En la madrugada del miércoles 7 pasado se perpetró en la Cámara de Diputados federal el ataque institucional más grave en la historia del Instituto Nacional Electoral, así como a los tribunales y los órganos locales electorales. La oposición política había cerrado filas para oponerse a la reforma constitucional que planteó el ejecutivo nacional, una reforma regresiva que le reintegraría al gobierno el control de los procesos electorales, pero recibió como reacción una iniciativa legal que modificaría seis leyes distintas que inciden el este campo fundamental para la democracia procedimental que nos hemos dado los mexicanos en 30 años de transición.
Escrito por: Luis Miguel Rionda
Sin el tiempo mínimo para realizar un estudio serio a nivel de las comisiones legislativas, la mayoría oficialista impuso la inclusión del punto en la agenda y su votación en fast track. Al contrario de la reforma constitucional, que demanda una mayoría calificada de dos tercios del pleno, la reforma legal sólo requiere la mayoría simple —la mitad más uno— para su aprobación. Así fue aprobada con 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención.
Una reforma hecha a la carrera, afinada a hachazos, con un tufo evidente de venganza en contra de una institución que se negó a caer en los chantajes de 2006 y 2012. Un ataque perpetrado en el último tercio de una administración desesperada por garantizar, al precio que sea, la permanencia de un proyecto que ha deconstruido instituciones ha sembrado el divisionismo e impulsado el resentimiento social. Y sin embargo es el gran beneficiario de los principios que ha defendido el IFE-INE: legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Con ello ese instituto, sus pares estatales y los tribunales han sabido imponer estándares altísimos en la calidad y transparencia de los procedimientos electorales, hecho reconocido internacionalmente. Sólo el INE podía garantizar tres alternancias partidistas en el ejecutivo federal en las dos primeras décadas del siglo XXI. México ha sido gobernado por el centro, la derecha y ahora por la izquierda. Me pregunto: si eso no es efectividad democrática, ¿Qué otra cosa puede ser?.
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En aras de una falsa austeridad, se busca cortar áreas fundamentales completas del INE, lo que le restará efectividad. Se quiere eliminar de plano el servicio profesional de carrera, uno de los tres que existen en la administración federal, y eliminar el fideicomiso para el pasivo laboral, con lo cual se impide que el instituto cumpla con sus obligaciones laborales, entre ellas las liquidaciones en masa que se vendrían encima. Se cortan las manos del INE.
Se eliminan juntas ejecutivas distritales, los pies del INE, y se les da carácter de temporales, con lo que se regresa al esquema de hace 30 años. Se limita la capacidad reglamentaria y de fiscalización, o la posibilidad de negar candidaturas a violadores de la ley; así se liman los colmillos del INE y el TRIFE. Se impone que el cómputo distrital de comienzo la misma noche de los comicios, lo que reventará la capacidad física de los funcionarios y trabajadores del INE, que no podrán dormir en dos días o más.
Los despropósitos ya están siendo señalados por los actuales consejeros del INE, a quienes se les profesa una especial ojeriza desde las tribunas del poder. Sus remuneraciones, dictadas por la ley, han sido la excusa engañosa para despertar las censuras mezquinas de quienes han recibido ingresos arcanos pero abundantes en sobres amarillos.
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(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León, Departamento de Estudios Sociales. @riondal – FB.com/riondal – https://luismiguelrionda.academia.edu/
Frase clave: venganza hacia el INE, Venganza en Cámara de diputados federal, venganza.
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