El presupuesto de egresos del estado de Yucatán para el año 2025 ha sido aprobado en un contexto marcado por tensiones políticas, debates públicos y una clara intención de consolidar proyectos de desarrollo para la entidad. Este documento financiero, que definirá el rumbo de los recursos del estado durante el próximo año, refleja las prioridades de un gobierno que busca equilibrar las necesidades sociales con los retos económicos y las demandas de transparencia.
Escrito por: Eduardo Rodrigo Alam Bentata
El presupuesto para 2025 tiene como principal enfoque impulsar proyectos de infraestructura, fortalecer la seguridad, y consolidar programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables de la población. Según declaraciones oficiales, las principales metas incluyen:
- Infraestructura estratégica: Destacan proyectos como la ampliación del puerto de altura de Progreso, la mejora de carreteras estatales y la construcción de hospitales y escuelas en zonas rurales.
- Seguridad: Mantener y fortalecer los programas que han posicionado a Yucatán como uno de los estados más seguros del país. Esto incluye un aumento en la inversión para capacitación policial y adquisición de equipo.
- Desarrollo social: Incrementar el apoyo a programas que abordan la pobreza, el acceso a la educación y los servicios de salud. Además, se busca impulsar iniciativas de inclusión para comunidades indígenas y marginadas.
- Transición energética y sostenibilidad: El presupuesto también destina recursos para fomentar el uso de energías renovables y proyectos que mitiguen el impacto del cambio climático.
Aunque el presupuesto para 2025 presenta objetivos ambiciosos, no ha estado exento de polémicas. Una de las principales críticas se centra en la distribución de los recursos. Algunos sectores argumentan que el enfoque en infraestructura y seguridad deja de lado problemas urgentes como la pobreza extrema y la desigualdad regional. Otra crítica surge sobre el controvertido cobro por reemplacamiento, que algunas voces señalan se elevará a cerca de dos mil pesos por vehículo.
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El gobierno estatal ha destinado una parte significativa del presupuesto a proyectos de infraestructura. Aunque estas inversiones son clave para el crecimiento económico y la generación de empleos, las voces críticas advierten que pueden acentuar las desigualdades entre las zonas urbanas y rurales. La falta de proyectos que atiendan directamente las necesidades de comunidades indígenas ha sido un punto recurrente en las discusiones.
Otro foco de debate es la transparencia en la ejecución del presupuesto. Organizaciones civiles han señalado la necesidad de garantizar mecanismos que permitan a la ciudadanía supervisar el uso de los recursos. En años anteriores, se han registrado casos de subejercicios y reasignaciones poco claras, lo que ha generado desconfianza en algunos sectores.
También fue intenso el debate sobre los recursos destinados a la Universidad Autónoma de Yucatán, que equivalen a una cantidad cercana a 30 millones de pesos menos que el año anterior. Al respecto, se aclaró que dicho monto fue propuesto por la propia Universidad.
El proceso de aprobación del presupuesto en el Congreso de Yucatán estuvo marcado por intensos debates entre las diferentes fuerzas políticas. Mientras que la bancada oficialista defendió el enfoque del presupuesto, los partidos de oposición cuestionaron tanto la asignación de recursos como las prioridades establecidas.
El gobierno estatal y los legisladores afines argumentaron que el presupuesto busca consolidar un modelo de desarrollo integral, destacando que las inversiones en infraestructura y seguridad son esenciales para mantener el crecimiento económico y la estabilidad social del estado. También subrayaron que el incremento en programas sociales refleja un compromiso con los sectores más vulnerables.
Por su parte, los legisladores de oposición criticaron la falta de atención a problemas como la desigualdad, la precariedad laboral y el acceso limitado a servicios básicos en comunidades rurales. Además, cuestionaron la reducción de recursos para ciertos rubros, como la educación superior, y exigieron mayor claridad sobre los criterios de asignación.
En el marco del debate, algunos legisladores propusieron modificaciones al presupuesto, incluyendo:
- Incrementar los fondos destinados a proyectos de desarrollo rural y programas para comunidades indígenas.
- Establecer un fondo especial para emergencias climáticas, dado el aumento de riesgos asociados al cambio climático en la región.
- Aumentar la inversión en educación pública, especialmente en zonas marginadas.
Al final, en sesión ordinaria y por mayoría se aprobaron los dictámenes correspondientes al Paquete Presupuestal del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, cuyo presupuesto asciende a 62,783 millones de pesos. El presupuesto fue aprobado con 20 votos a favor y 14 en contra, de entre las 34 diputaciones presentes.
La discusión del presupuesto ha generado reacciones mixtas entre diversos sectores de la sociedad. Mientras que algunos grupos empresariales han expresado su apoyo al enfoque en infraestructura, señalando su potencial para atraer inversiones y generar empleo, las organizaciones civiles han enfatizado la necesidad de un mayor equilibrio en la distribución de los recursos.
Las cámaras empresariales han aplaudido las inversiones en infraestructura, destacando que proyectos como la ampliación del puerto de Progreso podrían convertir a Yucatán en un nodo logístico clave para el comercio internacional. Además, han pedido garantizar la ejecución eficiente de los proyectos para maximizar su impacto.
En contraste, organizaciones como colectivos indígenas y grupos ambientalistas han manifestado preocupación por la falta de enfoque en problemas sociales apremiantes y la ausencia de una consulta amplia para definir las prioridades del presupuesto. Además, han advertido sobre el riesgo de impactos negativos de algunos proyectos de infraestructura en los ecosistemas locales.
El presupuesto de Yucatán para 2025 refleja tanto las aspiraciones como las tensiones inherentes a la administración de recursos públicos en un contexto complejo. Si bien las inversiones en infraestructura y seguridad tienen el potencial de impulsar el desarrollo, es fundamental garantizar que estas acciones se traduzcan en beneficios tangibles para toda la población.
El éxito de este presupuesto dependerá de:
- Transparencia y rendición de cuentas: Implementar mecanismos efectivos para supervisar el uso de los recursos.
- Equilibrio en la asignación: Asegurar que los proyectos atiendan tanto las necesidades urbanas como rurales.
- Participación ciudadana: Incorporar las voces de diversos sectores sociales para legitimar las decisiones presupuestarias.
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En última instancia, el presupuesto para 2025 representa una oportunidad para que Yucatán continúe avanzando hacia un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible, siempre que se prioricen las necesidades de los sectores más vulnerables y se fomenten mecanismos de inclusión social. Sin embargo, las polémicas y los debates que han marcado su aprobación subrayan la importancia de mantener un diálogo abierto y constructivo entre el gobierno, la oposición y la sociedad civil.
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