Empresarios de comida chatarra dicen que el nuevo etiquetado los hará a mentir sobre los ingredientes que utilizan para no desaparecer… a costa de la salud de los consumidores.
Por: POPLab / Kennia Velázquez (@KenniaV)
Dicen los empresarios agrupados en el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), que el nuevo etiquetado los obligará a mentir, porque tendrán que indicar si un producto tiene altos contenidos de ingredientes críticos y esto “puede llegar a desaparecer líneas completas de productos”. Y es mejor mentir y sacrificar la salud de los consumidores antes que dejar de ganar.
Los voceros de ConMéxico, asociación integrada por 42 empresas de productos de consumo, entre las que están Sigma, Pepsi, Bimbo, Jumex, Kellogs, Coca-Cola y otras, han dicho que se oponen a la nueva medida porque el 80 por ciento de sus productos tendrían al menos un sello de advertencia. Es decir, que no son saludables.
Los industriales de alimentos y bebidas chatarra no quieren mentirnos, hasta ahora, sólo han sido “omisos” y en las etiquetas de sus productos esconden ingredientes o camuflan cantidades de nutrientes críticos o simplemente se enfocan en acrecentar las bondades de un producto. Por ejemplo, centrar la atención en que contienen fruta, aunque sólo represente el 1 por ciento de la porción. Por eso dicen que la nueva norma “no informará bien”, es decir, dará más datos de los que ellos quisieran.
Los empresarios hasta el momento no nos han mentido, sólo han dicho “verdades alternativas” sobre el nuevo etiquetado: como que no hay evidencia científica o que es un asunto ideológico. Se les “olvida” que la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) encuentran que esta medida contribuirá a combatir la epidemia de obesidad, sobrepeso y otras enfermedades asociadas.
No nos han querido engañar cuando dicen que la culpa de nuestra gordura es por los antojitos mexicanos, sólo se les ha pasado mencionar que hay estudios que muestran que con la entrada en vigor del Tratado de libre Comercio en 1994 llegaron cientos de alimentos chatarra y con ellos el aumento de peso en México. Se les ha olvidado citar al doctor Juan Rivera Dommarco, director del Instituto Nacional de Salud Pública, quien ha explicado que “el 25 por ciento de todas las calorías que consumen los mexicanos, son de bebidas azucaradas y comida chatarra, que no le echen la culpa a la garnacha”.
Cuando han dicho que si los mexicanos conocemos los ingredientes de alimentos procesados que ingerimos, y por ello elegimos consumirlos menos, habrá desempleo y crisis económica, de lo que no están hablando es de que han hecho negocio con el deterioro de la salud de sus consumidores, lo que se antoja muy poco ético.
El hecho de que la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) haya interpuesto un amparo para parar la publicación de la norma 051, argumentado poca claridad en el proceso, no es una falsedad, sólo es “otra perspectiva”. No importa que agencias de la ONU testifiquen que la discusión en torno al etiquetado fue “totalmente participativa y transparente” y que no hay razón para impedir su instrumentación.
Y aunque aseguran que no hay mala voluntad al ignorar el pedido del Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC), integrado por 15 organismos públicos, para que retiren el amparo, lo cierto es que México se encuentra en una situación crítica de salud y ambiental por los productos procesados.
Quizá para ellos tampoco hay dolo cuando lanzan bulos sobre las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Alianza por la Salud Alimentaria que han mostrado que este es un asunto de vida o muerte, con altísimos costos económicos, sociales y de salud. O sea, es muy raro que ciudadanos puedan interesarse por la salud del país, quién sabe a que intereses desestabilizadores obedezcan.
Pues si, para los empresarios de la comida chatarra, antes de verse obligados a acatar un proceso democrático o su propio decálogo de compromiso social con México; antes de atender la abrumadora evidencia científica, antes de ofrecer alimentos saludables o antes de cumplir con la ley general de salud, no ven sino a la mentira como la única solución para proteger sus gigantescos bolsillos. ¿Qué otra les queda?
Lo único cierto, es que el interés superior de la infancia, la salud pública y el bien común están por encima del amparo interpuesto por los empresarios y de sus intereses. Legalmente no hay materia para que la jueza séptimo de Distrito en Materia Administrativa, Laura Gutiérrez Romo les dé la razón. En este momento, ella es la responsable de que no se garantice nuestro derecho a la salud y a la información. Ella si que parece convencida de las mentiras de la industria, dejando en claro que la justicia no siempre es ciega o lo es de la peor manera.
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