No es posible consolidar una democracia funcional sin partidos políticos. Se trata de instituciones insustituibles para garantizar el desarrollo de procesos ordenados de disputa por el poder en un marco constitucional y un orden jurídico que establece reglas claras de acceso, permanencia y transmisión del poder.
Escrito por: Saúl Arellano
Los partidos políticos son el mejor vehículo que se ha inventado hasta ahora, para que, en democracia, la ciudadanía se exprese, manifieste sus preocupaciones, contraste posiciones y visiones frente a quienes detentan los cargos políticos y de representación, y también participe abiertamente por el acceso a candidaturas y cargos de elección popular.
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Por esas razones y más, los partidos políticos son parte consustancial a la democracia; son irremplazables en la construcción y consolidación de regímenes constitucionales; y, sobre todo, por ello se han concebido en nuestro sistema político como entidades de interés público, es decir, sirven a la ciudadanía y tienen la responsabilidad de construir plataformas ideológicas y programáticas con representatividad popular.
Lamentablemente para nuestro país y para nuestra democracia, los partidos políticos mexicanos se encuentran muy cerca de la podredumbre. Su capacidad de representatividad está sumamente erosionada; se les asocia a las peores prácticas de la corrupción, y amplias franjas de la población les percibe en buena medida asociados a la delincuencia.
Los datos de la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2021), son reveladores de la crisis por la que atraviesan estos organismos. En efecto, los partidos políticos salen peor evaluados incluso que las policías municipales, pues en el ánimo ciudadano, sólo el 2.3% manifiesta tener mucha confianza en ellos (en las policías municipales es de 3.8%).
Asimismo, el 25.6% de la ciudadanía declara tener “algo de confianza en los partidos”; el 36.3% declara tener “algo de desconfianza”; y el 32.7% manifiesta mucha desconfianza respecto de los partidos políticos en su conjunto.
Preocupa además que, de acuerdo con la propia ENCIG, 2021 únicamente el 3% de la ciudadanía declara mucha confianza en las Cámaras de Diputados y Senadores (indicador igualmente menor al de los policías municipales); el 31.3% declara “algo de confianza” en diputados y senadores; el 35.8% declara “algo de desconfianza”; y el 22.5% declara tener “mucha desconfianza” en las y los legisladores del Congreso de la Unión.
El dato es más que relevante porque no debe olvidarse que en el Congreso, las y los diputados se argumentan y votan en torno a sus Grupos Parlamentarios”, los cuales están directamente identificados con los partidos políticos por los que fueron postulados, lo cual debe interpretarse como un rechazo muy profundo respecto de la capacidad de representación partidista en nuestro país.
Hay quienes, ante tales datos, argumentan en consecuencia, que hay un rechazo absoluto de la ciudadanía ante la democracia como forma de gobierno. Pero esto no necesariamente es así, pues hay una diferencia muy importante entre el nivel de confianza respecto de los partidos políticos y las y los representantes populares, y los organismos electorales. Así, por ejemplo, el 8.4% de la ciudadanía declaró “confiar mucho” en estos organismos (casi cuatro veces más que en los partidos políticos); el 44% declaró tener “algo de confianza en esos organismos), es decir, casi 20 puntos porcentuales más que los partidos; mientras que el 29.3% declaró tener “algo de desconfianza”; así como un 13.7% que declaró tener “mucha desconfianza”, indicador que resulta 2.4 veces menor al de los partidos políticos.
Todo lo anterior no es casual. Ante un gobierno que ha logrado tener hegemonía en nuestro país; respaldado en un movimiento que no logra institucionalizarse y transformarse en un partido político funcional, los otros partidos se encuentran fracturados y al borde de la decadencia. Tenemos a dos partidos satélite, que auténticamente representan lo peor de las prácticas de lucro con el poder, que son el PT y el Partido verde.
Enfrente se encuentran partidos desdibujados, y en los cuales se anidan buena parte de los peores intereses, y de las posiciones más conservadoras y peligrosas para los derechos humanos. En efecto, ni el PRI ni el PAN ni el PRD ni Movimiento Ciudadano son instituciones que hayan logrado construir una nueva propuesta de país, que sea creíble y que confronte eficazmente el extravío en el que nos tiene metido el actual gobierno.
Es urgente que los institutos políticos con registro cambien de estrategia; se sacudan a las mafiosas dirigencias que hoy controlan sus estructuras y viven de administrar la venta y reparto de candidaturas; y que han sido incapaces de liderar procesos de refundación y, sobre todo, de convocatoria a ciudadanas y ciudadanos que, con base en prestigios y posiciones éticas individuales, les permita comenzar a “dar una nueva cara” a la ciudadanía.
Por ahora, como están, es evidente que difícilmente activistas, académicas o académicos, intelectuales con trayectorias serias, arriesguen su prestigio personal para acompañar a los aventureros del lucro político; ¿Quién en su sano juicio querría siquiera tomarse una fotografía al lado de “Alito” y Moreira? ¿también quién anhelaría aparecer en imágenes al lado de Anaya y Marko Cortés?; ¿y Quién, junto a Jesús Zambrano; y quién junto a Alfaro o Samuel García?
Las militancias de los partidos políticos están hoy obligadas a renovar a sus dirigencias; a exigir un auténtico “golpe de timón” y rescatar a lo poco que queda de sus institutos políticos del proceso de podredumbre que les corroe, y que tiene al país al borde del colapso democrático.
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