por Verónica Malo
La educación constituye uno de los pilares fundamentales para desarrollar las capacidades de todo ser humano. Además, es un mecanismo para propiciar la movilidad intergeneracional ascendente; a saber, la mejora en el logro educativo de los hijos respecto al de sus padres
No es casualidad que los principales obstáculos para la movilidad social estén asociados con precarios niveles de capacitación y escasas habilidades, tanto cognitivas como sociales, con las cuales los mexicanos se incorporan al sistema educativo formal.
Por ello resulta fundamental analizar los resultados que ha tenido la política pública de inserción de la participación de los padres de familia en el quehacer cotidiano de los planteles escolares a través de los programas federales de educación básica -resultado de la reciente reforma educativa-.
Un elemento clave en el diagnóstico histórico de la educación nacional es la desigualdad en el acceso a la educación. Ésta se manifiesta no sólo en la disparidad de cobertura entre géneros, grupos sociales y regiones del país, sino también en la calidad de la educación, en la pertinencia de los modelos educativos y en los diversos entornos socioeconómicos en los que se insertan los individuos.
La complicación radica en que, para lograr una buena educación y una movilidad ascendente, así como para reducir la desigualdad social, los varios componentes de la diversidad de condiciones y la provisión educativa se encuentran entremezclados. Entre ellos, los procesos de enseñanza en escuelas y hogares, la mejora y mantenimiento de instalaciones educativas, y los incentivos personales y familiares para evitar la deserción escolar y propiciar el acceso a la educación terciaria. La mejor educación generalmente tiene lugar en las comunidades que menos la necesitan, pero que socialmente más la propician. Por el contrario, la peor educación generalmente la reciben quienes más la necesitan, pero menos la demandan.
Al respecto, es importante tener presente que el entorno familiar es el ámbito central e inicial del desarrollo social y personal de los individuos (CONAPASE, 2015). En el Informe de Movilidad Social 2013, coordinado por el CEEY, el análisis de la movilidad prospectiva señala la fuerte correlación entre el nivel educativo de madre y padre, la educación de sus hijos y las expectativas educativas que los padres de familia tienen hacia ellos (Vélez, et al., 2013). Así, los resultados del estudio sugieren que las condiciones de origen familiar son las que más pesan en el futuro educativo de los mexicanos.
Por lo anterior, la participación responsable de las familias en la gestión de los planteles escolares ha adquirido una renovada relevancia dentro del diseño de esquemas, acciones y políticas para impulsar el aprendizaje de la niñez y fomentar la movilidad social de la juventud. Asimismo, resulta necesario encontrar mecanismos para que padres y madres trasladen la riqueza del espacio escolar al seno familiar.
De lo expuesto se desprende que un objetivo fundamental de las políticas educativas en México –particularmente en los niveles de educación preescolar y primaria- (I) debiera ser el fomento de la participación social responsable e informada de las familias, especialmente de los padres y madres, en el quehacer escolar de sus hijos. La participación social es una poderosa vía para romper la fuerte correlación que existe entre el entorno socioeconómico de los hogares y los logros educativos de los estudiantes (Daude, 2012).
Una de las primeras reformas impulsadas por la presente administración federal fue la educativa (DOF, agosto de 2013). Los aspectos que cobraron mayor relevancia fueron las transformaciones del servicio profesional docente y la evaluación del profesorado. En otro plano se dejó lo relativo a la participación social en la educación, específicamente la función a desempeñar por los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación (CEPS).
No es aventurado, pues, afirmar que para ser efectivos e incluyentes, los instrumentos de política pública de educación básica y media superior deben contemplar la participación social en la educación: fortalecer la atención de los padres y los diversos grupos sociales al estado de las escuelas y los estudiantes en sus comunidades; profundizar la comunicación de las escuelas con los padres de familia y alentar la participación de los padres y madres en la formación de sus hijos (Tuirán, 2014).
La participación social en la educación se desarrolla, entre otras formas, de manera institucional en el ámbito público y privado a través de las asociaciones de padres de familia, los CEPS, los Consejos Técnicos Escolares (CTE), las diversas sociedades de alumnos, y las redes conformadas por organizaciones de la sociedad civil abocadas a la mejora educativa (CONAPASE & Zurita, 2015).
Al respecto, nótese la promulgación del Acuerdo Secretarial 716 (SEP, 2014). En éste se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los CEPS en todas las escuelas de educación básica del país. En dicho Acuerdo, el ejercicio de la participación social se encuentra normativa e institucionalmente reconocido en los procesos de definición; en la puesta en marcha, evaluación y seguimiento de las políticas educativas; en los ámbitos escolares; así como en la relación entre los distintos órdenes de gobierno en el marco de la descentralización educativa. De hecho, todos los programas estrella (II) de educación básica de la actual administración federal (III) contemplan un componente de intervenciones multifacéticas: de desarrollo cognitivo; convivencia escolar; salud; nutrición e infraestructura; por vía de la participación social en los ejercicios de gestión, contraloría social (IV) y autonomía escolares (V).
