Los devastadores efectos que están teniendo los fenómenos hidrometeorológicos en todo el territorio nacional revelan, entre muchas otras cosas, que siempre son los más pobres quienes padecen con mayor severidad y profundidad, pues son quienes habitan en las zonas y regiones con mayores carencias y rezagos sociales.
Desde esta perspectiva, ser pobre implica siempre vivir en una permanente vulnerabilidad, ya sea ante fenómenos económicos o sociales, tales como la crisis económica que inició en el 2008 y que sigue asolando al planeta entero, o bien por fenómenos de la naturaleza, los cuales, a pesar de su inmenso poder destructivo, no tendrían por qué ser, en todo caso, siempre mortíferos.
Cada 17 de octubre, el Sistema de las Naciones Unidas hace un llamado a reflexionar en torno a lo que se ha denominado como el “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”, poniendo en el centro la necesidad de reconocer que la primera prioridad para todos los Estados no puede ser otra sino la de generar bienestar y desarrollo incluyente para todas las personas.
En este año, la ONU hace un énfasis en particular entre el vínculo que existe entre la pobreza y la discriminación, asunto que debe tener una relevancia mayor en nuestro país, sobre todo si se considera que los grupos de población en mayores condiciones de pobreza son al mismo tiempo los grupos que mayores actos y prácticas de discriminación padecen.
En efecto, los datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social muestran que las personas hablantes de lenguas indígenas, quienes habitan en zonas rurales, las personas con alguna discapacidad, así como en general las niñas, los niños y las y los adolescentes, enfrentan porcentajes mucho mayores de pobreza que el resto de los grupos poblacionales.
Establecer el vínculo entre pobreza y discriminación debe llevarnos también al reconocimiento de que existen agendas que atañen a grupos socialmente invisibilizados; por ejemplo, carecemos aún en el país datos sobre las condiciones socioeconómicas de las personas afrodescendientes, y no contamos con un análisis pormenorizado en torno a los procesos de empobrecimiento generados por la negación de servicios de salud o la garantía de otros derechos para las personas de la comunidad LGBTTTI.
De manera lamentable, vivimos en un país en el que tanto la pobreza como la discriminación se han “normalizado”, y se asumen de hecho como “parte natural” de la organización y el funcionamiento de la sociedad, así como en la asignación de roles que derivan y a la vez alimentan los estereotipos que privan como criterios de actuación social.
Sin duda, hay coincidencias sobre la propuesta que existe en torno a vincular las transferencias de ingresos con diversas opciones productivas, sin embargo, debemos reconocer que también existen mercados imperfectos, y que es necesario impulsar una nueva gobernanza sobre ellos a fin de evitar su tendencia a la concentración y a profundizar las desigualdades.
Lo anterior va a requerir de la consolidación de una cultura democrática que nos lleve a nuevos estadios de exigibilidad y respeto a los derechos humanos de todos, porque si algo no hemos logrado consolidar en el país es precisamente una nueva ciudadanía capaz de vivir en un Estado social de pleno derecho.
Las imágenes que cada año vemos de miles de personas pobres perdiendo lo poco que tienen ante lluvias torrenciales u otros fenómenos naturales no pueden seguir siendo el escenario reiterado en el que se plasma la desigualdad ancestral, pero terriblemente actual, que padecen quienes tienen el infortunio de nacer en los territorios históricamente segregados.
México necesita de nuevas perspectivas y de nuevas respuestas que nos lleven, sí a la disminución de la pobreza, pero sobre todo a la reducción de la desigualdad que nos mantiene como un país dividido y que no logra reconstruir un relato compartido en torno a un futuro deseable para todas y todos.•
