Cualquier persona que observe noticiarios, de prácticamente cualquiera de las empresas de comunicación que hay en México podrá constatar, no queda claro si se le debe llamar retroceso, o bien, un severo estancamiento, en la forma en cómo se hace periodismo en nuestro país. Me refiero particularmente a que, sobre todo en lo que se refiere a las notas relativas a los estados de la República, es cada vez más evidente el uso descarado, o peor aún, mediante pago, de boletines elaborados por las oficinas de prensa de las y los gobernadores.
Escrito por: Saúl Arellano
En efecto, en un contexto en que el ejercicio periodístico ha sido marcado por la constante amenaza de violencia y represión, el uso de boletines de prensa como fuente primaria de información en los noticiarios es una práctica no solo preocupante, sino profundamente irresponsable. México, tristemente reconocido como uno de los países más peligrosos para los periodistas, enfrenta una realidad que pone en jaque la libertad de expresión y la función misma de la prensa como vigilante del poder. El contexto de violencia que impera contra el gremio periodístico obliga a cuestionar la efectividad y ética de depender de boletines de prensa oficiales, particularmente en un ambiente donde la verdad y la transparencia son vitales.
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Las cifras más recientes publicadas por la organización Artículo 19 son escalofriantes y revelan un panorama sombrío para el periodismo en México. Hasta agosto de 2023, la organización documentó 157 asesinatos de periodistas desde el año 2000, de los cuales, 34 ocurrieron durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Además, la misma organización ha registrado más de 2,400 agresiones a periodistas en los últimos cinco años. Esta cifra incluye amenazas, intimidaciones, ataques físicos, secuestros y censura, lo que subraya la vulnerabilidad extrema en la que los periodistas trabajan a diario.
El peligro es real y palpable: las agresiones contra la prensa no son hechos aislados, sino parte de una estructura sistemática de violencia que busca silenciar a quienes se atreven a desafiar las narrativas oficiales o exponer la corrupción, el crimen organizado y los abusos de poder. Esta represión ha forzado a muchos medios y a periodistas, tanto colaboradores de medios, como independientes, a autocensurarse o a buscar alternativas seguras para informar, como la mencionada difusión de boletines oficiales, lo que trae consigo graves implicaciones.
Es un hecho que la práctica de basar los noticiarios en boletines de prensa elaborados por dependencias gubernamentales es una estrategia de supervivencia para algunos medios. Sin embargo, esta táctica es también una traición a la ética periodística. Los boletines no están diseñados para informar de manera imparcial, sino para presentar una narrativa oficial, controlada y favorable a los intereses de quien los emite. En un país donde el gobierno y el crimen organizado ejercen presiones y amenazas sobre la prensa independiente, los boletines se convierten en una herramienta para consolidar la censura y manipular la percepción pública.
El periodismo, en su esencia, debe cuestionar el poder, exponer irregularidades y servir como contrapeso democrático. Al usar boletines, los medios no solo abdican de su responsabilidad de investigar y verificar la información, sino que también contribuyen a la desinformación y a perpetuar narrativas oficiales que puede ser selectivo o incluso engañosas o incluso, francamente mentirosas.
De esta forma, este tipo de prácticas alimentan una narrativa de silencio, donde las voces disidentes, las críticas y las investigaciones independientes quedan relegadas y son también cada vez más reducidas. Las investigaciones periodísticas, que a menudo implican riesgos personales y profesionales, son fundamentales para desenmascarar la corrupción, los vínculos entre el poder político y el crimen organizado, y las injusticias que se cometen en todo el país.
Al sucumbir a este tipo de prácticas se deja en la oscuridad la realidad en la que viven muchos periodistas en México. El país no solo necesita reportajes sobre la violencia, sino también visibilizar agendas que son urgentes y de las cuales depende la salud, la educación, la vivienda, el transporte y, en general, la garantía efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.
Para que el periodismo mexicano recupere su vitalidad y cumpla con su función crítica, es esencial que los medios que han asumido esta práctica como realidad cotidiana se liberen de la dependencia de boletines y retomen su compromiso con la investigación y la verificación de hechos. Las amenazas a la seguridad o las presiones financieras o económicas no deben ser motivo para abandonar la ética y la responsabilidad informativa. Por el contrario, en momentos de crisis, es cuando el periodismo independiente y valiente se vuelve más necesario.
La violencia contra la prensa libre en México es una realidad brutal que no puede ignorarse. La protección y la dignificación de esta labor, esencial para la libertad y la democracia, requieren no solo de leyes y medidas de seguridad, sino también de una conciencia colectiva que valore y exija un periodismo libre de malas influencias gubernamentales y comerciales. Los boletines de prensa pueden ser herramientas útiles para ciertos propósitos, pero jamás deben reemplazar el periodismo investigativo, especialmente en un país donde los periodistas mueren por decir la verdad.
Esta preocupante realidad no solo es un síntoma de la crisis que enfrentan algunos sectores del periodismo en el país, sino una traición a los principios más fundamentales de la libertad de expresión. La violencia contra la prensa no cesará si los medios renuncian a su papel crítico; y el país solo se sumirá más en la oscuridad si la verdad sigue siendo sofocada por los intereses del poder.
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Investigador del PUED-UNAM
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