Ahora resulta imperativo que, conjuntamente en los ámbitos académico, de gestión pública y de la sociedad civil organizada, se fortalezcan el marco facultativo, el ejercicio y los resultados de la participación social sistémica en la educación (Zurita, 2013), con el objetivo de identificar los alcances y las implicaciones que programas y políticas públicas han tenido tanto en mejoras en el aprendizaje y el rendimiento educativo, como en la movilidad ascendente relativa de los estudiantes.
En otras palabras, evaluar si la participación social en la educación de los hijos por parte de los padres de familia se ha visto reflejada en una mejora de las variables educativas que, de forma directa y probada, alientan la movilidad social ascendente: la reducción en el abandono y en el acoso escolar; el desarrollo de habilidades sociales y mejoras académicas; el incremento en la convivencia padres-hijos; la presencia de una supervisión educativa de la familia; y una mayor cohesión social en los ámbitos educativos.
Notas:
I. La evidencia de los países de la OCDE muestra que el vínculo estricto entre la educación de los padres y el rendimiento escolar de los hijos es más débil en aquellos que tienen mayores niveles de cobertura y mayores transferencias federales en programas de educación preescolar (Causa y Chapuis, 2009).
II. Programas de transferencias federales condicionadas.
III. El Programa de la Reforma Educativa, el Programa de las Escuelas de Tiempo Completo, el Programa de Escuelas Dignas, el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa y el Proyecto a Favor de la Convivencia Escolar.
IV. La contraloría social es el mecanismo con que cuentan los beneficiarios de los Programas SEP para transparentar y rendir cuentas de los apoyos recibidos para el mejoramiento de la escuela o mediante el otorgamiento de programas de naturaleza federal, estatal o municipal.
V. La autonomía escolar es el proceso de mejora de la administración de las escuelas, sustentado en una combinación de descentralización de la gestión de recursos materiales y humanos, mayor autonomía de los directivos de los centros educativos y mecanismos de monitoreo, transparencia y rendición de cuentas de y hacia la comunidad del ámbito escolar.
Referencias:
I. Causa, Orsetta & Catherine Chapuis (2009). “Equity in Student Achievement Across OECD Countries: An Investigation of the Role of Policies,” OECD Economics Department Working Papers 708, OECD, Economics Department.
II. CONAPASE, SEP (2015). Sobre participación social en la educación. La participación de las familias en la escuela. Serie Boletín de Temas Selectos de la Participación Social en la Educación. Lecturas para la Reflexión. Documento de trabajo.
III. CONAPASE, SEP & Úrsula Zurita (2015). Los Consejos de Participación Social en la educación básica a partir de la reforma impulsada en el sexenio 2012-2018: Cambios, avances y desafíos próximos. Serie Boletín de Temas Selectos de la Participación Social en la Educación. Lecturas para la Reflexión. Documento de trabajo.
IV. Daude, Christian (2012). Educación, clases medias y movilidad social en América Latina. Pensamiento Iberoamericano, no. 10.
V. Diario Oficial de la Federación (2013). DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 11 de septiembre de 2013, de DOF. Sitio web: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313841&fecha=11/09/2013 (consultado el 14 de mayo de 2015).
VI. Diario Oficial de la Federación (2014). ACUERDO número 716 por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación. 7 de marzo 2014, de SEP. Sitio web: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/62550be0-b2d6-4c65-9324-0f0ca932e616/a716.pdf (consultado el 14 de mayo de 2015).
VII. Poder Ejecutivo Federal (2007). Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México: Presidencia de la República.
VIII. Tuirán, Rodolfo. (2014). Retos y oportunidades en la educación media superior. Ponencia en la Cumbre de Líderes en Acción por la Educación 2014. 29 de octubre de 2014, de clase.org.mx. Sitio web: http://clase.org.mx/2014/?p=8021 (consultado el 14 de mayo de 2015).
IX. Vélez, Roberto, Raymundo Campos y Juan Enrique Huerta. (2013). Informe de Movilidad Social 2013. Imagina tu Futuro. México: CEEY.
X. Zurita, Úrsula. (2013). Paradojas y dilemas de la participación social en la educación básica en México. Revista Apuntes Vol. XL, núm. 72. Enero – junio 2013, Lima Perú, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
| Verónica Malo Directora del Programa de Desarrollo Social con Equidad del CEEY. Es licenciada en Ciencia Política por el ITAM. Obtuvo la Maestría y Doctorado en Gobierno por la Universidad de Georgetown. Ha ocupado diversos puestos directivos en la administración pública, entre ellos, Titular de Unidad de Presidencia de la República (1998-2000). |
