La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Desarrollo Social establecen que es el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval), el órgano autónomo del Estado mexicano, responsable de medir multidimensionalmente a la pobreza.
En ese marco, en su glosario, el Coneval define a la pobreza como sigue: “Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias”.
Esta definición tiene como virtud considerar que una persona es pobre debido a la conjunción de múltiples factores; es decir, es la combinación de uno o varios de ellos, lo que sitúa a las personas en situación de pobreza; ello permite también diferenciar a la “pobreza moderada” de la “pobreza extrema”, así como estimar la intensidad de la pobreza y de las privaciones sociales.
Otro elemento que debe destacarse en esta medición es que se sustenta en una visión de derechos. Por ejemplo, en su documento metodológico de la medición de la pobreza el Coneval sostiene: “La decisión de adoptar como umbral de privación a la presencia de al menos una carencia social está fundamentado en los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos”.
Desde esta perspectiva, cabe la pregunta: ¿Podemos medir de un modo distinto de como se hace ahora a la pobreza? Sin duda, le medición multidimensional de que disponemos es reconocida a nivel mundial por su solidez metodológica, pero también por su transparencia y política de datos abiertos con que se construye y es difundida.
Dado ese reconocimiento internacional, ¿debemos asumir que se trata de una definición completa y definitiva? O, por el contrario, ante la urgencia de fortalecer los derechos humanos y las condiciones de su cumplimiento, ¿no debería haber una revisión al menos cada 10 años, sobre la armonización de la medición multidimensional de la pobreza respecto del orden jurídico nacional?
Desde esta perspectiva es importante destacar que hay varias reformas constitucionales recientes que deberían incidir en la medición de la pobreza. Por ejemplo, el Artículo 3º constitucional fue reformado para incorporar a la educación media superior como obligatoria. ¿Frente a este mandato, la definición de rezago educativo no debería incluir al bachillerato en su estimación? Esto modificaría sustantivamente el grado de vulnerabilidad de la población en esta carencia.
En 2013 el propio artículo 3º fue modificado para establecer que la educación pública debe ser de calidad. ¿No debería incluirse en congruencia, un indicador relativo a este derecho en la medición multidimensional?
Por su parte, en el 2012 fue reformado el artículo 4º de la Constitución para garantizar el derecho a un medio ambiente sano; y también el derecho de acceso al agua; nuevamente en congruencia con el texto constitucional, ¿no deberíamos incluir indicadores al respecto, como factores cuya privación contribuye al empobrecimiento?
Este mismo artículo fue reformado en 2014 para garantizar el derecho a la identidad y a ser registrado al momento del nacimiento ¿carecer de un nombre no es factor de empobrecimiento; no deberíamos entonces considerarlo en la medición multidimensional?
Si el artículo 4º establece el Principio del Interés Superior de la Niñez, ¿no debería la medición de la pobreza utilizar al indicador relativo a la pobreza infantil como un indicador de “sanción” para las entidades que tienen mayor porcentaje? Y en el mismo sentido ¿no debería incluirse en la medición multidimensional la presencia de trabajo infantil en los estados, como un indicador de pobreza en la niñez?
Son cuestiones que están abiertas a la discusión y que muchos creemos que podrían mejorar la ya de por sí acreditada multidimensional de la pobreza.
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