OSC y política social

por Clara Jusidman Rapoport

Claro reflejo de la pluralidad y la diversidad que caracteriza a la sociedad mexicana, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) representan una gama de posiciones frente a la problemática social y a las políticas que se ponen en práctica para atenderla. Aun cuando comparativamente con otros países de América Latina y con respecto al tamaño de la población total de México el número de OSC es muy reducido, sostienen y promueven agendas diversas en lo social, así como en lo económico, lo político y lo cultural

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Tan sólo 19,500 organizaciones cuentan con Clave Única de Identificación (CLUNI) en el registro oficial que lleva la Secretaría de Desarrollo Social. Se concentran en unas pocas entidades federativas, observándose una lamentable ausencia en muchas comunidades del país. Ello como consecuencia de una larga historia de oposición gubernamental a la organización autónoma de los ciudadanos, así como por la persistencia de un autoritarismo político en gran parte del territorio nacional.

Los temas de mayor controversia entre las OSC son los referidos a las familias, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de la población con orientación sexual diversa. Asimismo, se diferencian por cuanto a que tipo de problemáticas sociales les son más importantes y cuáles son sus propuestas de políticas de gobierno para superarlas.

Un grupo importante de OSC se preocupa por los grupos en pobreza, especialmente en pobreza extrema, y por las personas en condiciones de vulnerabilidad por discapacidad, vejez, indigencia, abandono, entre otras causas y proponen medidas preferentemente individualizadas de asistencia social para atenderlas. Sostienen que si es posible son los propios individuos quienes por su esfuerzo deben superar sus condiciones de pobreza. Responden a una posición relacionada con experiencias de acciones de beneficencia privada. Son organizaciones que en general, están de acuerdo y buscan participar en la privatización de los servicios sociales públicos como los de cuidado infantil, la atención a personas con discapacidad, pero también los de educación y salud.

En una posición distinta otro grupo de organizaciones reclaman igualdad, no discriminación y justicia y enarbolan el marco de los derechos humanos para exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones adquiridas al ser parte de diversos instrumentos internacionales en la materia. Promueven la realización de los derechos humanos tanto civiles y políticos, como los económicos, sociales, culturales y ambientales y los derechos de los pueblos y comunidades. Algunas postulan la provisión universal de la protección social mediante servicios del Estado, particularmente en los campos de salud, seguridad social y educación; otras defienden un piso básico de servicios sociales para toda la población en pobreza que para algunos puede o no ser provisto directamente por el Estado.

Es decir, entre estas posiciones contrapuestas existen demandas coincidentes y una gama de combinaciones. Sin embargo, es de reconocerse que son las OSC las que tienen una visión más actualizada de los problemas sociales que aquejan al país, entienden la complejidad creciente de lo social y son las que colocan en el debate público los nuevos riesgos sociales y proponen posibles vías de atención a los mismos. Ello, en razón de que están más cerca de la población y del territorio, hablan con las personas y detectan con mayor facilidad los problemas emergentes.

En cambio, el alejamiento de las agencias públicas sociales federales, así como de los partidos políticos de lo que ocurre en el territorio y en la cotidianeidad de la vida de las personas y las comunidades les dificulta actualizarse, por lo que se mantienen en una visión puramente sectorial de lo social, ampliada solamente para incluir los programas de combate a la pobreza y las agendas de algunos grupos de población, en consonancia con la tendencia de las agencias internacionales.

A la visión sectorial de la política social (educación, salud, seguridad social, vivienda, alimentación, infraestructura básica) las OSC han sumado los temas de discriminación, desigualdad y exclusión que se traducen en trato desigual o maltrato, brechas y conflictos crecientes entre los ricos y los pobres y marginación de amplios sectores de la infancia y la juventud de su derecho al desarrollo y a una vida digna.

De este modo, desde la última década del siglo XX, junto con varios movimientos sociales, las OSC agregaron a la cuestión social la dimensión de género, generación y condición étnica, física y mental (infancia y adolescencia, juventud, adultos mayores, mujeres, indígenas, personas con discapacidad y con orientación sexual diversa) y más recientemente han visibilizado las condiciones en que viven las poblaciones migrantes, las víctimas de las violencias, las poblaciones desplazadas, las personas sujetas a trata y explotación y la juventud de bajos recursos.

Las anteriores son sólo una muestra de las promociones que defienden en materia social las OSC. En la mayoría de los casos tienen propuestas legislativas, institucionales y presupuestales concretas para ponerlas en práctica.•

Nota:

I. Se consultaron varios trabajos que resumen propuestas de las OSC y diversas agendas del movimiento feminista, del grupo México a Debate, de las mesas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de la Cumbre Ciudadana y del Espacio Social de Diálogo Estratégico.