Ilustración de Claudia Calderón
Durante el confinamiento, algunas asociaciones religiosas y sus aliados políticos impulsan en este país medidas con el fin de frenar en varios Estados la interrupción legal del embarazo o el matrimonio igualitario. La violencia doméstica se incrementa, mientras que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador las minimiza y dice que son llamadas falsas. Ha sido un gobierno denominado de izquierda el que ha abierto las puertas a grupos que cuestionan la separación Estado-Iglesia. Este reportaje forma parte de “Poderes no santos”, una investigación periodística liderada por OjoPúblico en Perú, Argentina, Brasil y México, que buscan entender las presiones de estos grupos durante la pandemia. Agradecemos a PopLab la autorización de reproducir este texto: “Poder religión y lobby: los ultraconservadores durante la pandemia”
Por Kennia Velázquez. Síguela en Twitter: @KenniaV
“El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo”. Artículo 130: Constitución Política de México.
La cuarentena obligatoria por la pandemia de Covid-19 ha sido la medida más impulsada por los gobiernos del mundo para frenar la propagación del Sars-Cov-2, sin embargo, ha significado al mismo tiempo una amenaza para la seguridad de muchas mujeres y sus derechos. A los casos reportados de violencia familiar en toda América Latina, se suman acciones políticas o antisanitarias impulsadas por diferentes organizaciones religiosas y políticas durante estos meses de crisis con el fin de promover la suspensión de algunos derechos.
En México, donde el aborto es legal en caso de violación y el matrimonio entre personas del mismo sexo es permitido en 19 estados, desde los primeros días de la cuarentena, ministros de diversos cultos señalaron que el nuevo coronavirus es un castigo por ambos derechos. El obispo de Cuernavaca, Raúl Castro, dijo que con la pandemia “Dios nos está gritando por los pecados”. Algunos pastores evangélicos también impulsaron mensajes similares: “La pandemia es resultado de un pecado que lleva 10 años, cuando el 2010 Barack Obama legalizó el matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres”.
En épocas de Covid-19 estos dichos no se han quedado en los púlpitos o en las redes sociales, sino que en plena crisis sanitaria han pasado a la política con el fin de impulsar medidas legales y un discurso que promueve el retroceso en derechos ya obtenidos, como el matrimonio igualitario o la interrupción legal del embarazo (ILE) en varias causales.
Como parte Poderes no santos, una investigación periodística liderada por OjoPúblico en Perú, Argentina, Brasil y México, se determinó que entre el 22 de marzo y el 30 de mayo de 2020, se realizaron casi 300 acciones o declaraciones que promovían el odio, el retroceso de derechos o medidas antisanitarias. De estas, 53 correspondieron a México.
Los principales actores
Según la dirección general de asociaciones religiosas, en México hay registrados 8.785 templos religiosos de los credos católicos, cristianos, evangélicos, islamistas, judíos, hinduistas, entre otros. Varios de ellos se han organizado en consejos interreligiosos con el fin de impulsar agendas conjuntas que ellos denominan “con perspectiva de familia”.
La Jornada de Sana Distancia, nombre oficial del periodo de confinamiento que inició el 23 de marzo, significó la paralización de todas aquellas actividades no esenciales, permitiéndose solo los servicios de alimentación, transporte y salud, entre otros. Sin embargo, pese a las recomendaciones, algunas organizaciones evangélicas continuaron convocando reuniones masivas.
Otras, simultáneamente comenzaron a pedir que en el marco de la emergencia se suspendieran los procedimientos legales de interrupción del embarazo, bajo el argumento de que “se está permitiendo que los centros de aborto operen y sigan eliminando ciudadanos mexicanos, como si fuera una urgencia”, dijo Marcela Vaquera, una de las representantes del Frente Nacional por la Familia (FNF), una organización liderada por Rodrigo Iván Cortés y que agrupa a diferentes grupos civiles y religiosos.
Según cifras oficiales, entre abril de 2007 y septiembre de 2019, más de 65.900 mujeres de todos los estados acudieron a la Ciudad de México, donde el aborto es legal durante las primeras doce semanas, para solicitar este procedimiento.
Uno de los medicamentos que se utilizan para la interrupción del embarazo es el misoprostol que se adquiere sin receta médica en las farmacias. Pero, en estos días los diputados de los centristas Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano y el derechista Acción Nacional (PAN), plantearon la posibilidad de legislar para que ahora este fármaco se venda solo con recomendación médica. Argumentaron que lo hacían “por la seguridad de las mujeres”.
