Del Plan A al C

El recuento: El Plan A consistía en reformar la Constitución para desaparecer al INE, pero el presidente López Obrador no pudo realizarlo porque no tiene la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Entonces surgió el Plan B para modificar las atribuciones y organización del INE. Ese si lo pudo realizar y consistió en reformar las leyes:  General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), General de Partidos Políticos (LGPP), Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), General de Comunicación Social y  la General de Responsabilidades Administrativas (LGRASP); también,  la derogación y  promulgación de una nueva  Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGMIME). Pero fue tanta la prisa de los legisladores de Morena y sus aliados, que no cuidaron el proceso legislativo. Dividieron la aprobación en dos partes y la primera ya fue declarada inconstitucional por 9 de los 11 Ministros de la SCJN.

Escrito por:  Ruth Zavaleta Salgado

La reacción: La respuesta no se hizo esperar, el titular del Poder Ejecutivo, recrudeció su discurso de odio en contra de la presidente Norma Piña y los Ministros que votaron la inconstitucionalidad y, dictó un Plan C que consiste en reformar la Constitución para cambiar la forma en que son electos las y los Ministros de la SCJN. Por el momento, el INE parece ya no importarle al presidente porque quizás, la nueva presidenta del órgano electoral le cae mejor que el anterior.

Para demostrarle su respaldo, se sumaron a las descalificaciones del Poder Judicial las y los 22 gobernadores de Morena y sus legisladores. Incluso, el Líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, declaró que quiere llevar a Juicio político a las y los Ministros. Algo totalmente sorpresivo porque él mismo voto en contra del Plan B.

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Respecto a la posibilidad de concretar el Plan C, cabe mencionar lo siguiente: En primer lugar, el presidente y Morena necesitan tener una mayoría calificada en el Congreso de la Unión y una mayoría absoluta de los Congresos locales, por lo que tendrán que esperar hasta la elección del 2024. En segundo lugar, en la gran mayoría de los regímenes políticos actuales, el Poder Judicial se integra por ministros y magistrados electos de forma Indirecta: EUA, España, Italia, Reino Unido, Francia, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú, etc. Incluso, algunos lo hacen bajo fórmulas que le garantizan mayor independencia al Poder Judicial, por ejemplo, con ternas que emanan del mismo poder judicial, o por medio de asociaciones gremiales o de profesionistas del Derecho. Incluso Venezuela que pudo ser la fuente de inspiración del populista presidente López Obrador, tiene una serie de filtros previos para elegir a quienes van a competir mediante voto popular por un cargo en el Máximo Tribunal de esa Nación.

En tercer lugar, vale preguntarse ¿por qué el presidente López Obrador quiere alterar nuestra forma de integrar el Poder Judicial? El sexenio ya casi termina, de hecho, el presidente duraría en su cargo muy pocas semanas después de la conformación del nuevo Congreso de la Unión. Cabe mencionar que la forma en que elegimos a los integrantes de cada órgano de Poder político, hasta este momento, ha rendido buenos resultados. Al Poder Ejecutivo y Legislativo de forma directa y a los miembros del Poder judicial por medio de la participación del mismo presidente de La República y el Senado. Incluso, el mismo presidente ha confesado que impulsó a 4 de los 11 ministros, entonces, ¿será que piensa que la elección popular le puede garantizar mayor lealtad? No lo sabemos. Lo que si queda claro es que el presidente ya inicio campaña al 2024 y cree que no cometerá los mismos errores.

Es decir, el presidente López Obrador se ha quejado de otros personajes que él mismo impulso al Senado de la República y que ahora, desde su punto de vista, le han dado la espalda. Sin embargo, quienes les dieron el voto a esos personajes no fue el presidente de la República, sino los ciudadanos y, por otra parte, como integrantes de un órgano de poder de contrapeso al Ejecutivo, lo menos que pueden hacer los senadores es cumplir con los mandatos constitucionales.

Eso es proteger  el Estado de Derecho. En donde los miembros de los poderes de la Nación protejan los derechos y libertades de los ciudadanos por encima de los intereses personales o de los caprichos de un presidente de la República, por muy popular que éste sea. De igual forma los Ministros de la SCJN, tal y como lo dijo la Presidenta Norma Piña al recibir el merecido Premio de Derechos Humanos 2023: “Los derechos humanos solo pueden garantizarse si hay independencia judicial sin presiones ni condicionamientos e impartición de justicia sin subordinación interna y externa…” Luego entonces, los ciudadanos debemos seguir manifestándonos de la forma en que podamos hacerlo,  para defender la Constitución y  las instituciones que hemos construido a lo largo de los años para consolidar nuestra democracia. Ayer fue por el INE  y el Tribunal Electoral, luego por el INAI, hoy por la SCJN. En el 2024, digamos NO al autoritarismo.

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