se haya focalizado justamente en casos emblemáticos; y que el conjunto del malestar social que crece y se profundiza, se esté conteniendo, sobre todo ante los terribles acontecimientos de las últimas semanas en que han sido asesinados y heridos por armas de fuego, desde sacerdotes católicos hasta niñas y niños en puestos de vacunación.

¡Nunca más! Debe ser la consigna cotidiana; y debe ser un llamado a la indignación y a la exigencia permanente de la responsabilidad pública; porque si bien es cierto que estamos ante una herencia podrida del pasado; también lo es el hecho de que en la presente administración se ha perdido tiempo, recursos y oportunidades sumamente valiosas para corregir y dar un giro radical al rumbo que tenían los procesos de descomposición institucional, cuyos efectos estamos padeciendo.

El 1o de julio se cumplieron 4 años del triunfo electoral del movimiento del titular del Ejecutivo; y más allá del arrollador predominio electoral que ha logrado construir, los efectos en la construcción de gobiernos de calidad están muy lejos y, de hecho, no se observan en prácticamente ninguno de los estados donde ya son gobierno. Veracruz, Morelos, Baja California, entre otros, son claros ejemplos de que no necesariamente están acompañando al presidente ni los mejores perfiles, ni los equipos de mayor capacidad para impulsar una real transformación.

El 30 de junio, antes de comenzar su conferencia matutina, el presidente de la República le dijo a las y los reporteros que le cubren: “Ánimo, que lo mejor es lo peor que se va a poner”. Más allá de que es un chascarrillo de mal gusto, lo cierto es que en boca del presidente puede convertirse en una peligrosa y trágica premonición.

Porque la estrategia de seguridad pública está dando muy malos resultados; porque la política social no está cambiando estructuralmente las condiciones de vida de las personas; porque la economía no está creciendo ni generando empleos de calidad; y porque el escenario internacional es tan complejo y adverso, que la probabilidad de que imponga mayores restricciones a la administración es muy alta.

Las notas del día, al momento de escribir este texto son, mayoritariamente sobre los siguientes temas: exhumación del cuerpo de la joven Debanhi; mujeres que buscan los cuerpos de sus familiares en un predio desconocido; la investigación sobre el asesinato del periodista Antonio de la Cruz y el grave estado de salud de su hija; la investigación del asesinato de un niño en Guanajuato…y suma y sigue.

¡Nunca más! Esto debe parar ya, de forma urgente. Porque ninguna sociedad puede precisarse de tener bienestar si las calles están manchadas de sangre; si las calles están llenas de personas que deambulan buscando empleo bien remunerado; si en los mercados y las plazas públicas se camina con miedo; si el camino a casa no tiene alumbrado público, o si el agua del drenaje se lleva a casa en los zapatos de las personas; si la comida en los hogares no alcanza; y si la enfermedad evitable amenaza y postra en cama a millones debido a la pobreza y a un sistema de salud colapsado.

¡Nunca más! Ese es el imperativo que debe guiar la acción del gobierno, en todos sus niveles y espacios; sobre todo, si porque el clamor generalizado es por condiciones de vida digna, justicia y dignidad para todas y todos.

Investigador del PUED-UNAM

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