Presas por abortar
Otro de los temas que la pandemia expuso es también el grado de vulnerabilidad al contagio en las cárceles mexicanas, en cuyas celdas muchas mujeres están presas acusadas de abortar ilegalmente. Desde el inicio de su gobierno, en diciembre de 2018, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, dijo que amnistiaría a presos de delitos de bajo impacto, esto involucraba a este grupo de mujeres. Pero esa promesa no se cumplió.
Fue la emergencia sanitaria por la pandemia la que obligó a senadores de la República a aprobar la Ley de Amnistía, con la intención de descongestionar los centros penitenciarios. En el documento se incluyeron a las mujeres que habían abortado y que fueron procesadas por homicidio en relación de parentesco. En las prisiones federales no hay mujeres en esta circunstancia, pero sí en las estatales, donde se han registrado 880 casos. Sin embargo, en esos lugares la ley de amnistía no basta y se requiere la modificación de leyes estatales.
En el Estado de México, San Luis Potosí, Guanajuato, Durango, Oaxaca, Puebla y Aguascalientes, se han presentado iniciativas para amnistiar a mujeres presas por abortar, pero no han prosperado. El PAN, que se define como un partido político laico y humanista, pero que los analistas lo ubican como derecha, y grupos conservadores se han opuesto de manera sistemática, sobre todo en el caso del aborto. En opinión del líder de FNF, Rodrigo Iván Cortés, la Ley de Amnistía ha “legalizado de facto delitos como el aborto”.
Los días previos y posteriores al 10 de mayo, jornada en la que se celebra el Día de la madre, los comentarios en contra del aborto legal y de las mujeres que lo han practicado se incrementaron. El Arzobispo de Toluca, Javier Chavolla dijo que “si una madre no respeta a la vida, cómo entonces exige otros derechos”. El ministro evangélico, Arturo Farela invitó a las mujeres a “respetar la vida de los bebés en el vientre”. En ninguna de las declaraciones toman en cuenta que el Estado reconoce al aborto como legal en casos de violación.
En México hay registrados 87.248 líderes religiosos. En las celebraciones del Día de la madre se multiplicaron los llamados a que se diera marcha atrás contra toda forma de interrupción del embarazo. Una de esos llamados vino del vocero del Arzobispado de México, Hugo Baldemar, quien dijo que la legalización del aborto hace que la sociedad “se envilezca y se pudra moralmente”, y que es una pandemia peor que la del COVID-19.
El debate en torno al aborto es permanente en México, pues sólo Oaxaca y la Ciudad de México lo permiten para cualquier causa durante las primeras 12 semanas del embarazo; salvo en el caso de violación, deben comprobarse algunas de las otras causas establecidas, de lo contrario el aborto constituye un delito y la mujer puede ir presa en el resto de los Estados. La segunda semana de mayo, en dos estados ubicados en el centro del país, se discutió la despenalización del aborto. En San Luis Potosí se discutieron de manera virtual un par de iniciativas presentadas en marzo de 2019. Pero la medida no prosperó y fue rechazada con 20 votos a favor, tres abstenciones y cuatro en contra.
Durante el debate, el Arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero, dijo que ni en el caso de violación a niñas se debe permitir el aborto, “tampoco lo veo justificable, porque la vida no es de nosotros, somos mediación, somos medios para llevar y traer vida, no somos Herodes”. El Consejo Coordinador Ciudadano, que involucra a diferentes cultos, celebró la decisión de los legisladores de Potosí.
También unos días antes de que comenzará la cuarentena, el Congreso de Guanajuato decidió discutir dos iniciativas sobre la despenalización del aborto, una presentada a finales de 2018 y otra en marzo de este 2020. Sin embargo, a pesar de las solicitudes presentadas para que la discusión fuera postergada hasta después del confinamiento con el fin de ampliar el debate, los legisladores del PAN continuaron y solo dejaron una semana para invitar a los colectivos que defendían la despenalización, llamándolas “proaborto”.
Durante las mesas de discusión, además, se presentaron algunas irregularidades: en la que participaron los grupos de derechos de la mujer hubo fallas técnicas que cortaban la transmisión y algunos de los diputados abandonaron la reunión sin escuchar todas las opiniones. Cuando llegó el turno para el grupo de opositores a la despenalización del aborto, se invitaron a varios líderes religiosos y se les otorgó 5 horas para que explicaran su postura. Muchos citaron pasajes bíblicos. En esta sesión ningún diputado abandonó su sitio. El diputado panista, Luis Antonio Magdaleno, llegó a decir en medio de este debate que las mujeres que abortan sufren trastornos y se vuelven adictas.
