El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, publicado el 14 de noviembre de 2018 por el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, considera ocho ejes estratégicos, el combate a la corrupción y la reactivación de la procuración de justicia …
la garantía de empleo, educación, salud y bienestar como medida para “reducir la base social que pueda generar la criminalidad”, el pleno respeto y promoción de derechos humanos; la regeneración ética de la sociedad mediante una constitución moral; la reformulación del combate a las drogas; la pacificación del país; la recuperación y dignificación de las cárceles; y la puesta en marcha de un plan de seguridad pública.
Respecto de este último, destaca la creación de una Guardia Nacional como la encargada de la prevención del delito, de la seguridad pública y del combate a la delincuencia en todo el país.
Sin duda, el de la Guardia Nacional es un tema de gran relevancia para México, pues su conformación requiere una reforma constitucional de gran calado e implicaciones, entre las que se encuentra el uso del mando militar en tareas relacionadas con la seguridad pública, medida sumamente criticada por ser incompatible con el respeto de los derechos humanos.
Al respecto, expertos como Eduardo Guerrero han señalado que el debate generado en torno a la Guardia Nacional es una «oportunidad para replantear a fondo el proyecto de seguridad pública para el país» y que lo que realmente «hace falta es pensar en el tipo de institución que nos podría permitir, de manera eficaz pero también con el menor riesgo de abusos, avanzar en los próximos diez o veinte años hacia la pacificación del país».
Y es que el avance de la violencia en nuestro territorio dejó un saldo final de poco más de 33 mil homicidios dolosos, 15% más que los registrados en 2017, con lo que oficialmente, 2018 es el año más violento de nuestra historia reciente. Además, hubo 861 feminicidios, 13.4% más que los ocurridos en 2017 cuando se registraron 759 víctimas.
Sin duda, la seguridad pública en nuestro país, así como la procuración e impartición de justicia exige de una nueva forma de construir gobierno para garantizar que esto se haga de manera plena, conforme los estándares internacionales de derechos humanos, lo cual es otro de los grandes retos de la cuarta transformación.
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