La capacidad operativa y de despliegue logístico del crimen organizado pareciera no tener límites. El cierre de la autopista Aguascalientes-León que llevó a cabo un comando armado para detener y robar un camión de los denominados como “madrinas”, y del cual se llevaron al parecer tres camionetas nuevas de lujo, es uno de los más recientes ejemplos de la capacidad que tienen de paralizar una de las principales arterias terrestres que tiene el país para conectar al Centro y el Occidente del país.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
En el mismo nivel puede colocarse el ataque directo que cometió, otro comando armado, en contra de una iglesia de la comunidad de jesuitas en el estado de Chihuahua; además de que arrojaron a la misma un cuerpo decapitado; todo lo cual no puede deslindarse del asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, ejecutados a tiros al interior del recinto religioso.
Las masacres y asesinatos de personas continúan por todo el país: siete personas fueron ejecutadas en Veracruz; una mujer policía fue asesinada en Irapuato, y su pareja “fue levantada”, sin que se conozca su paradero ni el móvil de ambos eventos criminales.
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Recientemente se conocieron casos de decenas de personas migrantes secuestradas en el estado de San Luis Potosí; quienes fueron interceptados también en una de las carreteras más transitadas de la República Mexicana, a plena luz del día, y a la vista de quienes circulaban por esa vía federal.
Los ejemplos son incontables; pero todos revelan al parecer lo mismo: se trata no sólo de actos delincuenciales, sino que además tienen un propósito propagandístico, cuyo mensaje a la población es que tienen “patente de corso” y que pueden hacer lo que les plazca porque no habrá autoridad que intervenga ni que les ponga un alto definitivo.
En efecto, que los delincuentes que cerraron la autopista señalada hayan podido estar en el lugar durante casi media hora, sin que hayan sido “molestados” por ninguna autoridad, sólo puede indicar complicidad. Porque si bien se puede argumentar que no se presentaron al lugar de los hechos para evitar un enfrentamiento y la posible lesión a civiles, también lo es que podían haberlos ubicado e interceptado una vez que se dieron a la fuga.
Es decir, no estaban en medio de una brecha solitaria en algún paraje inhóspito de la sierra; por el contrario, es una autopista controlada y monitoreada las 24 horas del día. ¿Quién dio la orden de no movilizar a las fuerzas policiacas?, es una interrogante que difícilmente será contestada.
En este contexto, es preocupante la revelación del video en el que se observa que una unidad del Ejército Mexicano disparó en contra de civiles desarmados y ya sometidos, ante lo cual el propio Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas reconoció que todo apunta a que se trató de un “ajusticiamiento”.
Debe considerarse que aún cuando se afirma que es un hecho aislado, el evento podría estar revelando que los elementos de las Fuerzas Armadas están cansados, quizá frustrados ante la imposibilidad de confrontar a los criminales. Y en ese sentido, considerando los códigos de la disciplina militar, sólo puede haber dos opciones: o se trata de la orden directa de un superior; o la tropa no acató las órdenes que se les dieron; en cualquiera de los casos la cuestión es altamente preocupante porque ya son varios los casos donde se denuncia la ejecución extrajudicial de civiles.
Lo anterior es injustificable, desde el punto de vista que sea; sin embargo, quizá sea explicable ante la constante demostración y alarde de fuerza que muestran los grupos delincuenciales. Ante ello es preciso decir que, a pesar de todo, no habría un grupo criminal capaz de enfrentar a las Fuerzas Armadas en una confrontación abierta; pero lo que está ocurriendo abre la puerta para que los delincuentes impongan “su ley”, y marquen territorios como “propios” ante la inacción o repliegue de las instituciones del Estado.
En las últimas semanas ha tomado nuevamente notoriedad el caso del Coronel José Isidro Grimaldo, quien, a decir de la propia SEDENA, “podría ya no contar con vida”. Con lo que se sumaría a los otros alto mandos que han perdido la vida en los últimos años; y que abona a la imagen de poderío de los grupos criminales pues, si ni el Ejército y sus miembros están a salvo, la pregunta obligada de la ciudadanía es, ‘¿y entonces quién sí podría estarlo?
El Estado Mexicano enfrenta una provocación permanente de parte de los grupos criminales: circulan enfrente de retenes policiacos y militares; retienen a unidades de patrullaje y llegaron ya al punto de “tomar por asalto” Culiacán, amenazando la vida de las familias de los militares destacamentados en esa ciudad.
Por si eso fuera poco, cada vez se observa con mayor fuerza el despliegue de la propaganda criminal, a través de la música y de otras formas de expresión de la cultura popular, que lejos de ser repudiada por la población ante tanta muerte y destrucción del tejido social, es antes bien vitoreada y recibida con gusto y ánimo festivo.
Debe insistirse en que estamos ante una peligrosa proliferación de una cultura de la muerte; una expresión siniestra de una sociedad incapaz de reconciliarse y de establecer procesos de pacificación y de protección y atención a las víctimas de la violencia; particularmente las niñas y niños que han sido lastimados por este cuasi estado de guerra; y aquellos que ha perdido a familiares y que han quedado en el abandono.
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