por Óscar Jaimes / José Guillermo Castillo
A finales de la década de 1980 y durante la de 1990 surgió un movimiento en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros países europeos que cuestionaron los magros resultados del sistema de justicia para reducir la criminalidad, surgiendo propuestas sobre la prevención, es decir, sobre medidas que buscan anticipar la delincuencia y la violencia (Welsh y Farrington, 2012).
Mientras que la orientación del control formal se centra en los mecanismos que tiene el Estado para perseguir, disuadir y sancionar, parte del enfoque de la prevención se encuentra centrado en fortalecer los mecanismos sociales de tipo informal, es decir, la familia, la escuela, la comunidad, el trabajo, entre otras áreas.
De esta manera, la prevención social del delito busca atender y reducir los factores de riesgo a nivel individual, familiar y comunitario, por ejemplo: los embarazos en adolescentes; la falta de atención de los niños en los primeros años por uno o ambos padres; el maltrato infantil; la escasa supervisión de las actividades de niños y adolescentes; el bajo rendimiento escolar; la escasez de oportunidades legítimas en la comunidad; las adicciones; entre otras.
Tres grandes perspectivas
En la experiencia internacional se encuentran tres grandes perspectivas de la prevención: 1) desde el desarrollo individual; 2) comunitaria; y 3) situacional.
La perspectiva del desarrollo se centra en las medidas para generar condiciones propicias para el autocontrol mediante la educación de los niños desde el seno familiar y la generación de habilidades para la interacción social a lo largo de la vida, lo cual va asociado a mayores posibilidades de éxito escolar y oportunidades laborales, aumentando los costos de las desviaciones y reduciendo así la probabilidad de delinquir.
El enfoque en la comunidad busca incrementar la capacidad para regular las desviaciones de conducta mediante la generación de vínculos entre los integrantes; la reducción de factores de riesgo; y fomentar la organización y acción colectiva para atender las diversas problemáticas que enfrentan, propiciando así entornos de mayor seguridad. La prevención situacional va dirigida a la modificación y el saneamiento de los espacios físicos o la instrumentación de medidas disuasivas que reduzcan las oportunidades del delito y aumenten los riesgos de los posibles delincuentes, como la iluminación y la instalación de alarmas, cámaras de vigilancia y dispositivos de rastreo (I).
La implementación de los programas de prevención ha sido generalmente acotado a zonas urbanas y dirigidas a comunidades con desventajas sociales diversas, como son: bajos ingresos, alta desigualdad, movilidad y violencia, así como desorganización familiar (Welsh y Farrington, 2012). En dichas comunidades se desarrollan múltiples acciones, en algunas ocasiones combinando los distintos enfoques (II).
Sin embargo, a pesar de la modernización en el equipo y el aumento presupuestal a las instituciones de seguridad pública, ni la delincuencia ni la violencia relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico han disminuido, sino todo lo contrario. Esto se debe a que la estrategia atiende únicamente a los efectos y no las causas del fenómeno. De ahí que el enfoque en la prevención sea visto como una estrategia necesaria para complementar las políticas de control.
Aunque, ciertamente en México se han desarrollado intervenciones con orientación a la prevención desde hace varios años (“Todos somos Juárez”; programas dirigidos a jóvenes en Acapulco; los Centros Nueva Vida y, con una amplia trayectoria, los Centros de Integración Juvenil, entre otros), no se había establecido como una prioridad a nivel nacional ni se habían articulado bajo una sola estrategia gubernamental, de manera que es muy positivo que el nuevo gobierno federal haya planteado la prevención como una de sus principales estrategias para reducir la violencia y la delincuencia.
Medición del delito y prevención
Para que el diseño de las políticas de control o prevención pueda hacerse con diagnósticos y evidencia científica es necesario que esté basado en datos confiables que permitan dirigir los esfuerzos públicos con mayor precisión y que también se utilicen para la evaluación y seguimiento de las intervenciones.
En ese sentido, las Naciones Unidas ha establecido una hoja de ruta para mejorar la calidad y disponibilidad de las Estadísticas de Delincuencia a nivel nacional e internacional, recomendando que los sistemas nacionales de estadística mejoren la cantidad y calidad de la información que se obtiene a partir de los registros administrativos de las autoridades de seguridad y justicia y la complementen con la información que pueden aportar las encuestas de victimización, lo que permitirá obtener una visión integral del problema de la delincuencia (III).
