De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la crisis del COVID-19 ha aumentado el endeudamiento en la región, poniendo en riesgo la recuperación y la capacidad de los países para una reconstrucción sostenible.
Además, la crisis ha incrementado las brechas estructurales en América Latina, afectando sin excepción a todos los países de la región, y ha aumentando sus necesidades financieras para afrontar la emergencia.
“La situación fiscal se ha deteriorado y el nivel de endeudamiento del gobierno general ha aumentado, y se espera que dicho endeudamiento se incremente del 68.9% al 79.3% del PIB entre 2019 y 2020 a nivel regional, lo que convierte a América Latina y el Caribe en la región más endeudada del mundo en desarrollo”, señaló Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de Cepal.
Además, es la que tiene mayor servicio de deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios, con 57%.
Frente a ello, la Comisión presentó una agenda de financiamiento en la que traza soluciones para el desarrollo a corto, mediano y largo plazo, y pone énfasis en iniciativas que se podrían emprender para construir un futuro mejor.
La CEPAL propone cinco medidas para afrontar los retos del financiamiento en la región a través de su nuevo informe especial Financiamiento para el desarrollo en la era de la pandemia de COVID-19 y después: Prioridades de América Latina y el Caribe en la agenda de políticas mundial en materia de financiamiento para el desarrollo.
El informe indica que las necesidades globales de financiamiento de los países en desarrollo ascienden a 2,5 billones, lo que supera la capacidad de préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). En el caso de nuestra región el FMI ha puesto a disposición de 21 países de América Latina y el Caribe la mayor parte de sus préstamos de emergencia relacionados con el COVID-19. En enero de 2021, dicha institución había destinado unos 66.500 millones de dólares a América Latina y el Caribe, lo que representaba un 63% del desembolso total (106.000 millones de dólares) que había destinado a 85 economías en desarrollo.
Los datos disponibles de los países de América Latina y el Caribe señalan que el financiamiento que el FMI otorgó en el marco de sus programas Instrumento de Financiamiento Rápido y el Servicio de Crédito Rápido solo cubrió el 32,3% y el 23,1% en promedio, respectivamente, de las necesidades de financiamiento internas y externas que los países tenían en 2020. Esto equivalía al 0,8% y al 2,1% del PIB, y al 6,5% y al 8,0% de las reservas internacionales, respectivamente.
Las cinco medidas propuestas por la CEPAL
Según CEPAL, los esfuerzos de recuperación deben centrarse en fomentar y apoyar la inversión en proyectos que fomenten la resiliencia. Estas son las cinco propuestas que presenta la Comisión en su informe:
- Ampliación y redistribución de la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo a través de una emisión masiva de Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI). Una emisión y asignación hipotética de 500.000 millones de DEG nuevos, representaría 56.000 millones de dólares de reservas internacionales adicionales para las economías de América Latina y el Caribe.
2. Fortalecimiento de la cooperación regional aumentando la capacidad de préstamo y respuesta de las instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales, y estrechando sus vínculos con los bancos multilaterales de desarrollo. También es necesario fomentar la cooperación y coordinación entre los bancos de desarrollo regionales, subregionales y nacionales. Los bancos nacionales de desarrollo han sido actores clave en la provisión de financiamiento, comprometiendo el equivalente a 93.000 millones de dólares de apoyo financiero contra el COVID-19.
3. Acceso a un mayor financiamiento que debe complementarse con impulso una reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral, que incluya la creación de un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana y de una agencia multilateral de calificación crediticia. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) del Grupo de los Veinte (G20) también debe ampliar su alcance, para incluir a todas las partes interesadas (es decir, el sector privado y las instituciones multilaterales) y a los países vulnerables de renta media, y debe extenderse más allá de 2021.
4. Proporcionar a los países un conjunto de instrumentos innovadores destinados a aumentar la capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo. Los instrumentos innovadores vinculan la capacidad de reembolso de los países a su exposición y vulnerabilidad a las catástrofes naturales (como en el caso de las cláusulas sobre huracanes) o a los altibajos del ciclo económico (como los bonos de contingencia vinculados a los ingresos o al Estado).
5. Integrar las medidas de liquidez y de reducción de la deuda a una estrategia de financiamiento para el desarrollo encaminada a construir un futuro mejor. La crisis actual debe aprovecharse no solo como una oportunidad para repensar la agenda de financiamiento para el desarrollo de los países de renta media, sino también como una ocasión para alcanzar un amplio consenso social y político que permita implementar reformas ambiciosas con el fin de emprender un proceso de reconstrucción sostenible e igualitario.
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