El presidencialismo mexicano es una construcción histórica que, con variaciones a lo largo de la vida independiente en nuestro país, ha mantenido prácticas y rituales de ejercicio y transmisión del poder. Es un hecho que la forma en cómo ha devenido a lo largo de la historia, es indisociable de estructuras verticales, algunas de ellas incluso autoritarias, así como patriarcales y patrimonialistas en el ejercicio del mando.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Frente a ello, ha habido periodos de gobierno en que el ejercicio vertical y la concentración del poder han sido mayores. Y lo que ha logrado mantener cierta funcionalidad y permanencia de las instituciones y sus procedimientos, ha sido la autocontención, si no de los jefes del Ejecutivo, sí de integrantes de su gabinete con poder y capacidad de acción, que establecían ciertos equilibrios para evitar fracturas importantes en el ámbito constitucional e institucional.
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Esta forma de gobernar ha llevado, casi siempre, a más excesos que a aciertos estructurales que llevaran al país a la construcción de un proceso de desarrollo sostenido, respetuoso de la naturaleza, e incluyente de todas y todos, en el sentido de construir condiciones generalizadas de bienestar y garantía plena de los derechos humanos.
Desde esta perspectiva se ha abierto para México un nuevo derrotero que habrá de iniciar el próximo mes de octubre con la administración que habrá de encabezar la dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha sido declarada ya como presidenta electa de México para el periodo de 2024 al 2030.
La primer pregunta que surge al respecto es si, con toda la legitimidad democrática con que llega investida a la presidencia, y con todo el poder que representa una votación de 35 millones de electores que la respaldan, habrá de dar el paso que todos sus predecesores evitaron: desmontar y deconstruir al régimen presidencialista y avanzar hacia una profunda reforma que permita la consolidación de la división de poderes como principio de estructuración orgánica de la República, así como a la democratización misma de la institución presidencial, orientándola más hacia un sistema semi parlamentario o, si se quiere a una presidencia mucho más acotada en capacidades y atribuciones.
Una de las cuestiones más interesantes que habrán de conocerse en los meses por venir es que por primera vez tendremos una mujer presidenta y cuál será el impacto que ello tendrá en la desarticulación o no de estructuras de poder que han existido a lo largo de décadas, y que lo deseable es que se modifiquen en aras de poner al centro de las decisiones públicas la construcción de un país más incluyente, pero, sobre todo, solidario y justo.
Desde esta perspectiva lo esperable también es que la nueva administración modifique prioridades y criterios de actuación. En el ámbito general de la economía, no puede perderse más el tiempo y fijarse como meta en primer lugar, como lo planteó ya hace varios años la CEPAL, igualar para crecer; pero al mismo tiempo, crecer para continuar con un proceso “igualador” de manera sostenida en el tiempo.
Ese reto no puede obviar la dimensión ecológica y poner en la base del crecimiento los principios constitucionales y legales que deben regir a esta materia: principio de responsabilidad intergeneracional; el principio de que quien contamina paga; los principios de prevención y precaución; así como los criterios de reparación del daño y la restauración de los ecosistemas.
La construcción de un nuevo presidencialismo no autoritario y no patriarcal implicará avanzar hacia las gubernaturas y alcaldías de todo el país; y en ese sentido el reto se encuentra igualmente en la construcción de nuevas formas de hacer política en lo estatal y lo local; pero ante ello una gran incógnita es cuál es la visión que tiene la presidenta electa sobre el federalismo, lo que abre el interrogante sobre si continuaremos con la misma lógica hacendaria y de distribución de gasto que hemos tenido por décadas y que ha debilitado enormemente las capacidades de gobierno en los municipios.
Será igualmente deseable que en el proceso que se ponga en marcha para construir el Plan Nacional de Desarrollo se garantice auténticamente que haya procesos de decisión, discusión y aporte de ideas desde una visión democrática integral; y que se recuperen como ejes transversales de la política pública tres criterios abandonados por esta administración: a) perspectiva de género; b) no discriminación; y c) derechos de las infancias.
La institucionalidad del país para el acceso y garantía de la justicia debe revisarse; y eso implica mucho más que lo anunciado respecto del Poder Judicial de la Federación; debe incluirse además una profunda reforma a las estructuras de seguridad pública; pero también al sistema penitenciario y los mecanismos de reintegración social de las personas que son privadas de su libertad.
Todo lo anterior tiene qué ver, debe insistirse, con el modelo presidencialista que se ha gestado históricamente en México y que se ha reproducido en entidades y municipios; por lo que los cambios que se requieren son mayúsculos, pero respecto de los cuales se desconoce aún cuál es explícitamente la postura de la presidenta electa; y sobre todo cuál va a ser su estilo personal de relación con las y los gobernadores y con las y los titulares de las principales alcaldías del país.
Otro ámbito por dilucidar es cuál será la relación de la nueva presidencia con los medios de comunicación y con las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales con representación en México; cuestión compleja pues en el esquema y visión de país del actual presidente, constituyen estructuras de mediación innecesarias, e incluso perniciosas, para el buen funcionamiento de su modelo de gobierno.
Son muchos los problemas, rezagos y retos por venir que tiene nuestro país. Y como están las cosas hasta ahora, su adecuada resolución dependerá en una alta proporción de las decisiones personales que tome la presidenta y que, ojalá, transiten cada vez más hacia sistemas institucionales ordenados, para salir de una vez por todas de la discrecionalidad y voluntarismo que han prevalecido a lo largo de las décadas.
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Investigador del PUED-UNAM
Frase clave: presidencialismo en México
