En este artículo, las autoras hablan sobre la relevancia de entender y visibilizar que existe lo que puede llamarse “pobreza menstrual”. Advierten que hay millones de mujeres quienes, por la carencia de recursos, no tienen acceso a productos de higiene básicos.
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En un momento determinado, 800 millones de personas alrededor del mundo tienen simultáneamente su período. En general, una mujer promedio pasa 3.000 días de su vida menstruando. Y aunque algunas personas no se sienten cómodas hablando sobre la menstruación, es importante recalcar que el costo de los productos de higiene menstrual, así como otros costos asociados con el manejo de la menstruación, son inasequibles para muchas personas.
El hecho de no poder pagar productos como tampones, toallas higiénicas o protectores para controlar el sangrado menstrual, es un factor que refuerza las desigualdades de género. Es decir, la falta de acceso a los productos sanitarios es una importante barrera que impide que millones de mujeres y niñas en todo el mundo alcancen todo su potencial social y económico.
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En el Día de la Higiene Menstrual queremos romper el silencio respecto a la problemática que existe en torno a la pobreza menstrual; lo que origina dicha problemática y cómo debe ser acabada. Con el fin de garantizar la dignidad de las mujeres y personas transgénero de bajo ingreso, es necesario asegurar que la salud menstrual sea una cuestión de salud pública protegida por los derechos humanos. Debe considerarse que el ciclo menstrual impacta negativamente el acceso a espacios públicos y privados, la igualdad de género y la justicia social.
Una gran mayoría de mujeres en alguna etapa de su vida han sacrificado días en la escuela, el trabajo y su vida social. Esto, porque no pueden permitirse el lujo de vivir sus periodos de manera segura y digna, y esto causa una afectación desproporcionada a sus oportunidades de vida. Las personas menstruantes también pierden el salario y la educación, debido a que faltan a la escuela y al trabajo por causa de dolores y otros problemas de salud asociados con la menstruación. Todas estas personas están viviendo la pobreza menstrual, que es una realidad que se agrava debido al estigma que hay entorno a la menstruación.
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Una de cada diez mujeres en el Reino Unido, más de la mitad de las adolescentes en el África subsahariana, y el 70% de las mujeres en la India, no pueden pagar el costo de las toallas higiénicas. Incluso en Estados Unidos, un estudio reciente encontró que dos tercios de las mujeres y niñas de bajos ingresos en St. Louis, MO, no podían pagar los productos de higiene menstrual, por esta razón, usaban telas, trapos o papel higiénico sacado de baños públicos.
Literalmente, puede ser letal que las mujeres y niñas que viven en la pobreza recurran a la reutilización de productos viejos, periódicos, papel higiénico, calcetines, trapos, hojas, barro y otros materiales que amenazan la salud para controlar su flujo menstrual.
Cubierto de ignorancia y desinformación, el período menstrual es un tema tabú, que no se discute abiertamente, especialmente entre los hombres. Así, considerando que los hombres constituyen la mayoría de los líderes mundiales, la salud menstrual ha quedado fuera de las políticas, planes y presupuestos públicos. De esta manera, el desequilibrio de poder político que existe entre géneros en la toma de decisiones, ha conducido a desigualdades en el acceso a la educación y a la riqueza.
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Un ejemplo de cómo la pobreza menstrual es un síntoma de discriminación sistemática contra las mujeres es el llamado “impuesto a los tampones”. Éste existe en la mayoría de los países y clasifica los productos menstruales como “de lujo” y “no esenciales”; pero al mismo tiempo exime a otros productos de higiene como desodorantes y máquinas de afeitar. Este “impuesto” ilustra la profundidad de las estructuras legales de género, como el sistema fiscal “neutral”.
