Defender al poder judicial

México es, de acuerdo con nuestra Constitución, una República Federal. El poder del Estado, según la propia Carta Magna, se divide en tres: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Cada uno de ellos realiza un conjunto de tareas que se definen explícitamente en nuestro documento fundante, con base en las atribuciones y funciones que les son otorgadas para el adecuado funcionamiento del Estado.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

Ninguno de esos poderes tiene formalmente mayor jerarquía que los otros. Y el ideal republicano consiste en que los tres se vigilen entre sí. En ese sentido, es importante volver a lo básico y recordar que el Poder Judicial tiene dos funciones centrales: la de impartir justicia, y la de garantizar que todas las leyes que se emitan, así como la aplicación que se haga de ellas, se apeguen estrictamente al contenido y espíritu de la Constitución.

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Para realizar lo anterior, el Poder Judicial cuenta con dos grandes estructuras: el Consejo de la Judicatura Federal, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resumiendo, quizá en exceso, al primero le corresponde fundamentalmente la adecuada operación de todos los juzgados y tribunales que hay en el país; a la segunda, garantizar el control de la constitucionalidad, entre otras funciones sustantivas.

El sistema de justicia en México tiene en ese sentido dos estructuras básicas: la de la procuración de justicia, que depende de la rama ejecutiva del Estado; y la impartición de justicia, que consiste en determinar si lo que reclaman los particulares o incluso instituciones públicas, tiene fundamento jurídico y con base en ello determinar qué le corresponde a cada quien conforme a derecho.

Frente a lo anterior, resulta a todas luces excesiva la forma en cómo el titular del Ejecutivo Federal ha arremetido en contra del Poder Judicial, responsabilizándolo exclusivamente de las condiciones de impunidad y fragilidad del Estado de derecho, recurriendo al argumento reduccionista de que “los jueces liberan a delincuentes”.

La cuestión es mucho más compleja, pues la detención de una persona comienza en muchas ocasiones con intervenciones deficientes de las corporaciones policiacas municipales, estatales e incluso ministeriales. Luego viene un segundo momento, que consiste precisamente en la investigación que realizan las Fiscalías, lo cual genera la integración de carpetas de investigación, que son con base en las cuales, en los juzgados y en los Tribunales se evalúa su legalidad, se pondera si las pruebas son las idóneas para acreditar determinados hechos; y con base en ello, si las personas imputadas son o no responsables de la comisión de delitos.

La otra función sustantiva la realiza la Corte a través de tres mecanismos: la acción de inconstitucionalidad; las controversias constitucionales; y la resolución de Juicios de Amparo, que pueden derivar en Jurisprudencia.

Frente a lo anterior es que se revela lo maniqueo de la propaganda gubernamental bajo la consigna de que “los jueces no hacen nada a favor del pueblo”; porque no es su tarea participar en mítines, y menos aún en proselitismo político. Su deber es garantizar el Estado de Derecho y la primacía de la legalidad, comenzando por el respeto irrestricto de la Constitución y a partir del 2011, también de los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.

Para un modelo presidencialista, que los Poderes Legislativo y Judicial actúen como contrapesos y de hecho, como órganos de control, constituye incluso una “afrenta”; pero eso es lo que debe desmontarse en la mentalidad política nacional, y normalizar la construcción de procesos de diálogo y acuerdo entre los representantes de los Poderes, porque, debe también subrayarse, quienes están ahí no son dueños de los cargos, sino las y los responsables de hacer que las instituciones funcionen apropiadamente. Un Poder Judicial plenamente autónomo siempre será una buena noticia para una República Democrática. Y siempre, el uso de la política o de los recursos públicos para intentar someterlo constituirá un grave atentado a las condiciones de normalidad democrática. Eso hay que hacerlo valer en toda su magnitud y dimensión.

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