Pandemia y aumento de la pobreza en México

¿A qué se debió el aumento, entre los años 2018 y 2020, de la pobreza dado a conocer por El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)? La respuesta obvia es que se debió al COVID19, sin embargo, la relación no es directa pues son varios los canales a través de los cuales la pandemia afectó los ámbitos del bienestar y de los derechos sociales, que son las dos dimensiones básicas que conforman la pobreza multidimensional.

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Para formarse una mejor idea del aumento entre 2018 y 2020, se considera como parte de la serie que inicia en 2008 y continúa cada dos años hasta 2020[1]  ()

La política seguida para aminorar los efectos de la pandemia sobre la salud de la población, restringió el funcionamiento de la economía a las actividades declaradas esenciales, que en conjunto con el “quédate en casa” y la “sana distancia” abatieron la producción manufacturera, los servicios, el transporte y el comercio. El freno a las actividades productivas se trasladó a las economías de los hogares y por ese conducto a sus ingresos. Pero las consecuencias de las medidas aplicadas a raíz de la pandemia no se limitaron a la esfera de la producción, sino que también repercutieron sobre el acceso a los derechos sociales que forman parte de la medición multidimensional de la pobreza en México.

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Así fue como se alteró el sistema educativo completo por las clases a distancia, el paro económico repercutió sobre la afiliación a la seguridad social, la reducción de los presupuestos familiares incide sobre el acceso a la alimentación y, obviamente afectó al acceso a la salud. Es probable que los dos únicos derechos que pudieron escapar a las consecuencias que se derivaron de la crisis económico-sanitaria sean los referidos a las viviendas: “calidad y espacios de la vivienda” y el “acceso a los servicios básicos en la vivienda”.

México ha experimentado tres olas de COVID, la primera inició en marzo del año 2020 y tuvo su máximo entre fines de julio y comienzos de agosto de ese año. La segunda ola explota la última semana de noviembre y culmina entre fines de enero y comienzo de febrero de 2021. Por otra parte, la encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que proporciona la información para el cálculo de la pobreza se levantó los meses de agosto, setiembre y octubre de 2020, que corresponden en gran parte a la época de decrecimiento de la primera ola de COVID.

Sin embargo, los ingresos sí cubren los meses de auge y caída de la primera ola pues la ENIGH registra el ingreso con un rezago de seis meses, así al entrevistado en agosto se le pregunta por sus ingresos en los seis meses anteriores a la fecha de la entrevista, por lo tanto, declara lo que ganó de febrero a junio, al entrevistado en setiembre por sus ingresos de marzo a agosto y así sucesivamente.

Ahora bien, en los 12 años transcurridos entre 2008 y 2020, a pesar de las declaraciones de lucha contra la pobreza y de la amplia variedad de programas sociales que han puesto en práctica distintos gobiernos, el porcentaje de población en situación de pobreza sigue siendo de casi 45 por ciento, en efecto, la prevalencia de la pobreza en el año 2020 (44.5 por ciento) fue del mismo orden de magnitud que el alcanzado en 2008 (44.4 por ciento).  Se debe destacar que el alza de la incidencia en 2020 se presentó después de que, en la medición inmediatamente anterior, practicada en 2018, se había alcanzado el mínimo histórico de 41.9 por ciento; en dos años se perdió lo que se había avanzado en 10.

A raíz de la contracción económica provocada por la Gran Recesión del siglo XXI (en los años 2008/9), la prevalencia de la pobreza experimentó oscilaciones entre 45.5 y 46.2 entre los años 2010, y 2014, pero en 2016 y 2018 se registraron caídas marcadas que llevaron al índice a poco menos del 42 por ciento.

Entre los años 2008 y 2018 el número de personas en condición de pobreza creció de 49.5 millones en 2008 a 56.6 millones en 2020, nótese que el volumen de personas viviendo en pobreza en México en el año 2020 equivale a la suma de la población total de Argentina, Paraguay y Uruguay, en ese año.

El índice de pobreza multidimensional es un resumen que sintetiza la dimensión de bienestar, cuya medida es el ingreso total percápita, y la dimensión de los derechos sociales que incluye: rezago educativo, acceso a la seguridad social, acceso a la salud, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación.