Mediante el aprovechamiento de los registros administrativos se generan estadísticas que proporcionan elementos valiosos para las decisiones de política pública, entre estos se encuentran las estadísticas de homicidios, las denuncias y los delitos registrados en averiguaciones previas y carpetas de investigación de los Ministerios Públicos, así como la información sobre los procesos penales de los tribunales de justicia y del sistema penitenciario.
No obstante, se requieren nuevos instrumentos para la recolección, análisis y divulgación de información sobre los elementos de la prevención, principalmente asociados a los controles informales y las instituciones sociales, que pueden ayudar a revelar parte de las causas del fenómeno de la delincuencia y la violencia social. Evidentemente, invertir en instrumentos que permitan medir y atender las causas sociales de la delincuencia y la violencia es costoso; sin embargo, la evidencia ha mostrado que, en el largo plazo, el costobeneficio es mucho mayor (IV).
Intervenciones de prevención integrales y de largo plazo
Por ello, los retos de la prevención se encuentran en el diseño y la implementación de acciones diversificadas que vayan dirigidas tanto a las acciones de desarrollo comunitario y situacional, como también al aspecto del desarrollo de los niños y jóvenes; la identificación de factores de riesgo y su mitigación a través del fortalecimiento de los controles ejercidos por las instituciones sociales, como los hogares y las escuelas, promoviendo el desarrollo de habilidades sociales e inhibiendo las conductas antisociales.
También es importante lograr un balance adecuado entre las políticas de control y de prevención, puesto que ante la falta de certidumbre en la detección y castigo de las conductas antisociales y delictivas por los mecanismos formales del Estado, los incentivos para la comisión de una falta seguirán sumando potenciales integrantes a las filas de la delincuencia.
Otro reto relevante se encuentra en la generación de instrumentos de medición que proporcionen mayor información y conocimiento sobre los elementos que constituyen la base para prevenir la delincuencia, es decir, los controles informales que se ejercen desde las instituciones sociales. Además, se requiere de un seguimiento puntual de las diversas intervenciones que sean implementadas en las comunidades seleccionadas.
Las encuestas en hogares podrán detectar si se generan cambios en los controles sociales informales por las intervenciones, mientras que los registros de las acciones concretas aportarán evidencia sobre los cambios a nivel micro. En conjunto, representarán la posibilidad a mediano plazo de valorar el nivel de éxito de las intervenciones aplicadas.•
Notas:
I. Para mayores referencias sobre los enfoques de la prevención se sugiere consultar Crawford (2007) y Farrington (2007), para ver específicamente sobre el enfoque basado en el desarrollo se sugiere consultar Cullen, Benson y Makarios (2012); Farrington, Loeber y Ttoffi (2012); Piquero y Jennings (2012) y Lösel; Bender (2012) y Murray et al. (2009). Respecto a las teorías sobre la comunidad se recomienda Messner y Zimmerman (2012); Sampson, Raudenbush y Earls (1997); Sampson y Raudenbush (1999); Hope (1995); Rosenbaum y Schuck (2012). Acerca del enfoque situacional se puede consultar Smith y Clarke (2012) y Johnson, Guerette y Bowers (2012); Welsh & Farrington (2009) y Clarke (1995).
II. Para conocer los distintos grados de efectividad de los enfoques consulte: Homel y McGee (2012) y Lawrence et al. (1998)
III. Informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre una hoja de ruta para el mejoramiento de las estadísticas de delincuencia a nivel nacional e internacional. Comisión de Estadística 44° período de sesiones. Boletín E/CN.3/2013/11 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
IV. De acuerdo con algunos estudios, por cada dólar invertido en prevención temprana, se pudieron ahorrar 11 dólares que de otra manera hubieran sido gastados ya sea por el sistema de justicia penal o por las víctimas del delito. Al respecto puede consultar Aos et al. (2004).
V. Para mayor referencia consultar Censos Nacionales de Gobierno en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/default.aspx
VI. La información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) puede consultarse en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/default.aspx
VII. La información de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012 (ENVE) puede consultarse en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enve/enve2012/default.aspxLos autores aclaran que el análisis, puntos de vista, comentarios y opiniones vertidas en este artículo son de carácter estrictamente personal y no reflejan en ningún momento la posición oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
