por Mario Luis Fuentes
De acuerdo con el INEGI en el país hay 210,991 personas privadas de la libertad en todo el país: dos de cada tres tienen menos de 39 años de edad, 5% nunca había trabajado antes de ser detenido y 8.5% trabajó alguna vez en una corporación policiaca, en el Ejército o en la Marina.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el día de ayer la primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol, 2016). En ella se documenta y dimensiona a detalle lo que ya había sido mostrado por otros estudios: las prisiones se rigen por autogobierno, la corrupción en su interior es rampante, hay miles de personas injustamente detenidas, la inseguridad y la violencia son nota cotidiana y la violación a los derechos humanos es sistemática.
A pesar de que ya se ha puesto en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción y ya ha iniciado operaciones el nuevo sistema de justicia penal, sus efectos todavía están lejos de reflejarse en un mejor sistema penitenciario nacional, en el cual las prisiones funcionen verdaderamente como centros para la rehabilitación y la reinserción social de las personas imputadas, y no como ahora, que literalmente se han convertido ya no sólo en “escuelas del crimen”, sino en verdaderos centros protegidos para la operación delincuencial del crimen organizado.
¿Cuántos son?
De acuerdo con los datos del Inegi, en 2016 había 210 mil 991 personas de 18 años y más privadas de la libertad; entre ellas, 200 mil 380 son hombres y 10 mil 611 son mujeres (5% del total).
Destaca que es la Ciudad de México la entidad en donde hay un mayor número de personas recluidas, pues la Enpol documenta una suma de 28 mil 520, de las cuales 27 mil 158 son hombres y mil 362 son mujeres. En segundo lugar se encuentra el Estado de México, con 24 mil 742 personas, de las cuales 23 mil 444 son hombres y mil 299 mujeres.
En tercer sitio destaca el estado de Jalisco, con 16 mil 014 personas privadas de su libertad; en cuarto sitio está Baja California, con 13 mil 356; en quinto sitio, Sonora, con una población penitenciaria de 10 mil 901 personas, y en sexto lugar, Veracruz, con 9 mil 519.
El drama de la juventud
De acuerdo con los datos del Inegi, 68.1% de las personas privadas de la libertad tienen 39 años o menos. En efecto, del total de quienes se encuentran detenidos bajo proceso, o habiendo sido sentenciados, 13.4% tiene entre 18 y 24 años de edad, 19.4% tiene entre 24 y 29 años, 19.2% entre 30 y 34 años y 16.1% tiene entre 35 y 39 años de edad.
Destaca que las entidades en las cuales hay una mayor proporción de jóvenes de 18 a 24 años privados de su libertad son: Zacatecas, con 21.7%; Quintana Roo, con 19.7%; Coahuila, Aguascalientes y Tamaulipas, con 17.8% cada uno de ellos; Estado de México, con 17.3%, y Chihuahua, con 17.2%.
¿Qué hacían?
De acuerdo con el Inegi, del total de las personas privadas de la libertad, 204 mil 777 trabajaron alguna vez antes de su detención; es decir, 6 mil 214 de ellos nunca habían trabajado antes de ser recluidas en prisión, cifra que equivale a 5.6% del total.
De quienes sí habían trabajado, 18.6% era trabajador artesanal; 16.2% era operador de máquina industrial, ensamblador, chofer o conductor; 13.4% era trabajador del sector agropecuario; 12.9% comerciante o empleado en ventas; 9.6% era comerciante informal; 9% era empleado en servicios personales de vigilancia; 3.8% profesionista o técnico.
Otro 1.9% era auxiliar en actividades administrativas; 1.8% se dedicaba a actividades ilegales; 1.2% era funcionario público; 1.2% era policía municipal, estatal, judicial o ministerial; 1.1% era empresario; 0.5% formaba parte del Ejército; 0.1% era parte de la Policía Federal; 0.1% de la Marina; y 8.2% se dedicaba a otra actividad.
Al respecto, es importante destacar que, del total de las personas privadas de la libertad, 18 mil 011 alguna vez prestaron sus servicios en instituciones policiales, en el Ejército o en la Marina, es decir, 8.5%, dato que, frente a los niveles de corrupción, permite dimensionar el nivel de crisis por el que atraviesan las corporaciones de seguridad pública en el país, pues con menor corrupción e impunidad probablemente la cifra sería mucho mayor.
La eterna corrupción
Los datos del Inegi muestran que 22 mil 709 personas privadas de la libertad aseguran haber sido víctimas de la corrupción y que han tenido que pagar por algún trámite o servicio al interior de las prisiones.
De ellos, 66.4% han tenido que pagar por el “pase de lista”; 50.2% ha tenido que pagar por tener aparatos eléctricos; 42.4% para cambiar de celda; 37.3% para salir al pasillo de visita; 35.1% por tener agua potable; 30.4% por tener un teléfono; 28.9% por tener acceso a servicios médicos; 28.7% ha pagado por recibir comida; y 26% ha pagado por tener una cama, colchoneta o cobijas.
De quienes han sido víctimas de la corrupción, 87% ha entregado el dinero a los custodios, 36.1% a los internos, 7.8% a personal técnico penitenciario, 6.4% a personal administrativo, y un porcentaje similar a personal médico.
Por último, es importante decir que 94% de quienes tuvieron que pagar algún soborno no presentaron una denuncia, 31.4% de ellos no lo hizo por temor a represalias, 26.6% porque “la corrupción es una práctica común” y 20.2% porque asegura que “sería inútil”.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 01-agosto-2017, p.16.
