Parece un futuro ya muy lejano, pero había una vez en que el Internet libre nos iba a dar infinitas posibilidades de crecimiento y desarrollo humano. Acceso ilimitado a información, libertad para opinar y decir lo que quisiéramos, comunicación igualitaria con los poderosos, capacidad de organización, impulso democrático, crecimiento económico insospechado. Todo en un entorno esencialmente colaborativo.
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Pero ese futuro ya no es lo que solía ser. El Internet se ha convertido más en el complicado reflejo de nuestras sociedades, con sus ángeles y demonios (y todos los seres de en medio). Quizá era de esperarse. Posiblemente lo descuidamos. Quizá, aún se puede rescatar. Pero mientras arribamos a alguna de estas conclusiones, o para informar nuestra decisión, conviene revisar los hallazgos de Freedom House en su reporte más reciente sobre la libertad en el Internet, y los llamados “Archivos de Facebook”, resultados de una amplia investigación hecha por el Wall Street Journal sobre aquella red social. Ambos casos nos deberían ayudar a repensar el tipo de Internet que, entre todos, estamos construyendo.
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En su informe 2021 sobre Libertad en la Red, Freedom House advierte que la libertad en Internet se redujo de nuevo en el último año, para hilar 11 periodos anuales de disminuciones. Las principales restricciones a la libertad de expresión o el uso de mecanismos de acoso a opositores en redes sociales, provienen de gobiernos, según Freedom House.
De junio de 2020 a mayo de 2021, un total de 48 gobiernos (de 70 países analizados) aprobaron nuevas reglas para la administración de contenidos, datos o prácticas competitivas dirigidas a plataformas digitales. Se trata de nuevas regulaciones que tienen su origen en problemas concretos, como el acoso en línea o prácticas comerciales manipuladoras, pero que han sido usadas por una mayoría de los gobiernos que las han aprobado para controlar o reducir los espacios a la libertad de expresión o tener mayor acceso a datos privados.
Según el reporte de Freedom House, la libertad de expresión en línea nunca había estado sujeta, como ahora, a tal grado de tensión. En 55 países (incluyendo México), los gobiernos nacionales investigaron, arrestaron o procesaron a personas por sus opiniones y publicaciones en plataformas digitales. También en En otros 20 países, se suspendió temporalmente el acceso a Internet y en 21 naciones se bloqueó el acceso a redes sociales, especialmente en periodos de agitación política, durante protestas y elecciones.
En el caso de México, el reporte de Freedom House lo incluye entre los 45 países cuyas autoridades usaron o están bajo sospecha de haber usado tecnologías de espionaje y extracción de información; se trata del conocido caso del software Pegasus por el que el gobierno mexicano habría pagado en 2014, 32 millones de dólares a una empresa Israelí. Y también aparece como caso de atención y cuidado, por la iniciativa de ley presentada (por el senador Ricardo Monreal) para regular las redes sociales, a partir de una serie de modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiocomunicación, con potenciales efectos restrictivos en el ejercicio de la libertad de expresión en redes.
El reporte de Freedom House es útil para entender una buena parte de la dinámica del ecosistema digital en el mundo, pero se enfoca sobre todo en el papel de los gobiernos y reguladores en la gobernanza de Internet. A este análisis hay que agregar, imposible no hacerlo, lo que sucede dentro de las plataformas digitales. Estas son, desde hace tiempo, nuestra nueva ágora pública, el espacio de interacción social y privado con autoridades, pero también con amigos y familiares. Incluso a pesar de la brecha digital, lo que ahí sucede, cuándo y cómo sucede, es sintomático del tipo de problemas, sociales y privados, que enfrentamos en la actualidad.
En un reportaje publicado por el diario Wall Street Journal a inicios de septiembre, Facebook e Instagram, de la cual es propietaria aquella, es retratada como una organización digital cuya directiva luce negligente, manipuladora, selectiva en la aplicación de sus políticas e ineficaz para corregir algunos de los problemas que genera. Uno de los asuntos más delicados es que, aún conociendo los efectos perniciosos que el uso intensivo de Instagran tiene en el bienestar de las adolescentes, Facebook ha decidido ignorarlos. Además, parece exceptuar de la aplicación de sus políticas a cuentas de alto perfil, a pesar de que algunas de estas cuentas han incurrido en prácticas como la incitación a la violencia, que deberían ser sancionadas.
Los problemas de Facebook no son exclusivos de esa plataforma digital, aunque son especialmente delicados para una empresa con un alcance de 2,900 millones de personas. Con una recaudación por publicidad que alcanzó los 54 mil millones de dólares solo en la primera mitad de 2021 en el caso de Facebook, ésta plataforma, como el resto de las redes sociales, e incluso muchas plataformas de “noticias” que han surgido en décadas recientes, sin olvidar a las empresas de streaming (Netflix y el resto de su clase) son parte de la “economía de la atención”, aquella que cifra su éxito y negocio en lograr que pasemos el mayor tiempo posible mirándolas en las pantallas de nuestros celulares y computadoras. Con sus efectos en el bienestar individual y colectivo.
En efecto, tal como lo advirtió Mario Luis Fuentes en México Social hace algunos meses, con motivo de la publicación de una encuesta del INEGI sobre ciberacoso, este es un problema y riesgo creciente entre la población, especialmente los adolescentes y jóvenes. Advierte Fuentes que de los 76.9 millones de usuarios de internet y celulares, mayores de 12 años, que hay en México, uno de cada 5 (21% o 16.1 millones) experimentaron ciberacoso. La cifra asciende a uno de cada 4 (25.7%) entre la población adolescente, de 12 a 19 años, y es similar entre quienes tienen de 20 a 29 años (26.7%). En el resto de la población adulta las cifras porcentuales son similares o inferiores al promedio nacional.
En el mundo hay dos grandes enfoques o aproximaciones a la regulación de Internet en materia de moderación de contenidos, privacidad y uso de datos. El punitivo, que busca establecer sanciones y controles estrictos a las plataformas digitales y el que podríamos llamar garantista, que enfatiza el papel de los actores públicos y la sociedad en su conjunto para contrarrestar la desinformación con información válida, cierta y oportunamente difundida, bajo reglas de coordinación y corresponsabilidad de las plataformas digitales.
En la complejidad que supone Internet en la actualidad quizá ninguno de estos dos enfoques represente una solución por sí sola. Reconociendo que la autoregulación de las plataformas digitales no es una salida sostenible (el caso de Facebook es ilustrativo), la regulación a cargo de autoridades gubernamentales y multilaterales sigue siendo un auténtico acertijo: pasa por garantizar la libertad de expresión y generar mejores habilidades digitales en la ciudadanía, pero también por hacer que las empresas rindan cuentas, sean transparentes sobre sus mecanismos de moderación de contenido y uso de datos, y sancionarlas cuando incumplan. Y todo, idealmente, bajo una lógica de coordinación entre autoridades. De ese tamaño es el desafío.
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* Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y asesor del Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral. robertocastell@gmail.com
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