por Mario Luis Fuentes
La mayor tragedia a que puede enfrentarse el género humano es la muerte por hambre. La Real Academia de la Lengua define, en una de las acepciones para esa voz, la de “tener un fin desgraciado”; es decir, un final carente de toda gracia, o sea, ausente de todo cobijo o compasión.
De manera siniestra, en nuestro país se repiten más de 8 mil casos trágicos de muerte por desnutrición anualmente; una realidad que escapa a cualquier posibilidad de comprensión, y de manera fehaciente, que muestra el carácter depredador del modelo de desarrollo que hemos adoptado.
Según la información sobre las principales causas de mortalidad consignadas en el VI Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, de las más de 8 mil muertes por desnutrición que ocurren año con año, en promedio, en 1,347 casos las víctimas eran niñas y niños que nacieron de manera prematura y con bajo peso; mientras que también, de manera anual, en promedio fallecieron aproximadamente 420 niñas y niños menores de un año a causa de la desnutrición crónica. A ellos debe agregarse un promedio anual de 250 niñas y niños entre 1 y 4 años que perdieron la vida debido a la falta de calorías y proteínas
En un país como el nuestro, la muerte por desnutrición debería considerarse -en palabras del Director General de la FAO-, como un homicidio imprudencial, pues no hay nada que explique la realidad que implica el hecho de que niñas y niños pierdan la vida porque sus padres o familiares no tuvieron nada que darles para alimentarlos.
La cuestión desborda con mucho la discusión en torno a si los programas con que contamos en México son o no suficientes para reducir la pobreza, y particularmente para erradicar el hambre.
En el fondo, el debate debería estar estructurado a partir de una profunda noción ética e infinita responsabilidad y con base en ello, replantear los criterios y fines de las políticas sociales que operan en todo el país.
El 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, motivo que debería aprovecharse en estos momentos de transición gubernamental para llevar a cabo un serio replanteamiento de los criterios con que se articula la planeación del desarrollo y la construcción del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Los retos que implica la persistencia del hambre en el país son múltiples y de una complejidad mayor; frente a ellos, esta edición de México Social incluye diferentes visiones sobre los retos y obstáculos por vencer en materia de seguridad alimentaria, cumplimiento del derecho a la alimentación, cambio climático y sus nexos y vínculos con la pobreza.
Se incluyen también sendos artículos: uno del titular de la SAGARPA, Francisco Mayorga, y otro de Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, desde los cuales se presentan las visiones oficiales en torno al estado actual de las políticas y programas agropecuarios, así como de la medición de la pobreza.
Ante las enormes carencias, nuestro país no puede perder de vista la “contracara” del hambre, expresada en la realidad de que seguimos siendo el primer país en proporción de personas con sobrepeso y obesidad a nivel mundial, lo cual ha traído como consecuencia un crecimiento exponencial tanto de la morbilidad y mortalidad por diabetes e hipertensión arterial.
Esos problemas están relacionados, no con la abundancia de recursos, sino por el contrario, con enormes limitantes en el acceso a los alimentos sanos e inocuos; así como con problemas reales de acceso al agua potable para el consumo humano.
Si los saldos de este sexenio son muy altos en lo social, el peor de todos se sintetiza en la expansión inédita de los problemas de salud pública generados por las enfermedades endócrinas y nutricionales, y en la tragedia ya mencionada de las miles de muertes por desnutrición que se producen año con año.
Desde México Social estamos convencidos en que es tiempo de una nueva política social que se fije como meta ya no sólo combatir el hambre, sino reducir, de manera inmediata y drástica, las altas tasas de mortalidad por causas en extremo evitables. Y ésa debería ser la nueva divisa con la que debe tasarse la eficacia de la política pública.•
