El domingo 4 de junio se celebraron dos elecciones estatales en México: por las gubernaturas del Estado de México y Coahuila respectivamente, y si bien, todavía falta que dirimir juicios de inconformidad y que les entreguen las declaraciones de validez de ambos comicios, se puede asentar que a menos que algo extraordinario ocurra los próximos gobernadores de cada entidad serán Delfina Gómez Álvarez y Manolo Jiménez Salinas.
Escrito por: Andrea Samaniego Sánchez
Si acaso por la ruptura que existió entre los posibles candidatos de Morena por la gubernatura de Coahuila, los reflectores se enfocaron fuertemente en la elección del Estado de México. Lo cierto es que podemos extraer algunas reflexiones sobre los comicios de ambas entidades y su enseñanza para el futuro de la democracia.
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Parte de la relevancia de la elección radica en el número de electores que la conformaron, no es para menos, la lista nominal del Estado de México es de 12,606,922 ciudadanos con credencial para votar lo que representa el 13.16% de la lista nominal nacional esto considerando las cifras del INE y que la coloca como la entidad con mayor número de votantes seguida por la Ciudad de México (7,808,292), Jalisco (6,419,291) y Veracruz (5,970,098) respectivamente. Por el contrario, Coahuila tiene una lista nominal de 2,333,040 personas, lo que representa el 2.4% del total nacional, lo que lo coloca a la mitad de la tabla, en el lugar quince de población en lista y con credencial para votar.
En la primera elección, la del Estado de México votaron 6,214,217 personas, lo que representa una participación del 49.38% del total de personas que conformaron la lista nominal. Esta cifra se asemeja a la obtenida en la contienda de 2017 cuando la participación fue del 53.7% y la del 2011 con una del 45.37%, es decir, si bien se puede hablar de que la participación no fue mayoritaria, lo cierto es que es un porcentaje dentro de lo esperado en la entidad.
Por su parte, en la elección de Coahuila votaron 1,302,756 ciudadanos, lo que representa una participación del 55.59%; mientras que en las elecciones de 2017 y 2011 fue de 60.5% y 61.62%, por lo que, aunque la participación fue de más de la mitad del padrón, lo cierto es que existe una tendencia a la baja en la misma.
De lo anterior deriva una interrogante ¿qué es aquello que debieran hacer los partidos políticos para acercarse a la ciudadanía y que se traduzca en una mayor participación? Esta pregunta es relevante porque, de no encontrarse los discursos necesarios para vincular a partidos con ciudadanía, pronto la segunda pudiera cuestionarse sobre la idoneidad de la democracia.
Los partidos políticos debieran trabajar en ello, lo mandata la Constitución en su artículo 41 al consignar que tienen como fin la participación del pueblo, sin embargo, observamos ejemplos a lo largo y ancho del territorio en donde esto no se cumple. Si un régimen democrático no encuentra las formas para que la ciudadanía comprenda la necesidad de su participación, ese régimen puede ser proclive de cuestionamientos hacia su legitimidad, su forma de actuar, su razón de ser.
Por ello, hay que fortalecer a la ciudadanía, desde todos los frentes como la academia, la familia, en fin, en los espacios de socialización y debemos dejar de pensar que no se debe de hablar de política y del quehacer de los políticos, porque lo queramos o no, ésta se encuentra en todos los ámbitos de nuestra vida y sus acciones tienen consecuencias para nuestra vida cotidiana.
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