Periodismo y rendición de cuentas

por Manuel Alejandro Guerrero

Habría muchas razones para suponer una alianza natural entre periodismo y rendición de cuentas. Sin embargo, en México a pesar de las alternancias, las tecnologías digitales y la emergencia de públicos más exigentes, al periodismo le cuesta mucho ser un factor real para promover la rendición de cuentas

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Es aquí donde se hace indispensable traer a cuento a las organizaciones a través de las cuales periodistas y reporteros hacen su labor: los medios. Periodismo y medios no son lo mismo, pero el estado actual del primero no se entiende del todo sin referencia a los segundos y su vínculo con la política. Al final de un breve recuento de la relación entre ellos, señalo una vía para fortalecer el papel vigilante del periodismo a favor de la rendición de cuentas de la clase política y de las instituciones públicas.

Periodismo en México: difícil contexto

Rendición de cuentas –traducción inexacta del término inglés accountability– implica la obligación permanente de las autoridades para responder, explicar y justificar las decisiones que toman y el destino de los recursos que emplean. Al mismo tiempo, la rendición de cuentas conlleva una sanción para aquellos servidores públicos que abusen de sus puestos y no cumplan con lo que deben hacer del modo en que lo deben hacer.

El periodismo, al informar y vigilar, tiene el potencial de mantener un espacio público abierto, deliberativo y crítico, contribución fundamental para un sistema político democrático saludable. En México el sistema político no ha generado condiciones favorables para el periodismo profesional; éste se ha ejercido, en general, a pesar de él.

Como muchos otros sectores económicos y sociales en el México posrevolucionario, los medios de comunicación –las organizaciones a través de las cuales periodistas y re- porteros hacen su labor– quedaron insertos en una relación con el Estado de tipo corporativista (representación sectorial organizada) y clientelista (intercambio constante de apoyos fiscales y económicos a cambio de lealtad política).

A lo largo del Siglo XX diversos mecanismos apuntalaron la operación de esta relación (Guerrero 2011: 237ss):

a) Relaciones estrechas de grupos políticos con dueños y editores de medios, lo que permitía que los medios sirvieran más como intermediarios de intereses políticos que como informadores de la sociedad.

b) Control estatal mayoritario sobre la distribución del papel para imprimir a través de la Productora e Importadora de Papel, S.A. (PIPSA) que al mismo tiempo subsidiaba convenientemente el costo de este papel para los medios.

c) Creación de la Unión de Voceadores, afiliada al PRI a través de la CTM, que desde 1944 hasta principios de los noventa centralizó la distribución de material impreso.

d) Centralización de información pública a través de los Departamentos de Prensa y Publicidad en cada dependencia gubernamental (López Portillo cambió su nombre a Oficinas de Comunicación Social). Su finalidad original era dar a conocer las actividades cotidianas y el cumplimiento de programas y resultados de cada dependencia. En realidad promovían a sus titulares y redactaban boletines que directa- mente se insertaban en los medios como “información”.

e) Discrecionalidad en el gasto publicitario gubernamental que, ante la falta de lectores suficientes y de mercados publicitarios robustos, era una fuente de ingreso vital para los medios.

f) Compensaciones salariales directas a periodistas y reporteros –conocidas como “embute”, “sobre”, “chayote”– por parte de dependencias y servidores públicos, que en muchas ocasiones eran mayores que los sueldos de sus medios.

Lo anterior consolidó lo que Granados Chapa (1981) definió como “censura ambiental”, donde los medios sabían muy bien los límites de lo que se podía publicar. Para el periodismo hubo, al menos, tres grandes consecuencias. Para empezar, si bien siempre hubo excepciones notables, en general se hizo muy difícil desarrollar un periodismo vigilante y crítico. El entorno favorecía, sobre todo, la práctica periodística dócil, con bajísimos incentivos para la investigación, orientada a la reproducción –compensada o no– de boletines, declaraciones y filtraciones. No es casual que una de las secciones más leídas de los diarios siga siendo la de los “trascendidos”.

Además, la aceptación de las compensaciones, del empleo de espacios informativos con fines políticos o comerciales y de la reproducción acrítica de declaraciones como prácticas recurrentes entre periodistas no sólo impidió el surgimiento de un espíritu de cuerpo entre ellos, sino que restó legitimidad a cualquier intento de organización autónoma e independiente. Las organizaciones que hay viven bajo la sospecha mutua acerca de sus ver- daderos patrocinadores y objetivos.

