Ya con el poder en sus manos, el nuevo gobierno se dispone a estructurar su programa de gobierno, partiendo de los trabajos de la transición que concluirá el próximo 1º de octubre, luego con el diseño de su primer programa hacendario a presentar el 15 de noviembre, enseguida con la formulación de la propuesta de plan sexenal que deberá entregar a la Cámara de Diputados en marzo de 2025.
Escrito por: Enrique Provencio D.
La notable mayoría de votos y de posiciones en el Poder Legislativo, no exime a las nuevas autoridades de la necesidad de gobernar en clave pluralista, con estrategias destinadas a toda la población, sin exclusiones ni condicionamientos. Así lo ofreció la Dra. Claudia Sheinbaum en algunas de sus últimas intervenciones en la campaña electoral y en sus primeros discursos pasada la elección.
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Las primeras dos semanas de la transición estuvieron dominadas por el tratamiento a las iniciativas de reforma constitucional enviadas el pasado 5 de febrero, en especial la de cambios al Poder Judicial. El tema marcará políticamente al nuevo gobierno, pero también lo harán las decisiones que tome para enfrentar las principales urgencias, empezando por la seguridad pública.
Las campañas, todas, las federales y las locales, como nunca antes en las décadas recientes, quedaron marcadas por la violencia política, por las amenazas y las presiones de todo tipo a candidatas y candidatos. No deberíamos hacer como si eso fuera lo normal, como si hubiera sido accidental o coyuntural. La intimidación fue el mensaje principal que mandaron las bandas criminales, que decidieron amedrentar y en decenas de casos asesinar, a quienes tenían propuestas e intenciones de alterar el orden que estas han impuesto en sus espacios de poder.
En el transcurso de 2024 se han agravado algunas de las manifestaciones de la inseguridad, entre ellas los homicidios. La percepción social sobre la seguridad pública empeoró claramente en el primer trimestre, luego de un periodo de año y medio de mejoras. En 14 ciudades la población percibió que la inseguridad subió respecto a los meses previos, solo en 4 se apreció un avance. Las medidas incluidas en los 100 pasos para la transformación, el documento que resume los planteamientos de la coalición que gobernará los próximos seis años, no perfilan un cambio de estrategia respecto a lo que se viene aplicando, y que no ha logrado abatir la inseguridad pública en sus peores expresiones.
El contundente triunfo de Morena no puede verse como un endoso a la continuidad de todas las políticas actuales. Solo una proporción muy baja señaló que en cuestiones de seguridad se registran aciertos en el gobierno saliente. La inseguridad fue señalada en toda la campaña como el problema principal que aqueja al país, y seguramente no fue porque se le considere resuelto o porque se califique bien la estrategia que se sigue. La estrategia centrada en los apoyos sociales no debe abandonarse, pero tampoco ha mostrado ser suficiente para reducir consistentemente la violencia, así que harán falta señales claras y convincentes de que habrá una política que aprenda de las lecciones recientes.
Partiendo de los avances reconocidos en las mejoras salariales y de política labora, y en los principales programas sociales basados en transferencias monetarias, el paso necesario ahora es mejorar los servicios públicos de educación y salud. Esta sería una señal de avance, centrada en proteger los derechos humanos, y en corregir errores que en estos años hicieron que retrocedieran tanto las coberturas como la calidad de la atención a la población. Además, y a partir de tantas elaboraciones que se han realizado los años recientes, también estamos ante la oportunidad de poner en marcha, partiendo de instituciones y prácticas públicas ya existentes, el sistema de cuidados que apoye a las familias, sobre todo a niños y mayores, y que facilite a las mujeres cuidadoras sus decisiones de incorporación a trabajos remunerados de más calidad.
De hecho, es factible replantear las políticas de salud y educación en clave de cuidados. Tanto para superar el rezago que se viene arrastrando desde la pandemia, como para facilitar la mejor alimentación y el aprendizaje y liberar tiempo para madres y padres, necesitamos un programa masivo de escuelas de tiempo completo, que retome las evaluaciones de las experiencias ya realizadas en años previos. En el sistema de salud también urge adoptar soluciones que garanticen atención de calidad, incluyendo tratamientos y medicamentos, tanto para la población asegurada como para la no cubierta institucionalmente. En estos temas clave se impone una convocatoria genuina a los grupos que saben y están abiertos para aportar ideas.
Como no hay tiempo que perder, pues es necesario que el próximo presupuesto ya incluya cambios sustanciales, estas, entre muchas otras, son tareas para ahora, no para 2025. Se requiere afinar las prioridades que han guiado las decisiones hacendarias de los años recientes, que han descuidado los bienes públicos esenciales. Los programas sociales prioritarios de transferencias deben mantenerse, en esto no parece haber discrepancias, pero es necesario liberar recursos, o allegarse nuevas fuentes de ingresos, para las urgencias de salud y educación, pero también para desarrollo urbano, universidades, ciencia y tecnología y para medio ambiente, sobre todo en agua potable.
La seguridad es apremiante, el fortalecimiento de programas sociales públicos es urgente y la ampliación de inversiones públicas es impostergable. La economía mexicana está en una fase de desaceleración, y apenas si habrá expansión en 2024 y 2025. La afluencia de fondos extranjeros se mantiene en sus tendencias históricas y sigue sin hacerse presente la relocalización de empresas, a través del nearshoring, de la que tanto se ha comentado. Son muchas las necesidades de inversión pública en espacios a los que no están fluyendo los recursos privados, y por esta misma razón las finanzas públicas deben ser replanteadas para los próximos años. Los siguientes pasos en esa dirección son más urgentes que el plan C y sus reformas judiciales.
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