por Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM
El pasado 28 de febrero el Presidente de la República convocó a la sociedad a participar en las consultas para formular el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Las consultas públicas son necesarias y están previstas en la ley. Sin embargo, el procedimiento vigente ya no está a la altura del intenso debate que se ha registrado en México en los últimos años ni de la riqueza de las contribuciones académicas, ciudadanas, empresariales, sindicales y de otros orígenes planteadas en la búsqueda de nuevos cauces al desarrollo
La formulación y consulta de los planes y programas se ha convertido en un procedimiento rutinario, burocrático, sin consecuencias prácticas, lo que conduce al desprestigio público de la planeación y a la creencia de que es una actividad innecesaria.
En los documentos preparados por el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo se propone una agenda para el crecimiento, la inclusión (I) y una reforma del sistema de planeación de las políticas públicas. Se necesita construir una perspectiva macroeconómica, integradora de largo alcance que articule los intereses colectivos, que facilite la deliberación pública, la reconstrucción del pacto social y de un Estado a la altura de las demandas sociales y nacionales.
Se requiere renovar las prácticas de participación y planeación
En su sentido actual, la planeación debería ser vista como una tarea colectiva, pública, como un modo de definir la senda del desarrollo, de trazar rutas en lo inmediato congruentes entre sí y con la visión del largo plazo, de adoptar mecanismos deliberativos en apoyo de las grandes decisiones nacionales, con rendición de cuentas y mecanismos de control y corrección.
Se vive un momento privilegiado para abordar prácticas participativas, incluyentes, que contribuyan a enriquecer las políticas públicas con horizontes de alcance mayor, que no se agoten en consultas públicas virtuales o presenciales, sino se conviertan en práctica constante en la selección y evaluación de las mismas.
En una sociedad democrática inserta en las incertidumbres de la economía de mercado y, además, globalizada, es necesario reconstruir las dimensiones del espacio público y dotar al Estado de nuevos contenidos y prácticas de planeación.
Con esas miras el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo adelanta las siguientes medidas:
1. Construir un proyecto de nación de largo plazo
Hoy día las naciones, instituciones, y las mismas corporaciones mercantiles, realizan ejercicios estratégicos deliberados para compensar factores de incertidumbre y sobre todo ordenar sus acciones y programas. Por otro lado, el combate a nuestras principales carencias sociales debe ser visto en función del debate abierto sobre las metas nacionales y la construcción de un nuevo curso de desarrollo.
Proponemos que el Plan Nacional de Desarrollo y los distintos programas que lo integran se perfilen con una visión que trasciende las acciones de gobierno al 2018 y que integre las políticas económicas entre sí y con las de orden social. La cesión de la macroeconomía del desarrollo al cortoplacismo de los mercados ha dejado sin brújula a las políticas y reformas microeconómicas, les ha restado efectividad, tanto como alcances a las políticas de empleo y ampliación de los derechos sociales y ciudadanos. México tiene las capacidades de identificar sendas de desarrollo que suplan esas deficiencias y que lo aparten de los caminos trillados, fracasados, del pasado.
2. Establecer formas participativas de deliberación de los grandes temas nacionales, creando un Consejo Económico y Social
Las políticas económicas y sociales debieran debatirse, formar parte de la deliberación democrática abierta. Sin duda, el Pacto por México constituye una excelente base de concertación de acuerdos entre partidos políticos que resuelve muchas desavenencias legislativas. Sin embargo, cabe enriquecer los temas a debatir e incluir a otras instituciones y organismos importantes de la sociedad.
Ha llegado el momento de que los poderes Ejecutivo y Legislativo convoquen a la formación de una Consejo Económico y Social, como mecanismo no partidista de diálogo y de consulta social obligada. Se integraría por expertos de instituciones académicas y centros de investigación o de estudios estratégicos, representantes empresariales y sindicales y grupos organizados de la sociedad civil, con el fin de afianzar el apoyo ciudadano a reformas y acciones sobre diversos temas, sean macroeconómicos, hacendarios, energéticos, de política industrial o de carácter social.
