UNA NUEVA POLÍTICA DE DROGAS

América Latina atraviesa una severa crisis de seguridad. La violencia se ha apoderado de extensos territorios en países de la región, llegándose incluso a hablar de Estados fallidos. El crimen opera mediante pandillas, mafias y carteles de alcance trasnacional que rebasan la capacidad de los gobiernos. Las formas de violencia contra la población son terriblemente inhumanas: trata de personas para trabajo sexual y esclavo, feminicidios, reclutamiento de jóvenes como milicias, enganche de niños y adolescentes en las drogas, robos, extorsiones, asesinatos y secuestros. En el imaginario colectivo la violencia es algo que sucede a otros: pobres, marginados y excluidos. Ello legitima en las élites políticas y económicas, mediante el uso hegemónico de los medios de opinión, formas de reacción estatal igualmente violentas, militarizadas y sin ningún tipo de garantías judiciales. Varios gobiernos han adoptado formas de populismo punitivo, expresión de derecho penal del enemigo hacia su población, contando con gran aprobación social.

Escrito por: Alejandro Sahuí

Del 7 al 9 de septiembre se realizó en Cali, Colombia, la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas: para la vida, la paz y el desarrollo. A la convocatoria del presidente de Colombia, Gustavo Petro, asistió el ejecutivo mexicano Andrés Manuel López Obrador.   Ésta tuvo como motivo principal el fracaso de la estrategia punitiva y prohibicionista. Su objetivo fue explorar medidas alternativas con nuevos enfoques: derechos humanos, justicia social, desarrollo, salud pública y educación. Se habló de despenalizar algunas actividades relacionadas como cultivo y consumo, que afectan a las personas vulnerables, y enfocarse en las grandes organizaciones criminales para golpear sus utilidades solapadas por instituciones bancarias, financieras y en paraísos fiscales.

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Es una idea defendida por la Comisión Global sobre Política de Drogas, a la que pertenecen varios exmandatarios latinoamericanos, entre ellos Ernesto Zedillo, Juan Manuel Santos, César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso o Ricardo Lagos. Hace falta atender las causas estructurales de un fenómeno que fuerza a campesinos y jóvenes sin oportunidades a ingresar a esta macroeconomía ilícita que teje una red de impacto global: tráfico de armas, lavado de dinero, captura de la política; y que arroja a los más vulnerables al inframundo de las adicciones y la servidumbre forzada en sembradíos, milicias o guerrillas.

Habrá que estar atentos de los compromisos que el gobierno mexicano asuma y de la hoja de ruta que se trace para avanzar en la dirección declarada. Por lo pronto, la política actual del país no responde a estos principios. Al contrario, a pesar del discurso de dejar atrás la guerra, de abrazos y no balazos, de bienestar y oportunidades, se ha avanzado en la militarización, criticado a las organizaciones de derechos humanos y atacado la independencia judicial en la verificación del debido proceso. Hace falta mayor coherencia gubernamental en este tema. 

Existen estudios que relacionan este grado de violencia con la extrema desigualdad, no tanto con la pobreza. La crueldad de los crímenes se explicaría en estos contextos por la ausencia total de reconocimiento hacia los demás, con su deshumanización. La filósofa Hannah Arendt habló de un mal radical banalizado que sucede a no personas: a los parias del mundo. Se trata de una ruptura de la cohesión social, de la confianza necesaria para convivir: el inter homines esse de la política -la ley y la muralla que instituyen la ciudad.

Tratándose de la región más desigual del mundo con un amplísimo sector de la población en situación de marginación y exclusión, se deben discutir nuestras formas de discurso público y de los medios de comunicación que reproducen prejuicios y estigmas contra ciertos grupos. Estos se manifiestan criminalizando la pobreza -con sus intersecciones étnicas, raciales o nacionalistas contra la migración-, y abandonando a su suerte a los pobres que viven a merced de grupos criminales en zonas sin Estado. En términos arenditanos se podría decir que hemos perdido la capacidad de juzgar, de ponernos en el lugar de los demás. El caso de la política de drogas pone por delante un reto para cumplir este compromiso de humanidad.

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