Al final el Congreso de Guanajuato archivó la iniciativa con 28 votos a favor, cinco en contra y dos ausencias.
Por esos mismos días, en el fronterizo estado de Nuevo León se discutió una propuesta conocida como PIN Parental, que permitiría a las familias vetar por escrito contenidos educativos que “transgredieran sus convicciones, religiosas, morales, éticas y sexuales”. Este dictamen fue propuesto por el diputado Juan Carlos Leal, del Partido Encuentro Social, una organización política con fuertes vínculos con las iglesias evangélicas.
Organizaciones de derechos de los niños se opusieron y exigieron al Congreso que respetara el Estado Laico y la Constitución, que establece en su artículo 3º que la “educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”. Los líderes religiosos de distintos credos apoyaron la iniciativa argumentando que solo les compete a las familias educar a los niños en temas sexuales. El estado de Nuevo León ocupa el cuarto lugar nacional en número de embarazos adolescentes. Al final la iniciativa no prosperó.
Mientras la atención nacional estaba centrada en Nuevo León, sin hacer ruido y disfrazada de una homologación de la ley de educación local a la federal, el Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó su propio PIN Parental, a iniciativa de la diputada del Partido Encuentro Social, Karina Banda Iglesias. El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los legisladores del PAN, Morena, PRI, Nueva Alianza, PRD y Partido Verde. Ahora la autoridad educativa debe mostrar previamente sus contenidos en temas de “moralidad, sexualidad y valores”, para que los padres y madres de familia los aprueben. Algunas organizaciones de derechos humanos están preparando una acción de inconstitucionalidad para revertir la modificación.
Muchos de estas organizaciones políticas tienen vínculos con organizaciones religiosas y han planteado estrategias para actuar en conjunto.
El último censo poblacional realizado en 2010 en México indica que más del 80% de los mexicanos son católicos. Esta situación, sin embargo, varía de acuerdo a la región: mientras que en Chiapas se declaran católicos el 52%, en Guanajuato lo hace el 94%.
A pesar de ello, las iglesias evangélicas han ido avanzando y tienen 5.572 asociaciones, mientras que la católica cuenta con 2.966. Los grupos evangélicos, con influencia estadounidense, no solo van ganando terreno entre la población del sureste mexicano, sino que van también obteniendo escaños en congresos federales y estatales y en cargos públicos.
Uno de sus más poderosos aliados es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ganó la presidencia en una extraña alianza entre el izquierdista Partido del Trabajo, Morena y el derechista Partido Encuentro Social fundado por el expastor neopentecostal Hugo Eric Flores Cervantes y cuyos integrantes se identifican como evangélicos.
Para Jorge Márquez Muñoz, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, esta coalición heterodoxa, podría significar “una desventaja a la hora de gobernar, pero tiene la ventaja de la figura de López Obrador que es muy poderosa, tan dominante, que con muy pocas excepciones, lo que hay es un alineamiento total, no solamente de Morena, sino en los partidos aliados”.
De lunes a viernes a las siete de la mañana en el Palacio Nacional, el presidente de la República realiza una conferencia de prensa que es seguida por miles de personas. Este espacio se asemeja a un sermón: con frecuencia habla de políticas públicas, cifras oficiales, y antepone asuntos de la moral citando a la biblia. Ello, a pesar que se dice admirador de Benito Juárez, el presidente mexicano que gobernó de 1858 a 1872 y que con su Reforma, separó a la Iglesia del Estado.
Uno de los personajes más cercados a AMLO es el pastor Arturo Farela, Presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice). El líder evangélico ha puesto a su disposición la estructura de su feligresía para repartir la “Cartilla Moral”, una reimpresión del texto escrito por el intelectual Alfonso Reyes en 1944, que analiza la condición humana, con reflexiones como esta: “El respeto a nuestro cuerpo nos enseña a ser limpios y moderados en los apetitos naturales. El respeto a nuestra alma resume todas las virtudes de orden espiritual”.
