Los derechos y la cobertura de protección social de la infancia en México

En el marco de la pandemia de COVID‑19, la protección social[1] jugó un papel primordial para proteger la salud, el empleo y los ingresos de las personas. Derivado de lo anterior, y tal como lo documenta el Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la pandemia también dejo expuestas las deficiencias de cobertura y desigualdades que existen en materia de protección social en el mundo.

Escrito por: Blanca Elena Gómez García

Es importante detenerse un momento a reflexionar en tono a la relevancia de la protección social. Ésta es considerada una herramienta sustantiva para reducir las desigualdades, aumentar la resiliencia de las sociedades a los choques es externos y garantizar su bienestar. Desde 1944, la Declaración de Filadelfia la reconoció como un derecho humano, eso quiere decir, que los gobiernos están obligados a proveerla a toda su población.

Cuando hablamos de protección social, tal como han explicado Mariela Sánchez Belmont, Miguel Ángel Ramírez y Frida Romero desde la Conferencia Internacional de Seguridad Social, nos referimos a un conjunto de transferencias y servicios que tienen por objetivo reducir la vulnerabilidad social, y proteger a las personas de riesgos sociales que están latentes en las diferentes etapas de sus vidas. Las transferencias pueden ser en el largo plazo, como las pensiones, ayudas para la vejez, sobrevivientes y huérfanos, apoyo a personas con discapacidad o incapacidad, o pueden ser otorgadas en el mediano y corto plazo como apoyos y licencias de maternidad y paternidad, desempleo, accidentes laborales, enfermedad etc. Los servicios están vinculados a: la salud, se refiere a proveer servicios de atención con enfoque de salud pública, vivienda, agua y saneamiento, alimentación nutritiva, y servicios de cuidados de la infancia como las estancias infantiles.

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Incluso, desde Agenda 2030, podemos observar cómo, al menos, ocho Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) favorecen la universalización de los componentes de la protección social, a saber, ODS 1 “Fin de la pobreza”, ODS 3 “Salud y bienestar”, ODS 4 “Educación de calidad”, ODS 5 “Igualdad de Género”, ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”, ODS 9 “Industria, innovación e infraestructura”, ODS 10 “Reducción de las desigualdades” y 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”.

Específicamente, el objetivo 1.3 del ODS 1, promueve la implementación a nivel nacional de sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, relacionado con lo anterior, particularmente el indicador 1.3.1 del ODS 1 mapea la cobertura efectiva de protección social, tanto a nivel mundial como a nivel regional.

Como puede verse en la imagen 1, el 46.9% de la población mundial percibe, al menos, una prestación de protección social, al observar el nivel de protección por grupo social, podemos identificar que son los adultos mayores los más beneficiados, ya que 77.5% de ellos percibe, al menos una prestación social, mientras que el grupo más desprotegido lo componen las personas desempleadas con un 18.6% que percibe al menos una prestación social, y los niños, de los cuales solo el 26% percibe al menos una prestación social.

Cuando observamos la tendencia regional, ésta cambia sustantivamente como también puede observarse en la imagen 1, en América Latina el 57.4% de los niños percibe, al menos, una prestación social, pese a ello, aun falta mucho por hacer en la materia. Si bien, la cobertura de la protección social en América Latina, mantiene una fuerte relación entre la cobertura efectiva y los regímenes contributivos ligados al empleo formal de uno de los progenitores, el uso de transferencias monetarias se ha extendido, de hecho, hay algunos Estados que, combinando la cobertura ligada a los regímenes contributivos y el uso de transferencias, han logrado la protección social universal de los niños como son Argentina, Brasil y Chile.

Imagen 1

Según datos de UNICEF, en México, el 51% de los niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza, de ellos, 4 millones viven en pobreza extrema, esto quiere decir, que 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes vive en pobreza y de estos el 20% están en pobreza extrema. Siguiendo la información que UNICEF ha recabado, una de las principales carencias que afectan a la población de 0 a 17 años es el acceso a protección social, consecuencia, principalmente, de las alta tasas de empleo informal en el país, tan solo hay que recordar que la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN) mostró que el 56.2% de los mexicanos no se encuentra en un empleo formal. (UNICEF, 2022) La provisión de la protección social es decisiva para hacer efectivos los derechos de los niños, pues evita caer en la pobreza, previene la mortalidad infantil, propicia la salud y el bienestar, mejora el acceso a bienes y servicios esenciales y reduce el trabajo infantil. Es por ello, que nuestro gobierno debe prestar más atención especial a grupos vulnerables como son niños, adultos mayores, mujeres, y a grupos que no están cubiertos por ningún tipo de esquema de protección social, tal como son los trabajadores informales, es necesario, pensar en esquemas integrales de protección que realmente vayan hacia la universalización en favor del bienestar de nuestras generaciones futuras.

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[1] Hay un debate conceptual entre la protección social y la seguridad social, ya que se considera a la seguridad social como aquella vinculada a la responsabilidad del Estado, al ser un derecho humano, en este artículo no se pretende tomar posición al respecto, se usa el concepto de protección social haciendo referencia al concepto de seguridad social.