Entre las urgencias que tenemos, la de proteger a los pobres se mantiene como una exigencia ética mayúscula; más aún en nuestro país, en el cual la desigualdad sigue creciendo y la exclusión de los más necesitados se configura cada vez más como un enorme foso de tristeza, desesperación y violencia.
El golpe que significó el “gasolinazo” para los bolsillos de los más necesitados en el primer trimestre del año, es una muestra más de la incapacidad estructural de diseñar una nueva generación de políticas para el desarrollo social, vinculadas a una nueva política económica que ponga en el centro la decisión de volver a crecer, pero ahora haciéndolo con equidad.
Los datos no dejan lugar a dudas: el Coneval presentó recientemente para el primer trimestre del 2017, el valor de la línea del bienestar mínimo y de la línea del bienestar. Las ubicó en $975.64 pesos mensuales en el ámbito rural, y en $1,371.66 para el urbano, en el caso de la primera.
La segunda, la línea del bienestar, registra un valor de $1,795.6 para el ámbito rural y de $2,786.45 para el urbano. Frente a ello, el ingreso laboral per cápita para el último trimestre del 2016 se ubicó en $865.3 pesos mensuales para el ámbito rural; y en $1,801.28 para los ámbitos urbanos.
Lo anterior significa que, en promedio, los ingresos laborales de las y los mexicanos, con precios deflactados al 2010, no alcanzan para salir de la pobreza, pues su valor en las localidades urbanas se encuentra 35 por ciento por debajo del valor asignado a la línea del bienestar. Así las cosas, cuando se tiene la “suerte” de encontrar empleo, éste apenas alcanza para no caer en la pobreza extrema.
Es cierto que hay algunos avances en la ampliación de la afiliación a los servicios; pero afiliación no implica cobertura efectiva, ni mucho menos acceso efectivo, con lo que el cumplimiento del artículo 1º de la Constitución sigue siendo un asunto pendiente que debemos superar en los próximos años porque, a todas luces, resulta inadmisible pedir a los pobres esperar una generación o dos más para que sus familias puedan acceder a la justicia social.
Lo que está a debate es cómo construir un modelo de desarrollo que pueda traducirse rápidamente en un nuevo esquema de políticas públicas, en una nueva lógica de presupuestación y en una nueva dinámica de eficacia gubernamental, para dar cumplimiento, hay que insistir, al mandato constitucional de garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, integralidad y progresividad.
El derecho al mínimo vital, ya interpretado por la Corte, se convierte, en esta visión de las cosas, en uno de los principales temas a debatir; porque precisamente está vinculado con los datos presentados arriba; es decir, con la definición de los umbrales de bienestar y los “mínimos” que deben ser garantizados para toda la población.
Urge entonces iniciar, desde la academia y la sociedad civil, un proceso de presión y diálogo político con los partidos, pero también con los precandidatos que han anunciado que contenderán por la vía “independiente”, para que, gane quien gane, asuma la agenda de lo social como la principal asignatura de su gobierno.
Para la administración 2018-2024, el mandato ineludible tiene que articularse no sólo en combatir el hambre; sino en construir un nuevo Estado de Bienestar capaz de darle sentido y concreción a lo que establece el Artículo 4º en materia de derechos sociales; y también en lo relativo al mandato constitucional de que el salario sea digno.
Todo lo demás, dicho sea de paso, saldrá sobrando.
Artículo publicado originalmente en la “Crónica de Hoy” el 13 de abril de 2017 Barack Obama presentó su último “discurso a la nación” el pasado martes.
