Tres décadas de pobreza y desigualdad 2

En la entrega anterior comenté aquí en México Social https://cutt.ly/wwlqRWa0 que la discusión sobre la pobreza se activa cada dos años, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difunde su Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) actualiza la información sobre el tema, pero que el debate declina pronto, como si los rezagos y la desigualdad fueran solo parte de un paisaje social al que estamos habituados.

Escrito por:  Enrique Provencio D

En el foro Tres décadas de pobreza y desigualdad en México, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, https://cutt.ly/0wlqRaUj se abordaron diversos aspectos sobre los que hay que seguir reflexionando y trabajando, hasta conseguir la erradicación de la pobreza extrema, y la reducción de las desigualdades de manera consistente con la inclusión y la justicia social. Como comentó Claudia Maldonado en el foro mencionado, algo ocurre en la política y en la economía política, pues no asumimos clara y explícitamente ese objetivo, que, por lo demás, está previsto en la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030, junto con la baja a la mitad de la pobreza multidimensional.

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Y, en efecto, hay una especie de disonancia entre el conocimiento de que se dispone y que se ha acumulado en las últimas dos décadas, y los empeños colectivos y gubernamentales no solo para avanzar más rápido en el logro de tales propósitos, sino también para acordar un horizonte temporal para hacerlo posible. Hasta hace poco más de veinte años, ni siquiera había información confiable sobre la magnitud, profundidad y localización de la pobreza, aunque estaba claro, por otros indicadores, que esta era muy elevada y que se había agravado con las crisis de los años ochenta y mediados de los noventa.

No fue suficiente disponer de información periódica y comparable, a partir de la Ley General de Desarrollo Social y de que CONEVAL recibió el mandato de medir la pobreza, y tampoco que este mismo organismo evaluara los programas públicos y generara recomendaciones para alinear las políticas y el presupuesto con los objetivos sociales. A pesar de las mejoras registradas entre 2020 y 2022, la magnitud actual de la pobreza es ominosa, y requiere que asumamos un compromiso colectivo para enfrentarla.

Sería un gran error dar por hecho que los avances recientes se sostendrán los años próximos, pues la experiencia muestra que pueden estancarse o revertirse, y no solo en periodos de crisis económica, sino también cuando se toman decisiones incorrectas en programas de servicios públicos básicos, por ejemplo los de salud. A largo plazo, lo que se registra es una fluctuación de la pobreza, pero con un saldo de niveles muy altos, sea a causa del comportamiento ingreso de los hogares o de los rezagos sociales. Por cierto, recomiendo el sitio https://cutt.ly/ZwlqENSn coordinado por el Dr. Fernando Cortés, que contiene información muy valiosa y bien cuidada sobre las

tendencias de la pobreza en las últimas tres décadas, incluyendo un panorama regional que deja ver nuestras amplias brechas socio territoriales.

Uno de los principales riesgos de que en los próximos años no se logre una reducción más rápida y sostenida de la pobreza reside en la insuficiencia hacendaria crónica, de los tres órdenes de gobierno. El problema no reside en la presión fiscal que suponen las transferencias monetarias directas a las familias, sino en la incapacidad que padecemos para financiar servicios públicos de calidad para toda la población, en educación, salud, seguridad social, infraestructura y abastecimiento de agua y saneamiento, entre otras dotaciones esenciales de las que depende el cumplimiento efectivo de los derechos y la superación de carencias y rezagos que, junto con el ingreso monetario, moldean la pobreza multidimensional.

Sobre las carencias consideradas en la medición de la pobreza se ha comentado sobre todo la salud, y algo de la educación, y se ha destacado que seguimos sin registrar adecuadamente las condiciones de calidad de los componentes a que se toman en cuenta en la medición de la pobreza, pero hay otros aspectos que enfrentan complicaciones cada vez más agudas, que no se reflejan en los indicadores de cobertura. Aquí un ejemplo, con el acceso a los servicios básicos en la vivienda, que registró una mejora, aunque ligera y parcial, de 2016 a 2022. La información de la medición de pobreza dice que el 7.1 por ciento de las personas tiene acceso al agua en su vivienda (prácticamente la misma cantidad de personas en 2022 que en 2016), pero, como se sabe, de cada 100 viviendas en 15 no tiene agua dentro de la casa, y, según las propias encuestas del INEGI, 42 de cada 100 personas no reciben agua al menos una vez al día.

Hay más, y tiene que ver con la calidad: de cada 100 personas, 75 consideran que el agua que reciben no es bebible por temor a enfermarse, y, en un indicador sintético, 36 de cada 100 no tienen acceso a “una fuente de agua potable mejorada (agua entubada dentro de la vivienda, fuera de la vivienda pero dentro del predio, captación de agua de lluvia y llave pública o hidrante) con un servicio diario y exenta de contaminación fecal y sustancias químicas prioritarias”, según se reporta en el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos son promedios nacionales.

Hay otros hechos que muestran el amplio incumplimiento del derecho al agua, aunque en el registro de la carencia casi el 93 por ciento de la población ya la tenga superada. Los organismos locales operadores de los sistemas de dotación y tratamiento de aguas, que son los responsables de garantizar el acceso, enfrentan graves dificultades financieras, y a escala federal y estatal la inversión pública es notoriamente insuficiente para mantener y ampliar la infraestructura y proteger los servicios ambientales hídricos, mientras que las presiones se intensifican por las condiciones climáticas y el incremento de la demanda. Este es un ejemplo de tantos en los que el cumplimiento de los derechos, la debilidad de la acción pública, los problemas de coordinación institucional, el entorno ambiental y otros aspectos, aparecen tras el dato escueto de las carencias contempladas en la pobreza multidimensional (continúa).

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