La mayor herramienta para ejecutar la política pública del presidente Andrés Manuel López Obrador para el próximo año fue presentada: se trata del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2020. Esta serie de documentos son una expresión de las prioridades de la presente administración (la primera de izquierda después de 30 años de gobiernos neoliberales), sin embargo, los recursos destinados para la inversión y el desarrollo económico no presentaron un papel relevante.
Por Jonathan Rubio
Es un hecho: podemos crecer y no generar mejores condiciones de bienestar y de igualdad, pero no al revés. Sin crecimiento no hay posibilidades para generar desarrollo ni igualdad, y en el presupuesto para el próximo año, las prioridades presupuestarias no parecen estar claramente encaminadas a este fin.
En términos generales, los 6.1 billones de pesos que prevé el gasto total del gobierno para el próximo año, representan un incremento en términos reales de 0.8%, comparado con el gasto que se aprobó para este 2019, sin embargo, el gasto del gobierno como proporción del PIB pasó de representar el 23.5% al 23.2% entre ambos años, es decir, el gasto público respecto del producto total de la economía será menor para 2020.
Bajo la clasificación funcional del gasto programable del Sector Público, es decir, el gasto cuyo objetivo es proveer de bienes y servicios a la población, es posible identificar tres grandes grupos de finalidades del gasto de la Administración Pública Federal: desarrollo social, desarrollo económico y gobierno.
Para el gasto destinado al gobierno (que incluye el gasto para la seguridad nacional, para la justicia, para el Poder Legislativo, el INE, entre otros) se proyectó un total de 251 mil millones de pesos, el equivalente a un incremento del 5.5% comparado con el presupuesto aprobado para este 2019.
Para el rubro de desarrollo social (el cual incluye el gasto para la educación, salud, protección social, vivienda, servicios a la comunidad y protección animal) se prevé un total de 2 mil 797 millones de pesos, es decir, un 2.8% más comparado con lo que se presupuestó para 2019.
De las partidas presupuestarias que conforman el presupuesto para el desarrollo social destaca el la de protección social (en la que se incluyen los programas sociales) ya que representa cerca del 19% del total del proyecto del presupuesto de egresos y equivale a cerca del 4.3% del PIB.
Sin embargo, otras funciones que se encuentran dentro del gasto para el desarrollo social tuvieron recortes. De acuerdo con el análisis al presupuesto de egresos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), para el gasto en protección ambiental se proyecta un recorte del 25%, y en el de vivienda y servicios a la comunidad otro del 3.9 por ciento.
Los recursos destinados al desarrollo económico presentaron un aumento de apenas 0.3% comparado con lo que se aprobó para este mismo rubro en el último presupuesto que diseñó el expresidente Peña Nieto.
El rubro de desarrollo económico incluye el gasto destinado a combustibles y energía; comunicaciones y transportes; sector agropecuario, silvicultura, pesca y caza; los asuntos económicos, comerciales y laborales en general, y a la ciencia, tecnología e innovación.
De acuerdo con el análisis del CIEP, la parte que más incrementó fue la destinada a combustibles y energía, por la refinería de Dos Bocas, con un incremento de 5.8%: unos 6 mil 837 millones de pesos más que lo aprobado para 2019. De igual forma, el rubro de otras industrias y otros asuntos económicos tuvo un aumento de 33.1%, lo que implica 3 mil 225 millones de pesos más.
Fuera de estos dos rubros, el resto de las funciones que forman parte de la partida de desarrollo económico acumularon recortes que suman 69 mil 114 millones de pesos; la función que más se vio afectada fue la del transporte, con 37.5% menos.
Particularmente, el rubro de la ciencia, tecnología e innovación ha mantenido recortes constantes desde hace varios años: tan solo entre 2013 y 2019, los recursos destinados para estas actividades (fundamentales para el desarrollo económico) sufrieron un recorte presupuestario, en términos reales, de 17.3%; bajo este escenario, 2020 no presenta un mejor panorama para este sector que se ha ido abandonado paulatinamente.
Por otro lado, el gasto en inversión también continúa a la baja. Los cálculos del CIEP refieren que, entre 2015 y 2020, se redujo 43%: el presupuesto destinado a este fin pasó de representar el 5% del PIB a únicamente el 2.9%; para 2020, se presupuestó un recorte del 8.1% comparado con el presupuesto de 2019.
Mientras que, en general la austeridad en el gasto público es entendida como una medida que hace alusión a las ideologías clásicas del pensamiento económico -en las que el Estado tiene que intervenir lo menos posible en la economía-, en México esta postura fue planteada por un movimiento de izquierda que hoy ocupa la presidencia.
En este sentido el primer presupuesto de esta administración es austero y poco intervencionista en dos sentidos: el gasto público será menor que en 2019 como porcentaje del PIB, y no prioriza de manera contundente el gasto destinado a actividades que fomentan el crecimiento y el desarrollo como la inversión pública y la ciencia, tecnología e innovación.
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