por Israel Martínez
Desde las instituciones del Estado se ha reconocido una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas de México, lo que ha originado una mayor atención, la aprobación y puesta en marcha de reformas jurídicas e institucionales, así como el incremento en el número de políticas públicas específicas y de recursos públicos asignados para contribuir a su desarrollo integral
La Reforma Constitucional de 2001 representó un avance en el reconocimiento de los derechos indígenas, estableció las bases para una política indigenista con un enfoque transversal que mandata la participación de los pueblos y comunidades, obligando al Estado a establecer un marco institucional que se encargue de promover su desarrollo integral y a los congresos federal y estatales para que incluyan en sus presupuestos de egresos las partidas y programas correspondientes.
No obstante, a pesar de la mayor atención y del incremento de los recursos destinados a promover su desarrollo, los pueblos indígenas de México siguen representando el sector de la población con los mayores rezagos sociales, la mayor pobreza y marginación en el país.
Presupuesto indígena
En el ámbito federal, desde 2002 se incluye en el Presupuesto de Egresos de la Federación un capítulo específico de las Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas (EDIPCI), el cual hasta 2007 incluía sólo el monto total y a partir de 2008 se desagrega en ramos administrativos y designaciones, lo que implica una mayor transparencia en la asignación del presupuesto y en las responsabilidades de las entidades y dependencias que tienen a su cargo los programas.
Integración del presupuesto
Las EDIPCI se componen por la suma de recursos de programas presupuestarios de distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), representando en cada caso una proporción del presupuesto total. En 2016 se incluyen 14 ramos administrativos que comparten la responsabilidad de la ejecución de estos recursos, lo cual demanda una eficaz rectoría y orientación estratégica, así como la existencia de lineamientos y especificaciones para el gasto que garanticen la mayor eficiencia posible.
Distribución por ramo administrativo
La revisión de la evolución del presupuesto permite advertir el peso relativo que tienen las entidades responsables del gasto en 2016, resaltando que Desarrollo Social concentra más de una tercera parte (33.6%) del presupuesto indígena total, mientras la CDI, entidad no sectorizada, tiene 14% y las Aportaciones Federales para Entidades y Municipios el 11.9%, lo que representa más de 10,160 millones de pesos a los que resulta complicado dar seguimiento y evaluar sus resultados, dado que la responsabilidad de la ejecución recae directamente en los gobiernos estatales y municipales.
Las entidades que operan programas y acciones que promueven el desarrollo económico y la generación de ingresos o el desarrollo rural tienen una participación limitada, por ejemplo, SAGARPA concentra sólo el 4.8% del presupuesto, SEDATU el 2.6% y Economía el 0.03%.
Distribución por vertiente del gasto
Para profundizar el análisis del presupuesto indígena, se clasificaron las designaciones de los ramos administrativos en vertientes del gasto de acuerdo con su finalidad y objetivos, siendo éstos: bienestar social; infraestructura; desarrollo económico; salud; gestión; educación; alimentación vivienda; ambiental; cultura y justicia-derechos humanos. Se encontró que la mayor parte del presupuesto durante 2008-2016 se destinó a infraestructura (201,000 millones de pesos) y bienestar social (184,000 millones de pesos). Los programas de ambas vertientes han concentrado el 65.9% (34.4 y 31.5, respectivamente) de los recursos etiquetados. Por el contrario sólo se ha destinado el 9% a promoción de la economía y empleo.
Distribución por programas presupuestarios (Denominaciones)
Al analizar la distribución del presupuesto indígena por programas presupuestarios se identifica que en 2016 los que concentran más recursos son: Programa de Inclusión Social, PROSPERA, incluyendo las dimensiones de bienestar social, educación y salud (25,867 millones); Programa 70 y más (12,991 millones de pesos); FAIS Municipal (8,203 millones) y el Programa de Infraestructura Indígena (7,591 millones). Entre los cuatro programas concentran el 64.1% del total del presupuesto indígena.
El alto porcentaje de recursos que otorgan transferencias parece reflejar que la política indigenista privilegia la atención de las carencias sociales y tiene poca participación en sectores asociados con el bienestar económico y la generación de ingresos.
Seguimiento y evaluación
En términos del seguimiento del presupuesto indígena, únicamente se aplican los mecanismos que determina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los presupuestos transversales, siendo éstos los informes periódicos en los que se presenta el avance en el ejercicio del presupuesto y el grado de cumplimiento de las metas físicas; sin embargo, no se capta información que permita dar seguimiento a la orientación estratégica de este gasto, como podría ser el cumplimiento de metas de gestión o resultados, cobertura, coordinación, acciones afirmativas, por mencionar algunas. Adicionalmente, aunque se ha avanzado en la evaluación de programas indígenas, no existe evidencia de la realización de evaluaciones al presupuesto transversal bajo un enfoque integral.
| Israel Martínez Maestro en Economía por la Universidad de las Américas Puebla, (UDLAP) Con una amplia experiencia en el tema de Política de Desarrollo Social y de Combate a la Pobreza. A lo largo de su actividad profesional ha ocupado diferentes cargos en el gobierno federal, estatal y como Consultor en temas de Diseño, Implementación y Evaluación de Política Pública. |
