El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta retos monumentales para la elaboración del nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, sobre todo para lograr que sea creíble y funcional, a diferencia de lo que se tuvo en el mandato de Andrés Manuel López Obrador, en el cual ,en lugar de tener un instrumento para la administración y gobierno eficaz y racional del país, tuvimos un documento con meras arengas y posicionamientos ideológicos que poco o nada tenían qué ver con los procesos más básicos de la planeación del desarrollo.
Escrito por: Saúl Arellano
Desde esa perspectiva, el nuevo PND debe ser una herramienta que responda a las demandas sociales inmediatas, pero también cumplir estructuralmente, con una visión de mediano y largo plazo, con los principios constitucionales establecidos en los artículos 25 y 26; todo ello en el marco del mandato constitucional de garantizar de manera integral, universal y progresiva los derechos humanos.
En esa perspectiva, este Plan deberá articular una visión estratégica que integre a todos los sectores de la sociedad, priorizando la sostenibilidad, la inclusión y la equidad. Esto, porque no debe confundirse, como ha ocurrido hasta ahora, tener mayoría legislativa y de espacios de gobierno, con la negación de la posibilidad del disenso y la pluralidad de posiciones y visiones.
Lo anterior debe leerse a la luz de lo que establece el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual señala que el desarrollo nacional debe ser integral y sustentable, fortaleciendo la soberanía de la nación y promoviendo el bienestar de toda la población. Este mandato implica un equilibrio entre el crecimiento económico, la justicia social y la protección del medio ambiente, considerando a los derechos humanos como eje transversal de toda acción de gobierno, en cualquiera de sus niveles.
Por su parte, el artículo 26 define los lineamientos para un sistema democrático de planeación, en el que la ciudadanía tiene un papel activo en la formulación de políticas públicas. La Ley General de Planeación Democrática complementa esta disposición al subrayar la necesidad de coordinar los esfuerzos del gobierno federal, estatal y municipal en un marco participativo.
En este contexto, el próximo PND debe ser un proyecto incluyente, democrático y centrado en derechos humanos, asegurando que cada política, programa y estrategia promueva de manera progresiva el acceso efectivo a los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.
Los desafíos prioritarios en la construcción del PND se encuentran, por lo tanto, en la menos los siguientes temas:
- Reconocer explícitamente a los derechos humanos como eje rector de todas las acciones públicas. En efecto, el artículo 1° de la Constitución obliga al Estado a garantizar la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Para cumplir con esta obligación, el PND debe garantizar que cada meta y acción propuesta sea evaluada desde su impacto en los derechos humanos.
- Garantizar y fortalecer la participación ciudadana en la planeación. El enfoque participativo del artículo 26 requiere que el PND sea el resultado de un proceso abierto y transparente, donde se escuchen las voces de la sociedad civil, la academia, el sector privado y los pueblos indígenas. Claudia Sheinbaum tendrá el reto de institucionalizar espacios de diálogo efectivo, superando la desconfianza y fomentando la corresponsabilidad en la implementación de políticas públicas.
- Integrar la sostenibilidad como principio transversal. Esto implica enfrentar problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la reducción de la contaminación, alineando las políticas nacionales con los compromisos internacionales, como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La transición energética justa y el impulso a la economía circular son áreas clave donde el PND debe marcar una diferencia.
- Reducir las desigualdades territoriales. El desarrollo regional desigual ha sido una constante en México. Para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos en todo el territorio, el PND debe priorizar la inversión en infraestructura, servicios básicos y oportunidades económicas en las regiones más rezagadas.
- Financiamiento adecuado y políticas redistributivas. El cumplimiento de un PND ambicioso exige recursos fiscales suficientes y, de hecho, crecientes. En ese sentido, el gobierno de la República enfrentará el desafío de diseñar una reforma fiscal progresiva, que permita financiar las políticas sociales y de desarrollo sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
Considerando lo anterior, para que el PND 2025-2030 sea exitoso, deberá superar la visión tradicional de planeación centrada únicamente en el crecimiento económico, así como en propuestas de política inerciadas y de pasmosa continuidad de lo hecho por la administración anterior, bajo el supuesto de que todo camina adecuadamente.
En esa lógica, una visión integral de la planeación del desarrollo y el ejercicio del gobierno exige, al menos: a) el reconocimiento e integración de indicadores relativos a la garantía de los derechos humanos para medir el impacto de las políticas públicas; b) la rendición de cuentas periódica sobre los avances en las metas planteadas; y c) el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y los sistemas de monitoreo y evaluación.
Rolando Cordera ha planteado que, en un Estado Social de Derecho, la planeación debe ser entendida como una forma superior del diálogo democrático. Y el nuestro, si realmente pretende serlo, debe dejar de lado el sectarismo y la imposición, para pensar apropiadamente cómo salir de las trampas del crecimiento mediocre, y de la distribución desigual de la riqueza lo cual, para ser claros, impide dar cumplimiento a lo que nuestra Carta Magna considera como lo mínimo para una vida digna para todas y todos.
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Investigador del PUED-UNAM