Según el pastor, López Obrador le pidió que en las instalaciones de las iglesias evangélicas se cuente con “centros integradores” que repartan las ayudas del gobierno en zonas remotas. También colaboran con el gobierno federal dando albergue a los migrantes centroamericanos que han quedado varados en el sureste mexicano. Farela ha dicho que aprovechan para evangelizar a los participantes. López Obrador les ha dado trabajo a dos de los hijos del líder evangélico: Josué en la Secretaría del Bienestar y Damaris, como Subdirectora de Asuntos Consulares, Binacionales y Multilaterales en el Instituto Nacional de Migración.
También está dentro de la nómina federal el exrepresentante de iglesias bautistas, Jorge Lee Galindo, con el cargo de Director adjunto de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Y el expastor, Hugo Eric Flores Cervantes en la delegación federal en Morelos. En total son 30 personas vinculadas a la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, organización que lidera Arturo Farela, las que trabajan en el gobierno AMLO.
El presidente se comprometió a revisar la posibilidad de que las Iglesias cuenten con permisos de radio y televisión. Y aunque deslindó de una iniciativa presentada por la diputada María Soledad Luévano Cantú de Morena, está en la mesa de las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos una propuesta para hacerle modificaciones a la Ley de Asociaciones Religiosas.
Márquez Muñoz, doctor en Ciencias Políticas, no cree que sea una iniciativa individual, por la amplitud del tema, el vínculo poderoso del presidente con los evangélicos y por sus propias creencias, “hay muchas pistas que nos muestran que él está detrás de esta idea”.
La iniciativa de su aliada política promueve el derecho a la objeción de conciencia por motivos religiosos; permite que las organizaciones den asesoramiento espiritual en centros de salud, prisiones, instituciones de asistencia, estancias migratorias, instalaciones de los cuerpos de policía y fuerzas armadas, entre otras facultades. Por lo pronto este proyecto normativo ha sido recibido con buenos ojos por las organizaciones religiosas y el PAN, pero tiene en contra al ala progresista de Morena.
El experto en religiones Bernardo Barranco ve que esta iniciativa “de manera mañosa, justifica la eliminación de la separación Estado-iglesias para sustituirlo por el de libertad religiosa”. El sociólogo ve en este proyecto una regresión que “con el empoderamiento del conservadurismo católico y el fundamentalismo pentecostal se corre el riesgo de confrontar causas y conquistas de las mujeres, de la diversidad sexual y otros temas contemporáneos”.
López Obrador fue nombrado el primer presidente de izquierda en México, pero su discurso es ambiguo con temas como los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT, argumentando que lo hace para no generar polémica y evitar polarizar a la sociedad mexicana. Desde que asumió el mandato el 1 de diciembre de 2018, ha tomado medidas controversiales que dejan a las mujeres desamparadas, como suspender los recursos económicos a los refugios para aquellas que sufren violencia y la eliminación de subsidios a estancias infantiles para los hijos de mujeres que trabajan, en ambos casos señaló que había cientos de irregularidades y corrupción que no ha sido demostrada. En su lugar ofreció dar el dinero a las familias que lo requieran y sugirió que sean los abuelos y abuelas quienes cuiden a los infantes.
La visión tradicional del tipo de familia que el presidente tiene sale a relucir de tanto en tanto en sus conferencias de prensa diarias, que los medios han bautizado como “las mañaneras”. En plena emergencia sanitaria, dijo que no hay riesgo de que la gente se quede sin atención, pues el país cuenta con “millones de enfermeras en los hogares de México”, refiriéndose a las mujeres en casa: “todavía por nuestras culturas, nuestras costumbres, son las mujeres las que más atienden a los padres, los hombres somos más desprendidos”. Su discurso lo dio en un contexto en el que organizaciones de la sociedad civil alertaban sobre cómo el confinamiento agudiza las cargas extras de trabajo para las mujeres: trabajo, atención de hijos y adultos mayores, apoyo en la educación a distancia, labores domésticas. Además de los riesgos de permanecer encerradas con sus agresores.
Aún cuando el propio gobierno federal ha reportado un incremento de 14 puntos porcentuales de las llamadas de auxilio por parte de mujeres, el presidente ha dicho que el 90% de ellas son falsas, “no quiero decir que no existe la violencia contra las mujeres” dijo antes de desacreditar los datos.
Según cifras oficiales, solo en marzo se iniciaron 20.232 investigaciones por violencia doméstica en todo el país. La cifra más alta desde el 2015 y las activistas creen que los datos de abril serán mucho más altos. Pero el presidente ha insistido en relativizarlo: “sí, sí existe machismo, pero también mucha fraternidad familiar. La familia en México es excepcional, es el núcleo humano más fraterno, esto no se da en otras partes, lo digo con todo respeto”.