La reducción de ingresos experimentada por la población en los meses de la primera ola de la pandemia elevó la prevalencia de la pobreza por ingreso de 48.8 a 52.2 por ciento, entre 2018 y 2020, cifra mayor que la observada a inicios del período (49.0 por ciento en 2008) y del mismo orden de magnitud que la registrada durante la crisis de los bonos hipotecarios (52.0 por ciento en 2010).  

En el período 2008 a 2020 el número de personas en situación de pobreza se elevó de 54.7 millones de personas a 66.5 millones, equivalente a sumar la población total de Argentina y Chile en 2020. En el lapso de 12 años se sumó a la población en pobreza por ingresos una cantidad de personas equivalentes a la población que actualmente tiene Bolivia.

En el plano de los derechos sociales destaca el alza que se registró en el año 2020 en la carencia por acceso en la salud. A partir del año 2008, (en que alcanzó el 38.4 por ciento), se inició una tendencia descendente, impulsada por el seguro popular que redujo la carencia por acceso a la salud a 15.5 por ciento en 2016 y ascendió levemente a 16.2 por ciento en 2018, para saltar a 28.2 por ciento en 2020 (12 p.p. más), alcanzando un nivel equivalente al de 2010.

Este brinco en las cifras se originó en el empeoramiento del estado de salud de la población por la pandemia y sus secuelas, la sustitución aún inacabada del seguro popular por el INSABI y a la escasez de medicamentos derivada del cambio en el sistema de abastos.

Podría sorprender que a pesar de la pandemia el rezago educativo no aumentó, sino que mantuvo la tendencia decreciente exhibida desde 2008 cuando alcanzaba al 21.9 por ciento de la población y se ha reducido paulatinamente hasta llegar al 16.3 por ciento en 2020, sin embargo, en esta medición se cuentan como rezagados todas aquellas personas que no están en edad escolar y no tienen el nivel normativo que correspondía cuando estaban en edad escolar, más todos aquellos que estando en edad escolar no asisten a un establecimiento educativo.

El cierre de las escuelas no afecta la carencia de una persona que ya no está en edad escolar y en el caso de aquellos que sí lo están, no queda claro qué significa “asistir” en tiempos de pandemia.

También podría llamar la atención que no haya aumentado significativamente la carencia alimentaria, sin embargo, hay que tomar en cuenta que, para proteger su consumo, la población de menores recursos enfrentó la reducción de sus ingresos pidiendo prestado, vendiendo sus escasos activos o poniendo a trabajar a más miembros de la familia (ENCOVID 19), por lo que esta carencia se mantuvo prácticamente estable entre 2018 y 2020.

Las carencias “cantidad y calidad de la vivienda” y los “servicios básicos de la vivienda”, pareciera que no fueron afectadas por la pandemia ya que continuaron con su tendencia decreciente.

No es fácil entender el porqué de la leve reducción en el acceso a la seguridad social, pero no debe olvidarse que, por una parte, en esta medición se considera como “no carentes” no sólo a los activos que cotizan en alguno de los sistemas de seguridad social del país, sino también a todos los adultos mayores que gozan de una pensión sin importar que sea federal, estatal o de cualquier otro tipo y, por otra parte, que el levantamiento de la información de la ENIGH tuvo lugar en la fase decreciente de la primera ola.

En conclusión, el crecimiento de la pobreza en la época del COVID fue acentuado, neutralizó el terreno ganado en los años posteriores a la Gran Recesión y fue impulsado principalmente por la reducción de los ingresos de los hogares mexicanos a consecuencia del paro económico inducido por las medidas sanitarias y por el aumento en la carencia de acceso a los servicios de salud originado por la mayor demanda de servicios desatada por la pandemia, que enfrentó una oferta limitada por la transición del seguro popular al INSABI, aún hoy inconclusa, y el intento por reorganizar el abasto de medicamentos.

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[1] Debido a que la serie con datos comparables publicada por CONEVAL se detiene en 2018, puede consultar aquí ,  utilizándose la serie publicada por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo PUED de la UNAM

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