La muerte de la mujer salvadoreña de 36 años, Victoria Salazar, a manos de la policía, nos recuerda irremediablemente al emblemático caso de George Floyd, asesinado también hace menos de un año a manos de elementos de seguridad de Mineápolis, Minesota. Ambos fueron víctimas de la brutalidad policial, ambos fallecieron a causa del uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía.
“Tenemos que lograr que la policía deje de usar la fuerza incumpliendo la ley, y que quienes matan de forma ilícita rindan cuentas de sus actos; basta de excusas”, ha declarado la organización Amnistía Internacional (AI) sobre la brutalidad policial.
¿En qué consiste la brutalidad policial?
De acuerdo con el organismo, el término “brutalidad policial” hace referencia a las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía. “Puede incluir palizas, insultos racistas, tortura, homicidio ilegítimo o el uso indiscriminado de un agente de represión de disturbios en manifestaciones”, apunta.
Estas violaciones a los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales en ocasiones pueden también estar propiciados por el racismo, la xenofobia, la misoginia, entre otras causas.
Debido a lo anterior, tal como advierte AI, se violan los derechos a la no discriminación, la libertad, la seguridad y a la igualdad de protección ante la ley.
“El uso ilegítimo de la fuerza por la policía puede, en el peor de los casos, tener como consecuencia la privación del derecho a la vida. Cuando el uso policial de la fuerza es innecesario o excesivo, puede además constituir tortura u otros malos tratos”, advierte AI.
Además, señala que en los países con altos índices de homicidios a manos de la policía existe una combinación de factores como: legislación inadecuada, discriminación, inseguridad. A ello se suma la impunidad, una característica de los casos en los que está relacionado algún elemento de seguridad, ya que suelen ser crímenes poco investigados y casi no existe o se revela información oficial sobre los mismos.
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La policía debe proteger, no matar
Las autoridades tienen la obligación y la responsabilidad de salvaguardar el derecho a la vida. Además, existen instrumentos internacionales para regular el uso de la fuerza por parte de la policía, como los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, en los cuales se establece que:
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.
“La nueva Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza de México no limita el uso de los medios letales a situaciones en que sea estrictamente necesario para proteger la vida de otras personas ni exige que los agentes utilicen la fuerza mínima necesaria para resolver una situación”, señala AI.
No obstante, como lo remarca AI y tal como se establece en el derecho internacional, los agentes de policía no deben utilizar medios letales más que como último recurso para su protección ante un peligro inminente de muerte o lesiones graves y únicamente si las demás opciones para reducir el peligro son insuficientes.
Según el Estudio sobre Armas Pequeñas, de 2007 a 2012 se calcula que murieron 19 mil personas a manos de la policía en “intervenciones legítimas” (enfrentamientos con la policía)
Amnistía Internacional
Aunque en el caso de Victoria Salazar y Floyd no se utilizaron armas o algún otro elemento, sí se aplicó un uso desmedido de la fuerza en el que no se tuvo en consideración el estado físico de la persona detenida. Fueron víctimas de la brutalidad policial.
Además, ni Salazar ni Floyd representaban un peligro para los policías que los detuvieron o la población que se encontraba alrededor al momento de su detención: ambos estaban desarmados y habían sido sometidos en el suelo.
Los elementos de seguridad son los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que su papel es fundamental para la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, tal como se señala en los mencionados Principios Básicos de la ONU, y como se estipula en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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