El reto de una planeación prospectiva
Desde que se elevó a rango constitucional en nuestro país, para los tres órdenes de gobiernos, la obligatoriedad en realizar una planificación de gobierno, donde se tenga como meta “el crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación” y donde se garantice la participación democrática de la ciudadanía, tal como lo establece nuestra constitución política en su artículo 26, los gobiernos subnacionales están obligados a implementar procesos de gestión pública, como son el diseño de las políticas públicas, la elaboración de los planes sectoriales y especiales, y los programas de gobierno, con una directriz y una coordenada desde la cual se trace también, el proyecto político del candidato electo, con el que va a dirigir la administración pública de su gobierno…
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Los gobernadores en Nayarit tienen las manos atadas, con las cadenas que mandata la constitución local, para evitar que hagan gobiernos de ocurrencias, pero, aun así, las hacen…
La tragedia de la gestión publica en los gobiernos subnacionales, tal como es el caso de Nayarit, se presenta al momento de que llega un gobierno electo por el voto ciudadano, para hacerse cargo de la administración pública estatal, y parte desde cero, e implementa un plan de trabajo, con propuestas de campaña y programas de gobierno, que en la mayoría de las veces no considera la continuidad de los planes estatales de desarrollo de su antecesor.
De esta manera, cada seis años, por lo menos en Nayarit, se repite la misma historia, cual déja vu, donde la ciudadanía nayarita experimenta la misma acción, el mismo ritual, la misma experiencia, respecto a ser convocados por el nuevo gobierno para que, a través de foros participativos, expresen las problemáticas sociales y económicas que enfrentan en su localidad, o presenten propuestas para mejorar las condiciones de vida de su comunidad.
Lo anterior, como parte de lo plasmado en los artículos los artículos 69 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, al hacer obligatorio para el Gobierno del Estado, la responsabilidad de llevar a cabo la rectoría del desarrollo en la entidad, y garantizar que éste sea integral, fortalezca la economía local, mejore su régimen democrático, promueva el empleo y genere una más justa distribución del ingreso[1]. Sin embargo, en la realpolitik, el gobernante como garante de la administración pública estatal, en muchas ocasiones hace caso omiso de su Plan, o implementa programas y planes que inciden poco para la mejora del desarrollo de la entidad.
En esta tragedia sexenal los gobiernos locales en la práctica, se apegan poco, o casi nada, a lo que dictaminan sus constituciones locales en materia de planeación. Y es que, para el caso de Nayarit, la obligación por ley para crear el Sistema Estatal de Planeación, considerado “un medio fundamental para imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al desarrollo económico, social, político y cultural del Estado”.
Lo anterior, según lo establecido en el artículo 2, de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, termina por ser letra muerta, o carente de sustento para ponerlo en macha de modo eficaz. Y es que en el balance final y en el corte de caja, de lo que se conoce como los procesos de entrega – recepción en las administraciones públicas, poco o nulo seguimiento se da a lo que se hizo, lo que no se hizo y lo que se quedó inconcluso, en lo referente a la planeación de las políticas públicas, y los planes y programas de gobierno.
En los últimos tres periodos de gobierno; la administración estatal de Ney González (2005-2011), la de Roberto Sandoval (2011-2017) y la de Antonio Echevarría (2017-2021)[2] independientemente del partido político al que pertenezcan, es difícil visualizar una continuidad en los programas con impacto social, entre un plan de gobierno y otro.
A pesar de que en los tres periodos de gobierno se elaboraron planes estatales de desarrollo con una metodología de planeación estratégica, con planes y programas sectoriales, con perspectiva de largo plazo, y con la incorporación de las problemáticas que la ciudadanía presentó, sigue sin existir una efectiva y programática continuidad en temas de desarrollo social, educación, actividad económica, seguridad, deporte, cultura, etc., que permita un mejor desarrollo de la entidad. Lo más lamentable es que esta tragedia sexenal que ocurre en cada nuevo gobierno, parece filtrarse en la administración del recién gobierno electo encabezado por Miguel Ángel Navarro (2021-2027).
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Después de realizarse las elecciones locales en Nayarit para gobernador, en donde se logró una participación del poco más del 50% en las urnas, y en donde se establecerá una nueva administración pública estatal para los próximos seis años, el reto de la continuidad de planes y programas de la administración saliente está en entredicho, Y es que con el sexenio de Ney González Sánchez se implementó una planeación prospectiva de largo plazo, que lo llevó a crear un modelo de “ciudades”; Ciudad Gobierno, Ciudad De Las Artes, Ciudad Del Conocimiento, que en la actualidad ya no existe, y que sólo quedan como fósiles o restos de un periodo antiguo que se mantiene en su infraestructura pero bajo otro discurso.
Por su parte en la administración de Roberto Sandoval Castañeda su Plan estatal se basó en la metodología de la planeación estratégica con tres ejes rectores, de los cuales ninguno fue retomado en la siguiente administración de Antonio Echevarría García.
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En tanto este último al ser un gobierno de cuatro años, dejó inconcluso gran parte de su plan estatal de desarrollo denominado “Gran visión a 30 años”, aunque sí logro implementar una importante reforma en materia de planeación, al crear el Instituto de Planeación de Nayarit y reformando la Ley de planeación estatal.
Con El nuevo gobernador electo, Miguel Ángel Navarro, existe la posibilidad de que se presente el fantasma del “borrón y cuenta nueva”, en materia de Planeación, Políticas Públicas, Presupuesto Público, Programas de Gobierno, Etc., provocando que se ponga en riesgo de nueva cuenta el futuro a largo plazo de la entidad y alejado de una mirada prospectiva en los rubros de la planeación y la evaluación. Ante este complicado escenario, cual tormenta que se avecina, es importante llevar a cabo un puntual seguimiento de lo que este nuevo gobierno electo vaya a implementar en Nayarit, buscando con ello dar seguimiento del rumbo que tome su Política Social y de Gestión Pública, ya que son temáticas fundamentales para definir el rumbo en lo referente al bienestar social y el desarrollo de la entidad y sus 20 municipios.
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Marco Alanez Olvera Licenciado en Sociología por la UNAM; es docente Investigador de la licenciatura en ciencia política de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), e integrante del Cuerpo Académico Estado y Sociedad; fue presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del IMPLAN en Tepic, del 2015 al 2017. Actualmente coordina el diplomado Gestión Pública en la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la propia UAN.
[1] Plan estatal de Desarrollo del estado de Nayarit (2017-2021)
[2] Resultado de la reforma electoral para alinear las elecciones cada tres años, en Nayarit se tuvo un gobierno de 4 años para empatarlo con las elecciones intermedias
frase clave El reto de una Planificación prospectiva desde la gestión pública en Nayarit
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