El intenso proceso de reformas legislativas que ha tomado cuerpo requiere del ensanchamiento de la participación ciudadana en el procesamiento de la legislación primaria y secundaria o en el de implantar innovaciones institucionales necesarias al nuevo rumbo que se busca imprimir a la política.
Un Consejo Económico y Social puede hacer aportes significativos, enriquecer decisiones complejas con la voluntad de actores sociales prominentes y comprometidos en allanar y contribuir al proceso de toma de decisiones. No se trata de crear otro órgano burocrático, sino de abrir un espacio social que ventile decisiones hasta ahora cerradas en círculos reducidos de los poderes públicos. El Consejo podría abrir mecanismos de diálogo social y nacional a fin de abordar temas que aseguren el apoyo público a reformas de significación y al escrutinio de sus resultados.
3. Dar un seguimiento sistemático con rendición de cuentas al Plan y los programas
La Ley de Planeación prevé la revisión de los resultados del Plan y de sus programas, tarea que no se ha satisfecho en la práctica. Tampoco se han realizado adecuaciones al Plan en función de circunstancias no previstas, hecho que incide a la obsolescencia y descrédito de la propia planeación.
En consecuencia, se propone que el Poder Ejecutivo asuma el compromiso de revisar el desempeño del Plan y de sus programas y, en su caso, corregir estrategias y metas al menos cada dos años, poniendo énfasis en mejorar los mecanismos de medición de resultados y de rendición de cuentas.
4. Participación del Congreso en el sistema de planeación
Aunque la Ley de Planeación prevé que la Cámara de Diputados examine el Plan y opine sobre él. En el marco del papel ampliado de las legislaturas en la confección de las políticas públicas, parece deseable que el Congreso asuma un papel más activo en el diseño del sistema nacional de planeación y en la confección de los programas anuales. Sugerimos que la Auditoría Superior de la Federación realice seguimiento sistemático del Plan Nacional de Desarrollo a través del Informe de Ejecución del Plan y, en consecuencia, eleve a los poderes Ejecutivo y Legislativo los dictámenes evaluatorios del ejercicio inmediato anterior.
5. Compromisos en materia de juventud y género
Las políticas de juventud y de género constituyen dos dimensiones centrales al desarrollo económico y la inclusión social, temas descuidados en los compromisos del Pacto por México. Sin una política explícita de corrección de las desigualdades entre hombres y mujeres, sea en materia laboral y de seguridad social, educación y condiciones de vida, resultará difícil validar los objetivos básicos de la igualdad social del país. Del mismo modo, sin una estrategia deliberada para mejorar la inserción laboral, educativa, salarial y de seguridad social para los jóvenes, seguirán desaprovechándose los beneficios del bono demográfico, reproduciéndose generacionalmente, la pobreza, frenándose la movilidad social y acrecentándose las presiones sobre el entorno familiar.
El nuevo Plan Nacional de Desarrollo y sus programas deben incorporar transversalmente las dimensiones de juventud y género a fin de que en todas las políticas públicas se fijen metas concretas en torno a estos temas sociales.
6. Implantar perspectivas regionales y de sustentabilidad ambiental en las políticas de desarrollo
Una de las consecuencias del empobrecimiento de la planeación económica es el abandono de la perspectiva regional del desarrollo. La adopción de una agenda de largo alcance no supeditada exclusivamente a objetivos de equilibrio macroeconómico de precios, mucho contribuirá a redescubrir la importancia de la dimensión geográfica del desarrollo, de la programación sectorial o de la gestión de proyectos de infraestructura e inversiones. En la revisión del Plan habría que incorporar no sólo las dimensiones territoriales y sectoriales, sino también los criterios de sustentabilidad del desarrollo y protección a la ecología.
Las propuestas incorporadas a este documento son el punto de arranque en la renovación del sistema de planeación nacional. El cambio de perspectiva es impostergable ante el pausado crecimiento nacional de las últimas tres décadas y la presencia de una crisis global que pone en entredicho a varios de los ingredientes de los paradigmas socioeconómicos todavía en boga.
Nota:
I. UNAM, Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, 2012. México frente a la crisis. Hacia un nuevo curso de desarrollo, Manifiesto: Lineamientos de política para el crecimiento sustentable y la protección social universal.