Las autoridades han dicho que se está atendiendo la violencia en contra de las mujeres y que para ello se cuenta con la línea telefónica 911 para hacer denuncias. En los primeros cuatro meses fueron asesinadas 987 mujeres. Cada hora 155 mujeres llaman a este número pidiendo auxilio. Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, una organización activista que promueve los derechos sexuales y reproductivos, lamenta que la autoridad se limite a recibir llamadas, pues hasta el momento no se sabe qué tipo de ayuda y seguimiento están dando a las víctimas. “Solo conocemos las cifras, ¿y las mujeres? De ellas no sabemos nada”, dijo.
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La interrupción del embarazo durante la pandemia
A pesar de los intentos de varios grupos por detener los procedimientos legales de interrupción del embarazo, la Secretaría de Salud federal ha manifestado que no hay razón para detenerlos. Según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a marzo de 2020 se registraron 3.362 denuncias de violación sexual en todo el país.
Aidé García, coordinadora del área de Relaciones Interinstitucionales de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) explica que en la Ciudad de México algunos hospitales que realizan el procedimiento ahora son centros de atención exclusiva a pacientes con Covid-19 y las mujeres no saben a donde asistir. “Ahora más que nunca estos servicios deben estar a su alcance”, señaló.
La organización de activistas Marea Verde también ha denunciado que comienza a complicarse el acceso a anticonceptivos en varios Estados. La organización de mujeres feministas católicas pide que durante la pandemia se redoblen los esfuerzos y no se descuiden los derechos “sexuales y reproductivos, que son fundamentales para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y niñas”.
La representante de Católicas por el Derecho a Decidir dijo a OjoPúblico que “es lamentable que en esta situación se sigan criminalizando el aborto y los derechos ganados para las mujeres”. Aidé García dijo que están preocupadas porque temen que “la situación de austeridad que decretó el presidente pueda interrumpir el acceso al aborto legal”. “No podemos pensar que viene un retroceso, aunque haya limitaciones de presupuesto y en medio de una situación adversa”, señaló.
También le preocupa la proximidad del gobierno a grupos ultraconservadores, pues “el presidente está convencido de que las iglesias tienen un papel preponderante en las políticas de gobierno, lo que rompe con el marco constitucional y por ello, no se debe permitir que tomen decisiones e interfieran en los programas de gobierno”.
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La actual crisis sanitaria y social está siendo aprovechada por las diferentes iglesias que “están trabajando juntas por la injerencia de las políticas públicas e impulsar un retroceso de los derechos ganados de las mujeres, sobre todo los que tienen que ver con la moral sexual”, alerta García.
En 2021 habrá elecciones para renovar las 500 diputaciones federales, que podrían cambiar el panorama actual pues Morena domina la cámara. Pero también habrá movimientos en 15 estados, donde se renovarán los cargos de gobernador, en 30 elegirán alcaldes y a los congresos locales. Los grupos conservadores ya trabajan para impulsar candidatos que apoyen sus agendas en todos los niveles.
El doctor Jorge Márquez considera que habrá una activa participación de las Iglesias: las que están en contra de AMLO tendrán que buscar alianzas no sólo con otros credos, sino con partidos como el PRI y el PAN. “Van a ser muy importantes, porque si van a luchar calle por calle, por el territorio nacional para ganar adeptos, van a necesitar hacer trabajo territorial”.
El académico de la UNAM explica que los grupos evangélicos con los que ya trabaja el presidente “efectivamente llegan a los pobres, ese mismo esquema es el activismo de la izquierda: van de casa en casa llevando indistintamente el mensaje de Dios o el mensaje de López Obrador”, esto le permite llegar a lugares a los que no podría de alguna otra manera.
También prevé que intentarán dominar los temas desde la campaña, como la del aborto, que hasta el momento ha sido marginal, pero quizá ahora si se vuelva central.
La apertura que desde la Presidencia de la República se da a las distintas iglesias con el pretexto de impulsar la libertad religiosa e inculcar valores en un país violentado es aprovechado por los actores políticos ultraconservadores de todos los partidos y sus grupos afines para influir en los ámbitos de política pública. En la enrevesada historia mexicana, esta vez no es un gobierno conservador el que ha abierto las puertas a grupos que están contra el Estado laico, sino uno que llegó con la bandera de izquierda.
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