En muchos estados de los EEUU, los artículos como el champú para la caspa, los medicamentos para tratar la pérdida del cabello, o la disfunción eréctil, están exentos de impuestos; sin embargo, treinta estados todavía gravan los tampones y las toallas higiénicas, negándose a clasificarlos como “artículos de primera necesidad”. Además, un estudio sobre precios de género en Nueva York, encontró que los productos para mujeres en general cuestan un promedio de 7% más que los productos para hombres. Pero cuando se trata de artículos de cuidado personal, la diferencia es del 13%.
En última instancia, el “impuesto a los tampones” es, tanto una forma de discriminación de género, como una violación de las normas de derechos humanos.
No obstante, de forma lenta pero segura, cada vez más países están progresando. Gracias a las organizaciones de mujeres, y a las líderes políticas que han puesto de relieve las necesidades de salud de las mujeres, los gobiernos están diseñando cada vez más políticas para hacer que los productos sanitarios sean más accesibles. No solo a través de la reducción de impuestos, sino también de otras medidas como las subvenciones o la distribución gratuita. Escocia se convirtió recientemente en el primer país del mundo en garantizar que los tampones y las toallas sanitarias sean gratuitos para cualquier persona que los necesite.
En 2017, Nepal comenzó a distribuir toallas sanitarias gratuitas en las escuelas de todo el país con la esperanza de reducir el ausentismo escolar. Por su parte, en Nigeria, el Gobierno Federal clasificó a las toallas sanitarias de producción local, como uno de los 20 productos básicos exentos de un nuevo aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En 2018, Colombia eliminó todos los impuestos a las toallas higiénicas y los tampones, extendiendo la exención a las copas menstruales en abril de este 2021.
En 2004, Kenia fue el primer país en dejar de gravar los productos menstruales. Canadá puso fin al impuesto en 2015; Australia, India y Malasia hicieron lo mismo en 2018; y el Reino Unido se convirtió en el último país en hacerlo a principios de este año. Solo en el último año, cinco estados de EE. UU. (Ohio, Rhode Island, Utah, Washington y California) han terminado con sus impuestos sobre los tampones.
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Hacer que los productos para la menstruación sean asequibles es un paso necesario hacia la igualdad de género; pero también un paso crucial para derribar las barreras que estigmatizan la menstruación. Es un reconocimiento de que los procesos biológicos de la mujer ya no obstaculizarán su educación y perspectivas futuras, contribuyendo así a la lucha por la plena igualdad de género.
En este Día de la Higiene Menstrual hacemos un llamado a los gobiernos de todo el mundo para que aborden la problemática de la pobreza menstrual. Deben eliminar cualquier sesgo en la legislación fiscal o de otro tipo que contribuya a la discriminación de género. Los gobiernos deberían considerar eliminar el “impuesto al tampón” o aplicar excepciones o tasas de IVA del 0% a estos bienes básicos esenciales.
También deben apoyar los movimientos para promover la disponibilidad generalizada de suministros sanitarios y considerar la provisión de suministros higiénicos femeninos complementarios en ciertos espacios como escuelas, refugios para personas sin hogar y para mujeres de bajos ingresos, con el objetivo de erradicar la problemática de la pobreza menstrual. Estas medidas tendrían un beneficio inconmensurable para las mujeres y serían un paso importante para la igualdad de género.
Es posible que la menstruación solo le ocurra a una parte de la población, pero la menstruación segura, higiénica y digna nos beneficia a todos.
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Catarina de Albuquerque es Directora Ejecutiva de la organización “Saneamiento y Agua para Todos”. Se unió a SWA en 2014 y desde entonces ha aumentado la voluntad política a favor del agua, el saneamiento y la higiene. Ha posicionado a SWA como un contribuyente vital para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Anteriormente fue la primera Relatora Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento.
La Dra. Magdalena Sepúlveda es la Directora Ejecutiva de la Iniciativa Global de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es integrante de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT). Y forma parte del Panel de Alto Nivel de las Naciones Unidas (ONU) sobre Responsabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integridad para Lograr la Agenda 2030. Anteriormente, fue la primera Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos.
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