La presentación del programa económico 2022 abrió ya el segundo y último trienio del actual gobierno. Se relajan un poco las restricciones del presupuesto, en línea con la recuperación que se encuentra en proceso, pero el panorama hacendario y económico general no cambia mucho para los próximos años.
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La reordenación de prioridades inició en 2019 con los programas de mayor jerarquía, que se resumen en la ampliación de los programas de protección social, en los que destaca el crecimiento de las pensiones para la población mayor de 65 años, las cuatro obras de infraestructura más conocidas y acciones adicionales. Ese cambio fue posible moviendo recursos de unas dependencias y ramos hacia otros, utilizando los fondos de ahorro y mejorando la recaudación sin aumentar tasas ni crear nuevos impuestos.
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Ese cambio se ratificó para 2020, y en eso llegó la pandemia, a la que se respondió profundizando la estrategia de contención, a pesar de sus efectos pro recesivos. Aunque no todas las medidas se cumplieron, las restricciones al gasto público se fortalecieron a fines de abril, en las semanas de mayor confinamiento. Los impactos se sintieron sobre todo en la inversión pública.
El paquete económico de 2021 repitió la misma dosis, y no está ayudando mucho a la recuperación, y lo mismo puede ocurrir para el año entrante, a pesar de que el presupuesto federal tiene prevista una mejora de casi 10 por ciento ya descontada la inflación. Esto es por lo que se relajan las restricciones. Sin embargo, el componente más importante para sostener la recuperación, que es la inversión pública, seguirá prácticamente como está ahora en 2021. El nuevo programa reconfirma y consolida las líneas maestras que se establecieron antes de la crisis, no las adapta a la compleja situación actual ni a los retos que han emergido en el último año y medio.
El programa de 2022 podría tener una reorientación de mayor fondo, tiene la oportunidad de encabezar una estrategia post pandemia para enfrentar las debilidades que nos ha agravado y magnificado el COVID-19. La decisión de mayor calado ya está tomada: no habrá una reforma fiscal significativa, que proporcione los ingresos necesarios para financiar la ampliación de los principales servicios públicos y de la inversión, sobre todo en salud, educación, ambiente, infraestructura y fomento productivo.
Una mejora de casi 10 por ciento en el presupuesto es muy positiva, sin duda. No hay que regatearle el mérito, aunque hay que ver los detalles de su asignación, claro. ¿Qué tanto cambiará eso el panorama de los siguientes años? Los nuevos Criterios Generales de Política Económica aportan pistas para ver los efectos de más largo alcance. Lo que aparece en el horizonte de 2027 es un pronto regreso al comportamiento mediocre de la economía mexicana, que estará llegando a más tardar en
Restablecimiento, desarrollo y responsabilidad, son los tres rasgos que se enuncian como las claves en el paquete económico de 2022. Mala elección la del restablecimiento, o quizá se optó por el realismo. De lo que se trata no es de restablecer el curso previo de desarrollo, sino de reorientarlo. Sigue haciendo falta rescate de sectores y regiones, de grupos de actividades que continúan deprimidas. Sigue siendo necesario apuntalar la recuperación con medidas financieras y con estímulos, con la activación del potencial de la banca de desarrollo, por ejemplo, y con un gran impulso de la inversión pública, entre otras medidas.
En el horizonte de 2027, lo que queda dibujada es la vuelta a la impresentable normalidad previa a la gran crisis de la pandemia, un retorno del bajo crecimiento, con tasas anuales de 2.5 por ciento, que no dan para mucho, y que si acaso permitirán compensar lo que hemos perdido en estos 18 meses de pandemia y en el estancamiento de 2019. Y eso ni suena a desarrollo, es de hecho un curso inercial como vuelta la mediocridad económica, a la insuficiencia y precariedad en el empleo y a las carencias en los principales soportes del bienestar, que son la salud, la educación, los servicios ambientales, y la seguridad, por supuesto.
Para la discusión del programa de 2022 la Cámara de Diputados tiene un activo muy valioso. El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, que propuso y dirigió el exdiputado Alfonso Ramírez Cuéllar, entregó el pasado 3 de septiembre el documento Nuevas políticas contra la desigualdad, que contiene propuestas y cálculos para mejorar los ingresos públicos y fortalecer el presupuesto en educación, salud, infraestructura y servicios de cuidado, entre otros temas. Ahí tienen un soporte para que el próximo presupuesto busque algo más que el restablecimiento, y de verdad se enfile hacia el desarrollo.
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