Finalmente, en buena medida como consecuencia de lo anterior, el periodismo en México ha contado con un prestigio social que, nuevamente salvo excepciones individuales, ha sido comúnmente muy mediano. Si bien la ENCUP 2012 indica que 55.3% confía “algo” en la prensa, la imagen más frecuente del periodista mexicano ha sido menos la del aliado natural de las causas cívicas y vigilante contra el abuso del poder, y más la del personaje cercano a éste. Esta imagen, desde luego, no necesariamente define a la mayoría de quienes ejercen el periodismo, pero ayuda a explicar el bajísimo reclamo social e indignación ciudadana ante los crímenes, delitos y abusos cometidos contra periodistas y, sobre todo, la persistencia de la idea macabra de que ellos pueden ser responsables de su tragedia (“seguro andaba metido en algo”).

La promesa de la transición

Entre 1997 y 2000 innumerables artículos y ensayos argumentaron que la posible “salida del PRI de Los Pinos” generaría un auténtico florecimiento democrático a partir del surgimiento de un sistema de pesos y contrapesos entre partidos, entre poderes del Estado y entre federación y entidades, bajo la mirada de una sociedad participativa.

En los medios la alternancia apuntaló varios cambios importantes en su relación con el Estado. Desde los 90 se había resquebrajado el control de la Unión de Voceadores sobre la distribución de periódicos e impresos, así como también se había finiquitado PIPSA. A ello se suma que a partir de 2002 la aprobación de la Ley Federal de Transparencia, la creación del IFAI y las reformas subsecuentes abrieron la posibilidad de acceder a información pública como nunca antes.

Sin embargo, la gestación de un sistema democrático con rendición de cuentas requiere de un círculo virtuoso entre una oposición política real, un periodismo autónomo y vigilante y una sociedad participativa. Y hacen falta cambios para iniciarlo.

La oposición que llegó al poder mediante reglas de acceso al poder equitativas, competitivas y abiertas ha carecido de incentivos necesarios para transformar a fondo las viejas reglas del ejercicio del poder. En lugar de consolidar un Estado de derecho y de vigilarse mutuamente, la clase política multipartidista ha preferido mantener sus nuevos cotos de poder para hacer negocios sin interferencia y obtener rentas de clientelas que organizan y movilizan desde oficinas públicas. No es casual que esté aprobando a rastras y con la mayor lentitud las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

En relación con los medios y el periodismo, esta clase política multipartidista ha adoptado los viejos modos de cercanía con dueños y editores, aunque ahora depende del grupo mediático, del partido y de la región. Asimismo, las compensaciones salariales tampoco han desaparecido, sobre todo en provincia. Más aún, el gasto público en medios no sólo sigue siendo discrecional, sino que ahora es más sofisticado: ya no sólo se canaliza a través de la inserción publicitaria, sino que ahora se llega a “comprar” directamente el contenido informativo. Como resultado seguimos teniendo boletines e “infomerciales” políticos que se hacen pasar por información o, de plano, la súbita aparición de publicaciones promoviendo a políticos –a pesar de la ley–.

 ¿Y entonces?

Sería injusto asociar hoy a todos los medios y al periodismo en general con estas prácticas. Hay medios que están apostando por ofrecer información de mayor calidad a lectores y audiencias más exigentes, así como también hay periodistas que, debido a la falta de espacios en medios tradicionales, han decidido sacar mayor provecho tanto de las tecnologías digitales, como de la publicación de sus trabajos en libros y otros formatos. No obstante, no se podría negar que el contexto político general sigue siendo favorable para las viejas prácticas.

Para generar el círculo virtuoso, hoy contamos con un número –quizá cuantitativamente pequeño, pero cualitativamente muy importante– de audiencias exigentes y con algunos medios importantes comprometidos con un periodismo vigilante, crítico y autónomo, pero con una clase política multipartidista con muy poca voluntad de consolidar mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

La propuesta es comenzar a romper el vínculo vicioso entre medios y clase política (que termina por capturar al periodismo) aprovechando la capacidad de esos sectores críticos y exigentes de la sociedad para impulsar, del mismo modo que la Ley 3de3, ahora una ley de publicidad oficial (prometida por este gobierno federal). Ésta es una condición necesaria –aunque no suficiente– para favorecer que el periodismo crítico, vigilante y autónomo sea regla y no excepción y, sobre todo, para ayudar a romper la nociva dependencia de los medios frente a la discrecionalidad del poder.

Manuel Alejandro Guerrero Profesor-Investigador, Universidad Iberoamericana