La voz de la obispa episcopal Mariann Edgar Budde apeló a la misericordia, la compasión, la clemencia. Defendió a la gente que en Estados Unidos está asustada, a quienes temen por sus vidas a causa de sus preferencias sexuales, de su condición migratoria y de refugio.
Escribe Enrique Provencio Durazo
Suplicó a favor de los millones de personas que trabajan en el campo, las oficinas, las casas, los hospitales y las industrias, y desmintió que sean delincuentes. Con unas cuantas palabras fijó una postura moral, política y humanitaria ante la cascada de órdenes ejecutivas del presidente Trump contra la diversidad y la supuesta invasión extranjera[1].
Fue el 21 de enero, en la Catedral Metropolitana de Washington, en el oficio multirreligioso celebrado por el inicio del nuevo gobierno estadounidense. El día anterior Trump había enunciado sus prioridades de gobierno, y también había dicho que se sentía salvado por Dios “para hacer que Estados Unidos volviera a ser grande”. En otras palabras, no solo se presentó como electo por los votos, sino también elegido por la divinidad. La obispa Budde recordó, precisamente, que el mandatario había sentido la mano providencial de un Dios amoroso. Una prelada dirigiéndose a un autodesignado celestial.
Solo en los dos primeros días de su segundo gobierno Trump emitió más de 100 disposiciones sobre temas económicos, migratorios, ambientales, laborales, de energía, política exterior, sitios patrimoniales, denominación geográfica y otros que ya habían sido anticipados en la campaña electoral o ensayados en su primer periodo en la presidencia. También dio por terminadas decenas de decisiones que hasta entonces estaban vigentes. Con todo y los anticipos, vistos en conjunto los anuncios resultaron impactantes, e incluso algunos fueron más allá de lo previsto.
Las nuevas acciones ejecutivas o las derogaciones sobre diversidad son no solo radicales sino furibundas. Se aprecian no solo como una respuesta inmediata alineada contra el fenómeno woke o que sintonizan con el neoconservadurismo, sino como una regresión histórica mayor, que en algunos puntos se sitúa más atrás de la Ley de Derechos Civiles de 1964. En una típica subversión del lenguaje, las medidas de protección a minorías son declaradas como discriminatorias y como una amenaza contra los derechos generales, y se cuestiona su validez jurídica.
Una de las primeras medidas prácticas contra la discriminación en la contratación y el empleo, que está por cumplir 60 años, fue una orden ejecutiva del 24 de septiembre de 1965 (Executive Order 11246) basada en la idea de que la igualdad, como condición jurídica y teoría, tenía que concretarse en la oportunidad y la equidad como hecho y resultado, en la capacidad humana, según el dicho del presidente Johnson. Lo que al principio solo obligaba a contratistas y proveedores federales o que recibían asistencia del gobierno, paulatinamente se fue extendiendo, con altibajos, a todo tipo de empresas y organizaciones, aunque sigue prevaleciendo una marcada desigualdad laboral por la discriminación[2].
Desde entonces se extendieron las acciones afirmativas en el mundo laboral, y de forma progresiva confluyeron con otras medidas vinculadas a diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad (DEIA), que es contra lo que está dirigida la ofensiva de acciones u órdenes ejecutivas recientes. Es una reacción tanto cultural e ideológica como económica, que empata con una corriente antiliberal profunda dentro y fuera de Estados Unidos, y tiene como aliados de los republicanos a la Corte Suprema de este país y a los grandes conglomerados, así como a las redes de información y que, de acuerdo a algunos sondeos, tiene apoyo de la mayoría de la población en una proporción superior a la votación recibida por Trump.
En la justificación contra la DEIA entra tanto la patraña de que interfiere en el mercado, distorsiona los precios, disminuye la eficiencia y afecta la productividad y la estructura de costos, como la propaganda de que opera contra los verdaderos valores estadounidenses de esfuerzo, dignidad, mérito, coraje, determinación y excelencia. Las evidencias no importan en esa línea, y hasta se achacan crisis aéreas a la política de contratación, como un ejemplo más de la operación postverdad. En el comunicado de la Casa Blanca se calificó como “locura” la contratación inclusiva en la Administración Federal de Aviación[3].
La orden es tajante: debe limitarse y combatirse el peligroso contaminante que es la DEIA, en el sector privado y sobre todo en el gobierno. En este se toman medidas persecutorias en contra de quienes promuevan las medidas afirmativas. Ya algunas decisiones judiciales, de gobiernos de los estados y de grandes empresas, iban avanzando en la dirección limitativa, empatando con el tono agresivamente restrictivo contra la inclusión. Otras empresas, en cambio, incluyendo una corporación muy grande, anunciaron que mantendrán sus políticas afirmativas, y es probable que amplios sectores sociales se sostengan en el avance civilizatorio relacionado con diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad.
Por lo pronto, la obispa episcopal Budde alzó la voz en su homilía pidiendo compasión con quienes tienen miedo, y después dijo que la empatía debe ser uno de los rasgos del liderazgo. De inmediato, Trump le exigió a la obispa que se disculpara con todo Estados Unidos, y Musk la agredió diciendo que estaba enferma del virus woke. Si Trump se siente designado por Dios, ¿quién osa pedirle clemencia, así sea una ministra religiosa? Será ilusorio, pero tras la clériga podrían estar decenas de millones de personas que no quieren echar por la borda la herencia de defensa de los derechos civiles.
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