Construir instituciones no es un asunto sencillo. Si se piensa el tema desde la propuesta de Douglas North, éstas son entendidas literalmente como “las reglas del juego”, es decir, las instituciones son las reguladoras, canalizadoras y hasta facilitadoras de los procesos sociales. Desde esta óptica, el sistema institucional mexicano enfrenta el reto de consolidar a las instituciones que nos pueden permitir generar políticas públicas sustentadas en un diálogo público democrático, generadoras de consensos, y apegadas a los más estrictos criterios de racionalidad y eficacia
Las instituciones, además, no actúan de manera aislada; y de hecho, los sistemas institucionales debieran funcionar de manera articulada, ordenada y generando sinergias a fin de garantizar el cumplimiento del orden constitucional y jurídico que les da existencia legal y, de hecho, que permite su materialidad.
Estas ideas tienen pertinencia frente a la discusión que viene a partir del día de hoy, cuando se darán a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH), instrumento que construye desde hace más de 30 años el Inegi, y que debido a un cambio en los procesos de recogida de datos a partir del 2015, rompió con la secuencia histórica de comparabilidad entre las distintas mediciones en el tiempo.
El instrumento es relevante porque era con base en el cual el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), construía la medición multidimensional de la pobreza; y respecto del cual ha tomado distancia a partir de los resultados del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) en 2015, y ante lo cual también ha anunciado que desarrollará un nuevo método de estimación que dé congruencia y consistencia histórica a los resultados sobre la medición de la pobreza en el país.
La posición que ha presentado el Coneval es relevante: los resultados esperados mostrarán una reducción importante en los niveles de pobreza, frente a los cuales es necesario actuar con prudencia y no intentar utilizarlos políticamente.
Lo anterior obedece a una cuestión simple: nadie tiene evidencia para asegurar que la reducción del porcentaje de personas en pobreza en el país es resultado de políticas o programas federales, estatales o municipales; y menos aún en un entorno histórico de crecimiento económico mediocre y de pérdida continua del poder adquisitivo de los salarios.
En medio de este debate, que habrá de intensificarse en las próximas semanas, lo que debe tenerse claro es que el problema no se encuentra, necesariamente, en cómo se miden los ingresos y, en cómo, a partir de tal medición, se estima la magnitud de la pobreza. Por el contrario, lo que no hemos logrado es construir un concepto de pobreza que responda al mandato constitucional en materia de derechos humanos, trabajo y salario digno.
Es cierto que se incrementaron las coberturas en todas las dimensiones de la vulnerabilidad y carencia social, pero esto no se hizo considerando necesariamente acceso efectivo y calidad de los servicios públicos que se otorgan.
Tampoco, se ha conseguido modificar al sistema de políticas económicas y sociales para garantizar crecimiento con equidad, reducción de la violencia y la criminalidad, de la discriminación; de la indigencia, del machismo y la misoginia, del racismo, y de la exclusión territorial en que viven millones de personas en el país.
El consenso necesario que debemos ser capaces de construir, debe poner en el centro del debate al trabajo digno, en un escenario de pleno empleo y de Estado de bienestar y para lograrlo, es urgente primero
elevar los umbrales que están definidos en el orden jurídico.
Ése es el primer paso: reformar la Ley General de Desarrollo Social para establecer cuáles son los mínimos de dignidad, y no los mínimos de cobertura considerados hasta ahora. Necesitamos transitar hacia una concepción de la pobreza comprendida en el sentido más amplio posible de acceso al bienestar, superando la idea prevalente hasta hoy, basada en la noción de supervivencia.
@MarioLFuentes1 Barack Obama presentó su último “discurso a la nación” el pasado marte
